El debate del aborto

El tema del aborto es sin lugar a dudas un asunto muy serio y lo es, no por la polémica mediática que lo acompaña, sino porque afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos y con eso no se juega. Lamentablemente tengo la impresión de que hacemos frente al debate con el cóctel habitual de ligereza intelectual y ferocidad frentista al que ya parecemos acostumbrados.

Veamos. Es insostenible, en términos de debate político, fundamentar nuestra posición en creencias religiosas, en el Deus vult -Dios lo quiere- de los cruzados; el legislador trabaja para todas las confesiones, incluidos aquellos que hacen del agnosticismo profesión de fe. Del mismo modo resulta ridículo, grotesco si me lo permiten, justificar la oposición al proyecto de ley en la afirmación de que la derecha persigue con este castigar a las mujeres y más concretamente a las mujeres trabajadoras. Ambos argumentos nos abocan a una discusión de poco nivel, estúpida por demás y estéril.

El debate, vuelvo a insistir en términos políticos, es básicamente de contenido jurídico y sin mucho me apuran, ético; es un caso claro de colisión de derechos, por un lado el derecho de la mujer a decidir sobre el propio cuerpo y la maternidad y, por otro, el derecho a la vida del no nacido. Si dejáramos ahí la cuestión el problema se resolvería siempre en favor de la vida, porque coincidiremos todos que este es el primer derecho, el más fundamental de entre los fundamentales. Pero es evidente que el legislador ha buscado a lo largo de la historia moderna la manera de conciliarlos, de propiciar su coexistencia.

En este sentido, podemos hablar de dos modelos básicos. El primero lo constituirían las denominadas leyes de plazos; según este sistema la mujer es libre para decidir la interrupción del embarazo durante las primeras semanas del mismo, cada parlamento pone el límite donde lo estima adecuado, y a partir de ese momento prohíbe el aborto. Podríamos afirmar que la ley prevé una aplicación sucesiva de ambos derechos, de tal manera que resuelve el conflicto en beneficio del derecho a decidir sobre la maternidad y el propio cuerpo durante las primeras semanas y a partir de una fecha determinada prevalece el derecho a la vida.

El segundo de los métodos sería aquel que, reconociendo el conflicto, sostiene que el derecho a la vida es el primero y más elemental por lo que se antepone a otros, que por muy legítimos que sean, en ningún caso pueden impedir el ejercicio de este. Este modelo encuentra su legitimidad en dos razones, por un lado al no existir un acuerdo claro sobre el momento en el que el individuo accede a ese derecho se genera una duda razonable, y en caso de duda es evidente, especialmente tratándose de la vida, que la solución debe proteger el ejercicio de este derecho básico; en segundo lugar, la ley siempre tiende a salvaguardar el derecho del más débil, en este caso el del no nacido.

Este modelo suele acompañarse de una serie de excepciones que el legislador establece a la regla general, aquellas que hacen referencia a los casos de violación, malformación del feto y peligro para la vida de la madre, circunstancias que por otra parte no tienen por qué ser las únicas.

¿Podría existir otro modelo?, ¿por qué no? Adelante, pongámonos a pensar, verán que es un ejercicio gratificante. De entrada les rogaría que eliminaran las soluciones de máximos, ya saben, la de aborto libre o la de abortar es pecado; están ustedes en su legítimo derecho de hacerlas propias, no seré yo quien se lo niegue, pero no nos conducen a ninguna parte. En cualquier caso, todo lo que sea salirse del debate en los términos que les he apuntado es obtuso, inútil y un nido de discordia nacional que es lo que menos falta nos hace. Un poco menos de pasión y algo más de cerebro impedirían que transformáramos un debate no exento de profundidad, en un rifirrafe tabernario, por otra parte tan del gusto patrio.

Vicente Ferrer Roselló es diputado del PP por Valencia en el Congreso