Investigados dos exdirectivos de Caixa Tarragona por hipotecas sin garantías

Un juzgado indaga si la cúpula de la extinta Caixa Tarragona concedió hipotecas sin suficientes garantías de cobro y se adjudicó subidas de sueldo y planes de pensiones en perjuicio de la entidad. En octubre de 2012, un sindicato del sector bancario aportó una serie de informes a la fiscalía, que interpuso una denuncia en el juzgado. En la causa figuran como investigados —aún no han sido formalmente citados a declarar como imputados— el expresidente Gabriel Ferraté y el ex director general Rafael Jené.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona mantiene abiertas dos piezas separadas sobre las presuntas irregularidades al frente de Caixa Tarragona, ahora integrada en CatalunyaCaixa. La principal trata de aclarar si los máximos responsables del organismo permitieron que se concedieran préstamos hipotecarios a personas de escasa solvencia que, tiempo después, no pudieron hacer frente a las cuotas.

La Confederación Intersindical de Crédito —el sindicato que interpuso la denuncia y que se ha personado como acusación popular en la causa— subraya que los créditos se otorgaron “generalmente a inmigrantes con un escaso conocimiento del sistema financiero” y con “nulas garantías de que terminasen pagando la hipoteca”.

En 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis económica, el impago de hipotecas resultó “insostenible”, según el sindicato. La morosidad condenó a Caixa Tarragona a “su desaparición” y a fusionarse con CatalunyaCaixa, que, en 2010, despidió a 1.630 trabajadores. El sindicato lamenta que los trabajadores hayan sufrido “las consecuencias de la pésima y nefasta gestión de sus directivos”.

Tras recibir la documentación, la Fiscalía de Tarragona presentó la denuncia ante el juez sin realizar ninguna investigación, según fuentes judiciales. En septiembre de 2013, el juez la admitió a trámite, aunque por ahora no ha citado a declarar a los denunciados como imputados. La causa indaga un delito societario y otro de apropiación indebida. Los denunciantes también habían pedido la imputación por prevaricación del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que no ha sido acordada.

Antes de tomar una decisión, el juez ha querido averiguar si hay indicios mediante una serie de diligencias. En aquel auto de admisión a trámite, pidió a la antigua Caixa Tarragona “los expedientes de préstamo hipotecario” de 2005, así como los informes de auditoría, las actas de inspección del Banco de España y las cuentas del Mercado de Valores entre ese año y 2009. El juez también citó a declarar como testigo al representante de los trabajadores en el Consejo de Administración.

Los informes recibidos indican, entre otras cosas, que no hubo expedientes sancionadores. Por eso las defensas han pedido el archivo de la causa. La respuesta del juez, por ahora, ha sido solicitar más información para aclarar si las hipotecas se concedieron sin control y causaron perjuicio a la entidad. En concreto, ha pedido a CatalunyaCaixa que envíe los informes trimestrales de morosidad y los controles de riesgo de la entidad y al Departamento de Economía de la Generalitat que aporte informes de inspección a la entidad en ese mismo periodo.

La denuncia del sindicato también alude, aunque de forma genérica, a un supuesto aumento de las retribuciones por parte de los dos exresponsables, así como a irregularidades en sus prejubilaciones. En esa segunda pieza, el juez también ha pedido información sobre las “cantidades percibidas” por Ferraté —que tiene 81 años y dirigió la caja entre 1995 y 2010— y Jené, que fue su director general. Fuentes cercanas al caso subrayan que Ferraté no tenía contrato y solo cobraba por asistir a los consejos de administración. Jené sí tenía contrato, pero databa de principios de los 90 y las condiciones no se habían modificado.

Ferraté y Jené declararon en la comisión de investigación del Parlament sobre la gestión de las cajas de ahorros. El expresidente de Caixa Tarragona ya figura como imputado, junto a otras 53 personas entre las que se encuentran Narcís Serra y Adolf Todó, por un presunto delito de administración desleal en CatalunyaCaixa, por los incrementos salariales aprobados en la entidad.