Ruiz-Mateos rechaza declarar ante Alaya por el ‘caso ERE’

La esperada declaración del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos ante la juez Mercedes Alaya por el caso de los ERE no se va a producir. La cita estaba prevista para este miércoles, pero Ruiz-Mateos ha anunciado su intención de no acudir a Sevilla. El empresario fue imputado por pagar presuntamente medio millón de euros al exsindicalista de UGT Juan Lanzas, el principal conseguidor de los ERE. Además, la juez sostiene que Ruiz-Mateos ordenó la inclusión de intrusos (personas que perciben una prejubilación por una empresa en la que no trabajaron) en empresas de se grupo.

En un auto firmado el 7 de enero, la juez Alaya acusaba al patriarca de los Ruiz-Mateos y a su hijo Zoilo, también citado este miércoles, de hacer valer sus “influencias” en la Junta para conseguir financiación para los ERE de sus empresas. Según un informe de la UCO (Unidad central Operativa de la Guardia Civil), Lanzas exigió a los Ruiz-Mateos los cobros en b y en billetes de 500 euros y los recibía en entregas quincenales o mensuales de entre 20.000 y 25.0000 euros.

En un escrito, Ruiz-Mateos asegura que no acudirá a su cita con Alaya porque no cree “en la justicia”, informa Efe. “Que no me esperen en Sevilla que llevo esperando 30 años a ver un resquicio de mínima honradez que no hubo nunca”, dice Ruiz-Mateos en un escrito en el que añade: “Así me ajusticien en plaza pública o me lleven a la picota del descrédito y la trampa permanente, haga lo que haga, me quedo en esta casa que no es mía esperando que me detengan”.

Dos hijos de Ruiz-Mateos, Javier y Pablo, declararon ya ante Alaya a finales de enero y apuntaron a su padre. Ambos dijeron que fue su padre quien decidió introducir en el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) a dos presuntos intrusos (José Antonio Cuevas y Claudio Andrés Sendino), procedentes de otras dos empresas del grupo, Autos Marbesol y Viajes Marbesol.

Por otra parte, la juez Mercedes Alaya ha ordenado el embargo de dos fincas y los saldos bancarios de Victorina Madrid, exsuegra del principal implicado en el caso, el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero. El objetivo de esta medida es cubrir la fianza de responsabilidad civil de 258.539 que le impuso Alaya a la exsuegra de Guerrero, que fue incluida como intrusa en un ERE. Además, Alaya ha ordenado buscar más bienes de los exviceconsejeros de Empleo Justo Mañas y Agustín Barberá por considerar insuficientes los bienes intervenidos hasta ahora.