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El juzgado de los ERE embarga tres casas al exconsejero Antonio Fernández

El ex alto cargo imputado afronta una fianza civil de 807 millones

Javier Martín-Arroyo
Antonio Fernández, en los juzgados sevillanos, el pasado octubre.
Antonio Fernández, en los juzgados sevillanos, el pasado octubre.JULIÁN ROJAS

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que investiga el caso ERE ha embargado tres viviendas al exconsejero de Empleo Antonio Fernández debido a la fianza civil que afronta de 807 millones por su imputación judicial. Se trata de tres casas (dos con carácter privativo y otra en régimen de gananciales) y una plaza de garaje con trastero en Jerez, además de todas sus cuentas bancarias, según el embargo decretado por la secretaria judicial Rosa María Vélez.

El decreto aclara que la indemnización por despido que ya le fue embargada a Fernández de 31.400 euros no cubre la fianza civil impuesta al exconsejero. El exconsejero imputado percibió esta cantidad pero no los 386.181 euros, a los que renunció y que habían sido fijados en el ERE aprobado en la bodega González Byass donde había trabajado en los años 80. La magistrada le embargó la indemnización, un pago previsto por la aseguradora Generali, el ex alto cargo imputado recurrió la decisión, y luego Alaya desestimó su recurso al no tratarse de un salario.

La juez Mercedes Alaya decretó su ingreso en prisión entre abril y agosto de 2012, y abandonó la cárcel tras abonar una fianza de 450.000 euros, al margen de la fianza por responsabilidad civil de 807 millones por las ayudas públicas concedidas por su departamento durante su etapa como consejero y viceconsejero.

Mientras, la juez ha imputado en un auto del pasado 19 de febrero a las empresas Cespa y FCC Medio Ambiente como responsables civiles porque al menos 18 trabajadores dejaron de percibir las subidas por las que sus compañías fueron destinatarias de 452.000 euros de la Junta para finalizar una huelga de limpieza en Granada en 2004. Alaya razona que ambas firmas “serían indiciariamente conocedoras de su ilegalidad y no objetaron nada a la irregular forma en que fueron receptoras de las cantidades referidas”. El ex director general de Trabajo Javier Guerrero propuso que la Junta asumiera el pago lineal de los trabajadores durante los años de duración del convenio a través de dos pólizas para estas empresas.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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