El Boalo lleva a Anticorrupción la gestión del anterior equipo, del PP

El equipo de gobierno de El Boalo-Cerceda y Matalpino —un cuatripartito formado por PSOE, IU y dos grupos independientes— presentó el viernes pasado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue si existieron irregularidades en la gestión del anterior equipo de gobierno, del PP. La acusación se basa en las conclusiones de un informe de auditoría encargado por el Ayuntamiento sobre la gestión municipal entre los años 2006 y 2011, cuando gobernaban los populares.

El documento concluye que la generalidad de los expedientes que han investigado “está afectado por deficiencias e irregularidades que no sería exagerado calificar de graves y muy graves”. Sin olvidar, continúan los auditores, que no se ha obtenido constancia documental alguna de un alto porcentaje de ellos, alrededor de un 30%.

La investigación revela acumulación de contratos en las mismas empresas

Por este motivo, los inspectores interpretan que “no parece posible” achacar la situación a errores en la gestión, sino que “podría percibirse una forma de proceder voluntariamente irregular”. Las anomalías detectadas podrían incurrir en responsabilidad penal y ser constitutivas de delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad de documentos públicos e infidelidad en su custodia. Al mismo tiempo, los auditores advierten de que el documento elaborado es únicamente “orientativo”.

Alfonso Baeza, concejal de Seguridad y Obras, explica que decidieron encargar la auditoría para determinar a qué se debía la deuda de ocho millones que se encontraron. “Decidimos ir a la Fiscalía por la gravedad de los hechos y debido a que, si existiera algún delito, podría prescribir”, explica.

Los fiscalizadores han estudiado 20 actuaciones entre 2006 y 2011

Los auditores han estudiado un total de 20 expedientes, entre ellos, la construcción de tres centros socioculturales. Todos sufrieron modificados que aumentaron su coste. En el edificio de El Boalo, los auditores han detectado una acumulación de contratos en las mismas empresas y expedientes irregulares. Sostienen que la financiación es insuficiente y que no hay evidencia de la existencia de facturas. Tampoco les consta que se haya realizado la venta de las parcelas con las que se pretendía financiar la obra. Por otra parte, destacan que “no parece buena práctica” que los dos arquitectos municipales y el arquitecto técnico municipal, que llevaban la dirección facultativa de la obra, decidieran sobre la necesidad de elaborar un proyecto modificado, que también redactaron.

El informe no especifica la cantidad que el municipio ha pagado por las diferentes actuaciones investigadas. El concejal de Seguridad explica que los modificados fueron muy importantes. “La construcción del centro cultural de Cerceda fue adjudicada por 1,8 millones en 2005, y sufrió un incremento del 42%. En cuanto al de Matalpino, contratado por 1,5 millones, acabó aumentando un 34,99%”, especifica.

En cuanto a las adjudicaciones y contratos con Arnaiz Consultores, S.L., los auditores señalan que se podría haber producido un fraccionamiento de los contratos, de tal forma que se adjudicaron mediante la vía del contrato menor. “Este fenómeno parece especialmente agudo”, concretan en los servicios prestados en la construcción de los tres edificios socioculturales.

El informe también se detiene en la cesión de terrenos a la Iglesia Católica para la parroquia de Cerceda. En este caso, indica que se permutan solares y edificaciones “incumpliendo trámites sustantivos del procedimiento con exoneración de tributos sin apoyo legal”.

Carmen Díaz, exalcaldesa del municipio y ahora edil del PP en la oposición, manifiesta que “su grupo no tiene ninguna constancia de la denuncia presentada por el equipo de gobierno”. En cuanto a la auditoría, asegura que “desconoce casi todo”. “El equipo de gobierno introdujo una moción de urgencia en el último pleno para dar cuenta del informe, pero a nosotros no se nos facilitó ninguna copia”, explica. Díaz está convencida de que la denuncia obedece a motivos políticos debido a la inestabilidad del equipo municipal. Un concejal de uno de los grupos independientes ha abandonado la formación, por lo que el PP está “sacando adelante propuestas con su voto”, aclara.