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ANÁLISIS

Y Alaya investiga...

La juez ha hecho una instrucción excesivamente personalista

El fraude de los ERE es un caso de corrupción de libro cuya complejidad ha dado lugar a una macrocausa que por momentos parece ingobernable. Es difícil saber a ciencia cierta las líneas de investigación que tiene abiertas la juez Mercedes Alaya, así como las instituciones públicas o privadas y las personas afectadas por las pesquisas (sí se conoce que hay más de 140 imputados y casi una decena de aforados señalados).

El origen del caso ERE son los famosos intrusos, personas que cobraron una prejubilación por una empresa en la que nunca trabajaron, un aspecto que tras más de tres años de instrucción parece menor en la causa. Después han venido las investigaciones sobre las comisiones excesivas por la tramitación de los ERE, las ayudas directas a empresas, el cuestionamiento de la legalidad del procedimiento con el que se daban las ayudas, las modificaciones del Presupuesto autonómico que la juez criminaliza… Y los actores bajo sospecha se han multiplicado: el Consejo de Gobierno durante una década (incluyendo dos expresidentes); varias consejerías; el Parlamento andaluz; la Cámara de Cuentas; la Intervención General de la Junta de Andalucía; los servicios jurídicos de la Administración andaluza; funcionarios de distintas categorías; dirigentes del PSOE y al menos uno de IU (la sorprendente vía que salpica a Diego Valderas); los sindicatos Comisiones Obreras y UGT en distintas autonomías; Ayuntamientos; bufetes de abogados; decenas de empresas y empresarios; la Universidad de Sevilla; entidades financieras, consultoras, aseguradoras…

¿Dónde está el informe de la Guardia Civil sobre el papel de Viera?

A estas alturas, la juez Alaya no deja indiferente a casi nadie. Para muchos es una heroína que ha hecho más por desmontar la estructura de poder del PSOE en la comunidad que la oposición en más de 30 años de autonomía (lo cual, por cierto, dice muy poco de la derecha andaluza). Para otros muchos no es más que una inquisidora que ha abierto una causa general contra la Junta de Andalucía y cuyas decisiones rozan a menudo la prevaricación. Y la virtud, como ocurre a menudo, probablemente esté en el medio.

La instrucción de Alaya ha permitido destapar un abuso del dinero público durante una década en la Consejería de Empleo, un agujero vergonzoso que permitió lucrarse a aprovechados sin que se le pusiera remedio. He aquí el principal pecado de los máximos responsables políticos de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010. Nadie, absolutamente nadie, hizo nada para frenar lo que ocurría en este departamento. Limitar la responsabilidad al principal imputado, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, no deja de ser una broma de mal gusto. Todavía hoy, cuando a los principales responsables de la Junta en esa etapa se les pregunta cómo pudo Guerrero dar ayudas a su antojo durante una década, la respuesta es el silencio.

Siendo esto así, hay numerosos elementos de la instrucción de Alaya que son más que discutibles. Más allá de las llamativas coincidencias de decisiones judiciales con momentos políticos clave para la comunidad (quizá el más relevante de todos fue el encarcelamiento de Guerrero el día que comenzaba la campaña electoral de las autonómicas de 2012 en la que el PP partía como claro favorito), la magistrada ha diversificado de tal manera la instrucción que resulta difícil encontrar ahora un hilo conductor, una justificación lógica a sus decisiones y un límite a una investigación que en numerosos casos está bordeando la prescripción (el fondo empezó a funcionar hace 13 años).

No cabe duda de que la juez tiene total libertad para dirigir las pesquisas, aunque esto haya dado lugar a controversias (Alaya interrogó a un imputado por elementos que no estaban incorporados a la causa, lo que da idea de que maneja a su antojo las pruebas que acumula la Guardia Civil, hecho este que causó malestar en la Fiscalía Anticorrupción). Este uso de los tiempos ocasiona, sin embargo, una instrucción excesivamente personalista. ¿Dónde está el inminente informe que la Guardia Civil tenía previsto presentar hace más de dos años sobre la Sierra Norte de Sevilla y que iba a destapar el “papel esencial” del diputado socialista y exconsejero José Antonio Viera en los ERE? ¿Por qué no está ya en el Supremo la parte del caso relativa a la utilización de las transferencias de financiación cuando tras el informe de la Intervención General del Estado no es previsible que haya más novedades en este punto, que es el que tiene en la picota a siete aforados y a una veintena de ex altos cargos de la Junta? ¿Hay un horizonte temporal razonable para la causa o las pesquisas son ad infinítum? Es indiscutible que la investigación del caso ERE es titánica y que Alaya ha demostrado arrojo y esfuerzo en estos tres años. Pero pasado este tiempo quizá sea el momento de parar, pensar e introducir mesura, templanza, sentido común...