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PP y PSOE apoyan el aeródromo ilegal de Caldas y la cara variante de Portosín

AGE y BNG alertan del "peligro" que genera la pista de vuelo de Caldas También critican el “despilfarro” de la nueva circunvalación

La negativa de ciudadanos de Portosín, en Porto do Son (A Coruña), a que la Xunta gaste 24 millones de euros en circunvalar su población y el temor de los de Godos, en Caldas de Reis (Pontevedra), por el riesgo que supone el aeródromo ilegal que se construye allí junto a las vías del AVE llegaron esta mañana al Parlamento de Galicia. Tanto AGE, promotora de sendas iniciativas para parar las dos infraestructuras, como el BNG, que las suscribió, se toparon con el apoyo de PP y PSOE a ambos proyectos, aunque finalmente los socialistas se abstuvieron en la votación por no aceptarse sus matices.

En el caso de Portosín, la Xunta está planificando la construcción futura de una circunvalación de esa población, de apenas 600 habitantes, por los atascos puntuales que allí, zona de playas, se producen los fines de semana de verano. La plataforma de vecinos que se opone a la carretera, con mucho menos tráfico que otras sí colapsadas que carecen de alternativa, considera que los atascos no se producen allí sino que vienen derivados de Noia y desaparecerán en unos meses, cuando se abra la casi terminada circunvalación de esa segunda población. Por ello consideran un despilfarro gastar 24 millones, el 18% de toda la inversión anual en carreteras de la Xunta, en una nueva circunvalación, argumento que comparten AGE (“es un saqueo en el que primero se decide hacer una obra y luego se manipulan los datos para justificarla”) y BNG (“es una obra disparatada para el ahorro de tiempo que supone”), que reclamaron la paralización del proyecto. “La ciudadanía ya no traga en Sarria, en Gamonal y no va a tragar en Portosín”, sentenció el diputado Antón Sánchez, de AGE, recordando otros casos de obras rechazadas por los vecinos.

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Sin embargo, tanto PP, que impulsa ahora la obra, como PSOE, que ya la contemplaba durante el gobierno bipartito autonómico, criticaron la iniciativa paralizadora de los grupos nacionalistas de izquierdas. El diputado socialista Xosé Sánchez Bugallo se limitó a aceptar que el trazado contemplado actualmente por la Xunta tiene “graves problemas de impacto ambiental”, por lo que solo reclamó que se reformule. Similar tibieza mostró Bugallo durante el debate sobre la posible paralización del aeródromo de Godos. El socialista admitió que la instalación es “ilegal”, aunque matizó que no es lo mismo que sea “ilegal pero legalizable”, como considera que pasa en este caso, que “ilegal e ilegalizable”.

El problema del aeródromo de Godos no es solo que urbanísticamente pueda llegar a ser legalizado, una vez que el ayuntamiento de Caldas, gobernado por los socialistas, recalificase los terrenos inundables y agrícolas de concentración parcelaria sobre los que se asienta. El problema, critican tanto AGE como BNG, es la seguridad de una instalación situada a escasos metros de la nueva línea ferroviaria de alta velocidad entre Pontevedra y Vilagarcía y junto al río Umia. El aeródromo, propiedad de una empresa fundada por un exedil del PP, tiene abierto un expediente sancionador por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Por ello el diputado de AGE Juan Manuel Fajardo recordó el caso del accidente de tren de Angrois y advirtió de que “recortar en seguridad por intereses políticos cuesta vidas”. Esos intereses políticos los ejemplificó Fajardo en el hecho de que tanto el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, del PP, como el alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, del PSOE, visitasen el aeródromo y maquinaria rotulada con el nombre de la institución provincial participase en la explanación de los terrenos. Fajardo también criticó que el aeródromo, ilegal, aparezca recogido en el plan territorial de emergencias de Galicia.

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