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Vigilantes voluntarios de su propia fábrica

Empleados de Caesma, en concurso de acreedores, se organizan para evitar robos y cuidar de la maquinaria

Clara Blanchar
Dos trabajadores de Caesma en el interior de la fábrica.
Dos trabajadores de Caesma en el interior de la fábrica. ALBERT GARCIA

Son solo nueve personas, pero desde hace unas semanas se turnan de tarde y noche para vigilar las instalaciones de la empresa de cables Caesma, en el polígono industrial Ponent de Sant Pol de Mar (Maresme), donde han trabajado hasta hace unos meses. Ya les han robado parte del cobre que había almacenado y ahora quieren evitar que ocurra lo mismo con la maquinaria. “Vete a saber si estas máquinas pueden ser nuestro trabajo en el futuro, o si se pueden vender y con lo que saquen nos pagan lo que nos deben”, afirma Roberto Dutra, el delegado de CC OO en la empresa, que al tener solo 21 empleados no tiene comité.

Las cosas se torcieron en Caesma después del pasado verano. La compañía fabricaba todo tipo de cables especiales y tenía como clientes desde proveedores de centrales nucleares o de energía eólica hasta la multinacional Alstom. Fuentes de la empresa aseguran que el problema fue “la falta de crédito para comprar materia prima”, mientras que los empleados hablan de “mala gestión y dejadez”. Primero la empresa aplicó un ERE temporal, a partir de septiembre, y sin reanudar la actividad, el 4 de febrero declaró concurso de acreedores con un pasivo de 1,7 millones de euros. Caesma debe a los trabajadores una paga doble y media, el mes de agosto y varios complementos, asegura Dutra.

Los robos comenzaron a principios de febrero. Primero, los días 15 y 16 los ladrones se llevaron “siete toneladas en carretes”. “Hicimos nosotros la denuncia porque el dueño no responde al teléfono”, aseguran los empleados, mientras que las fuentes de la empresa, que no quieren ser citadas, aseguran que hasta enero hubo un vigilante pero que “no hay dinero para pagarle más”.

El 10 de febrero, durante una reunión con el administrador concursal las partes acordaron retirar el cobre que quedaba para venderlo y con el beneficio pagar lo que se les debe. “Pero la misma noche del 10 nos volvieron a robar”, esta vez rompiendo el techo con una sierra radial. “Lo tapamos haciendo un encofrado y con cemento pero lo volvieron a romper” en un tercer robo, relata Dutra, durante el que los ladrones desactivaron las alarmas.

Fue entonces cuando decidieron organizarse para vigilar. De 21 trabajadores son nueve los que montan guardia: “El resto o han encontrado otros empleos o han decidido no sumarse a la vigilancia”. Comenzaron cubriendo de las cinco de la tarde a las cinco de la mañana, pero son tan pocos que ahora vigilan solo dos personas todas las noches.

Desde el día 20, cuando sacaron el cobre que quedaba, solo ha habido un intento de robo, durante el que los trabajadores acorralaron a dos ladrones en el tejado de la fábrica hasta que llegó la policía. Una escena de película en la que primero les lanzaron piedras, luego les intentaron hacer creer que eran muchos e iban armados y finalmente les hicieron ubicar en un rincón con las manos en alto.

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Los empleados calculan que la venta del cobre que consiguieron retirar de la fábrica les puede reportar entre 50.000 y 60.000 euros —entre el material limpio que cuesta 4,8 euros el kilo, las bobinas y la chatarra, los restos de cable—, una cantidad con la que podrían recuperar los sueldos atrasados y pagar vigilancia privada. Además, aseguran que hay empresas interesadas en comprar la maquinaria, pero el representante de Caesma que no quiere ser identificado duda de que alguien se interese “por una maquinaria que lleva nueve meses parada”.

¿Tienen alguna sospecha sobre quien puede ser el ladrón? Los gestos de los empleados convertidos en vigilantes sin cobrar indican que sí. “Esto es un caramelo y lo sabe cualquier trabajador del sector”, responde el delegado sindical.

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Sobre la firma

Clara Blanchar
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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