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La obra inacabada del polideportivo de Navalcarnero no justifica dos millones

Los trabajos, que debían estar acabados en 2007, se paralizaron hace seis años El Ayuntamiento ha gastado 10,5 millones en el complejo

José Marcos
Piscina olímpica y graderío del polideportivo sin terminar de Navalcarnero.
Piscina olímpica y graderío del polideportivo sin terminar de Navalcarnero.CARLOS ROSILLO

Las obras del polideportivo inacabado de Navalcarnero, interrumpido en 2008 y en el que el Ayuntamiento ha invertido 10,5 millones de euros, no justifican el destino de al menos dos millones. Así se desprende de un informe del pasado 18 de diciembre sobre el estado actual de los trabajos de edificación de las instalaciones deportivas para “verificar el total de la obra certificada en comparación con la obra real ejecutada”. El estudio es incompleto como reconoce Asserta Estudios Técnicos, la encargada de hacerlo, que no recoge en su informe la totalidad de unidades de obra, “unas por encontrarse ocultas, y otras por no disponer de herramientas suficientes para poder constatar el alcance de lo ejecutado”. El peritaje lo encargó el Consistorio, donde Baltasar Santos (Partido Popular) gobierna de forma ininterrumpida desde 1995. El PP tiene mayoría absoluta con 12 concejales, frente a los siete del PSOE, uno de IU y otro del Partido Democrático Popular (PDAP).

Pillaje de un edificio público

El polideportivo La Estación se debía haber finalizado a finales de diciembre de 2007. Sus 6.000 metros cuadrados de superficie, con una piscina olímpica y tres recreativas semiconstruidas en distintas plataformas, cada una de ellas descargando su agua en la siguiente —también habría un gimnasio y una cafetería—, iban a revitalizar la localidad. Seis años después de que las obras fueran interrumpidas, el abandono del edificio duele a la vista.

La empresa autora del peritaje destaca los “actos vandálicos” que ha sufrido el complejo, de los que la mayoría son el resultado del robo de “un número significativo de elementos constructivos”, en especial de la instalación eléctrica y la de climatización. Como ejemplos del expolio, la firma incluye una docena de fotografías, en las que se aprecia el techo de los vestuarios/aseos masculinos sin los conductos de ventilación y eléctricos. O el “ennegrecimiento” por un fuego en el cuarto que iba a albergar las instalaciones de protección contra incendios y un grupo electrógeno. Los depósitos de agua caliente sanitaria también aparecen destrozados, como parte del cerramiento del edificio del gimnasio.

Atendiendo al estado actual de la obra, los autores del informe consideran que la reanudación de los trabajos “conllevará obligatoriamente el desarrollo de labores de acondicionamiento y reposición de instalaciones y servicios, cuya repercusión económica supondrá importes muy cuantiosos”. La “elevada” inversión que requeriría la reposición del material sustraído no se especifica.

El 25 de mayo de 2006 fue suscrito el contrato de concesión de obra pública entre el Consistorio y Constructora Hispánica —conocida por su presunta vinculación con el caso Gürtel (los dueños actuales de la compañía no tienen nada que ver con los anteriores)— para la construcción del complejo y su posterior gestión. La obra costaría 14.837.273 euros, incluidos un parque y un vial de acceso al centro deportivo desde una rotonda cercana, de los que Navalcarnero financiaría el 80%. Esto es, 11.869.818,40 euros, que se repartirían en dos ejercicios presupuestarios. El 20% restante lo pondría la adjudicataria. La duración de las obras tendría un plazo máximo de 18 meses, mientras que el de la concesión sería de 38 años. El Consistorio aportaría en concepto de subvención 342.000 euros anuales por explotación de las instalaciones deportivas y otros 97.325 euros por el mantenimiento, conservación y limpieza del complejo, cantidades revisadas anualmente conforme al IPC durante el periodo de concesión.

Desde que la obra arrancó en junio de 2006 hasta el 31 de marzo de 2008 se emitieron 21 certificaciones por un importe de 11.411.659,50 euros que, tras añadirles el correspondiente IVA del 16%, aumentan hasta 13.237.525,04 euros, cifra de la que el Ayuntamiento aportó 10,5 millones. Aparte, el Consistorio aprobó en noviembre de 2010 un modificado por importe de 1.186.723 euros más IVA en favor de Assignia Infraestructuras, la sociedad que compró Constructora Hispánica, modificando así el anterior contrato. Este proyecto modificado no incluye una serie de partidas que figuraban en el Proyecto original, sin las cuales, según el criterio de los peritos, “no resultaría posible el funcionamiento y correcto acabado de la instalación deportiva”. Asserta Estudios Técnicos se refiere en concreto a partidas de pintura, instalación hidráulica y eléctrica de fuerza, instalación de depuración, instalación de iluminación, y “la práctica totalidad” de las unidades de cerrajería y aparatos sanitarios.

La oposición denuncia además que estas cantidades representan en torno al 90% de la obra cuando el polideportivo es un esqueleto de hormigón, y rebaja lo construido a solo un 20 o 30%. “A la vista de las obras ejecutadas y aquellas pendientes de realizar”, Asserta Estudios Técnicos, que realizó el peritaje de las obras los días 5 y 26 de noviembre, considera que se ha ejecutado “entorno al 65 o 70%” del presupuesto del proyecto modificado. Y cuantifica en seis meses el tiempo necesario para la obra pendiente de hacer, en relación con los plazos acordados. “Este tiempo deberá descontarse de la certificación de aquellas partidas valoradas en función de un alquiler mensual”, observa la empresa que realizó el estudio.

Este viernes está previsto que el alcalde, la concejal de Hacienda y la concejal de Urbanismo y Obras Públicas declaren ante la juez tras la querella, admitida a trámite, que el PSOE y el PDAP presentaron el pasado octubre por la construcción del polideportivo y su posterior gestión. Los responsables municipales debían haber declarado en principio el 17 de febrero, pero pidieron aplazamiento y se lo concedieron. La oposición entiende que existen indicios fundados de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.

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Sobre la firma

José Marcos
Redactor de Nacional desde 2015, especializado en PSOE y Gobierno. Previamente informó del Gobierno regional y casos de corrupción en Madrid, tras ocho años en Deportes. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster de Periodismo de EL PAÍS. Trabajó en Starmedia, Onda Imefe y el semanario La Clave.

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