“La juez nos lo está poniendo difícil”, denuncian las víctimas del metro

La Asociación de Víctimas del Metro-3 de Julio arremetió ayer de nuevo, en la concentración que cada día 3 convoca en la plaza de la Virgen de Valencia, contra el calendario de comparecencias establecido por la juez de Instrucción número 21 Nieves Molina tras la reapertura de la investigación del accidente del metro ocurrido en julio de 2006. La Audiencia Provincial de Valencia así lo decidió el 20 de enero después de que la fiscalía solicitase la reapertura a la vista de los nuevos datos aparecidos.

“La juez instructora nos lo está poniendo muy difícil”, dijo anoche la portavoz de la asociación ante los cientos de personas concentradas en la plaza. En un escrito remitido a la juez el pasado 28 de febrero, el abogado de la asociación, Vicente Baeza, entre otros, se queja de que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) no ha proporcionado al juzgado información sobre el organigrama de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) lo que obstaculiza la preparación de las declaraciones y “restringe la tutela judicial a la que tenemos derechos”, dice el defensor.

Baeza se queja de que FGV “viene torpedeando desde su inicio la instrucción” del caso y acaba con una solicitud a Molina para que envíe el organigrama completo de FGV el 3 de julio de 2006, “con indicación de todas y cada una de las unidades, departamentos, oficinas técnicas o administrativas, talleres...”.

También solicita el nombre y la cualificación técnica de todas las personas que tuvieran que ver con la programación de las balizas de frenado. El letrado acababa pidiendo la suspensión de las comparecencias hasta que llegase la documentación solicitada.

Beatriz Garrote, presidenta de la asociación, aludió en la plaza a estas dificultades, si bien valoró que la investigación judicial ponga de manifiesto, a lo largo de los testimonios, que “una baliza bien programada, hubiera evitado el accidente”, o que la “lectura de la caja negra de la UTA descarrilada, se hizo sin presencia judicial por insistencia de los directivos de FGV”. O que algún directivo “mintió” cuando declaró que los datos contenidos en la caja negra “se borraban al leerlos”. El abogado de una de las acusaciones, Virgilio Latorre, ha solicitado, de hecho, a Nieves Molina la imputación de tres exdirectivos de FGV por su relación con la programación de las balizas de frenado.

“No sabemos cuál será el resultado de esta instrucción, lo que ha quedado más que probado es que en FGV las cosas no se hicieron bien”, reiteró Rosa Garrote, miembro de la asociación. El colectivo criticó al PP por negarse de nuevo a convocar una comisión de investigación en las Cortes, que pidieron la pasada semana los grupos de la oposición. Como en las veces anteriores, la concentración acabó al grito de “Fabra, dimisión”.