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La imputación del alcalde y de dos ediles acorrala al gobierno de Ourense

El juez actúa contra toda la junta municipal, de PSdeG y BNG, en 2008

Pleno municpal en Ourense
Pleno municpal en Ourense NACHO GÓMEZ

La justicia acorrala al gobierno municipal de Ourense. El actual alcalde, el exalcalde, dos tenientes de alcalde, tres extenientes de alcalde y dos exconcejales del bipartito entre socialistas y nacionalistas que gobernó la tercera ciudad de Galicia, han sido imputados por presunta prevaricación por adjudicar a dedo en 2008 una obra de 623.000 euros a una empresa de la que era director financiero un miembro de la ejecutiva local del PSdeG, que a su vez ocupó el puesto 14º en la lista socialista de las últimas elecciones municipales. Según el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, Antonio Piña, “resulta acreditada la existencia de indicios racionales de la posible comisión de un delito de prevaricación” por conceder la reforma de la calle Bedoya a través del procedimiento negociado urgente y sin publicidad a la constructora Ocasa.

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 La última semana de marzo desfilarán por el juzgado Agustín Fernández (alcalde), Marga Martín y Áurea Soto (ambas tenientes de alcalde y concejales), Francisco Rodríguez (exalcalde) y Demetrio Espinosa (exconcejal), todos del PSdeG, así como Isabel Pérez, Alexandre Sánchez Vidal y Andrés García Mata (extenientes de alcalde) y Marta Arribas (exconcejal), todos del BNG. El juez explica en un auto que “cabía la tramitación de la obra por el procedimiento negociado, sin embargo no era admisible jurídicamente su tramitación sin publicidad". Dos de las tres empresas invitadas al negociado secreto son la misma: Ocasa y Betunes y Firmes compartían participación empresarial y administradores. La tercera (Opain) estaba participada en un 5% por Ocasa y, según el juez, “completaba terna con frecuencia con las dos anteriores en otros procedimientos negociados”.

El asesor jurídico jefe y el interventor municipal, que ya testificaron en la causa, aseguraron al juez que alertaron de la ilegalidad en una reunión previa a la redacción de los pliegos administrativos. De hecho, el interventor emitió reparos, y el expediente aprobado por todos los ediles en la Junta de Gobierno bipartita carece de los preceptivos informes jurídicos y de la Intervención. Pese a lo que declaró ante el juez, el asesor jurídico jefe del Ayuntamiento, Luis Tros, también ha sido imputado la posibles delitos de fraude y exacciones ilegales. Marcos Rodríguez, José Rodríguez y Santiago Ferreiro declararán “por la posible comisión de un delito de concertación de alteración del precio en concurso público” como responsables de las empresas que participaron en el concurso.

El gobierno ourensano, que ha suspendido su agenda pública de hoy, asegura que se acogió a este proceso secreto por un supuesto interés público para evitar la pérdida de una subvención. El regidor, Agustín Fernández, que entonces era edil de Hacienda, señaló a través de un comunicado que “comparecerá gustoso para dar todas las explicaciones necesarias”. Fernández recalcó su “total tranquilidad” y su “máximo respecto a los órganos judiciales”. También defendió la “normalidad de la adjudicación” porque “más allá de la preferencia por uno u otro formato administrativo estuvo motivada y guardó el principio de interés público”. La edil de Urbanismo, Áurea Soto, recordó que “el procedimiento nunca fue recurrido por ninguna de las empresas del sector y se motivó en garantizar la cuantía de la subvención”.

La continuidad del gobierno local, en minoría y con un PSdeG dividido en dos bandos irreconciliables, está ahora en manos de la oposición. Los independientes de Democracia Ourensana, que denunciaron este asunto en el juzgado cuatro días antes de que el supuesto delito prescribiese, promoverán una moción de censura “para expulsar del gobierno a este equipo de imputados”. El BNG, con tres ediles en la corporación, ha repetido en numerosas ocasiones que no facilitará un gobierno del PP. Y a los conservadores —que al igual que los socialistas cuentan con 11 concejales— no les interesa hacerse con el poder en este momento. Entre otras razones, porque el ascenso a la alcaldía de Rosendo Fernández, su líder, trastocaría los planes del presidente provincial, Manuel Baltar, que ya ha dejado entrever su intención de colocar a otra persona en ese puesto para las elecciones locales de 2015.

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