El TSJC admite el recurso de uno de los centros afectado por el 25% de castellano

La Escola Pia de Sarrià en Barcelona ha sido el primer centro que se personará como parte afectada en el litigio por la inmersión lingüística. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) ha admitido que las peticiones tanto de la dirección como del AMPA del centro, uno de los cinco afectados por los autos de hace un mes que obligaba a impartir el 25% de clases en castellano. Una decisión que no solo atañe al alumno demandante, sino a toda la clase. También lo pidieron tres centros concertados más (el quinto es un instituto público), así como las AMPA, aunque el tribunal todavía no se ha pronunciado.

La decisión judicial abre la puerta ahora a que escuelas y familias recurran la sentencia. De momento, lo primero que solicitarán es la suspensión del plazo de un mes dado por el TSJC para implantar la medida, según confirma Miquel Portals, abogado de Derecho Público del despacho Roca Junyent, que representa a dos de las AMPA afectadas. “A la vista de la nueva situación, con nuevos recursos, pediremos que se detenga la ejecución de los autos”, sostiene el abogado, que también aduce a la precipitación de la medida. “Implantar el 25% de clases en castellano es una medida de gran complejidad, que requiere cambios metodológicos y el consenso del consejo escolar”, añade.

Otro de los argumentos que van a esgrimir en el recurso, avanza el abogado, es el derecho del resto de padres a que sus hijos estudien en catalán, según el modelo actual. “El tribunal hasta ahora no ha tenido en cuenta el deseo del resto de las familias y estas quieren ahora defender la escuela en catalán y recordar que las escuelas concertadas tienen su propio proyecto lingüístico que los padres han aceptado en el momento de inscribir a sus hijos”, abuda Portals.

Según el calendario marcado por el TSJC, el 25% de clases en castellano debe aplicarse un mes desde que las escuelas recibieron la notificación, así que el plazo acaba entre el viernes y el martes próximo, según el caso. No obstante, desde la Fundación Escuela Cristiana, que ha gestionado los recursos de los cuatro centros concertados y dos de sus AMPA, consideran que si el TSJC acepta estas peticiones para personarse en la causa podría retrasar este plazo. La idea es que no haya ningún cambio en las aulas hasta que estén resueltos todos los recursos, una consigna que se volvió a repetir ayer en la reunión que las cinco escuelas mantuvieron con la consejera Irene Rigau.