Un parque siempre en tela de juicio

Han transcurrido 27 años desde la declaración del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, una joya geológica justo en la esquina sureste de la península ibérica con 37.000 hectáreas terrestres y 12.000 marinas. La apoteósica fricción entre las placas tectónicas africana y europea acaecida entre hace seis y 15 millones de años provocó una erupción volcánica submarina que escupió la extraordinaria serranía que descansa junto al Mediterráneo y que acapara a los municipios de Almería, Níjar y Carboneras. Que no esté alicatada es solo una cuestión del destino: Almería, una provincia secularmente pobre y fondo de saco —sin buenas comunicaciones—, no despertó interés a los inversores que, en los años setenta, apostaron por otras zonas del litoral andaluz.

Pero todo cambió a partir de la firme decisión de la Junta de Andalucía por declarar este territorio reserva natural. El relato periodístico de estos 27 años ha narrado una fricción que se antoja mucho más explosiva que la acaecida hace millones de años entre placas tectónicas. Es el relato protagonizado por quienes han luchado por desligar el pretexto económico de este espacio y por quienes defienden el derecho a un desarrollo empresarial cuyo límite de sostenibilidad está siempre puesto en tela de juicio.

La permanente pugna entre conservacionistas e inversores en torno a Cabo de Gata-Níjar ha tenido su máxima exposición pública con el macrohotel que la mercantil Azata del Sol empezó a construir en 2003 en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras. Sobre uno de los aspectos fundamentales del caso, la legalidad de la licencia de obras, fallará en los próximos días el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Pero hay otros muchos Algarrobicos, a menor escala, en espera del pronunciamiento de la Justicia. Uno de esos casos es el del hotel de 50 habitaciones Campillo de Gata que la empresa Círculo Agroambiental quiere levantar en la loma de Las Salinas, corazón del parque. La mercantil obtuvo en 2000 la respectiva licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Níjar, pese a que la Junta informó negativamente. “El Ayuntamiento aprovechó el silencio administrativo. La Junta lo llevó a los tribunales y estos dieron la razón a los propietarios”, explica Enrique Ruiz, presidente de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, colectivo integrado en Ecologistas en Acción. En 2009 la empresa inició el movimiento de tierras que fue paralizado por la Junta con un expediente administrativo sancionador por no contar con autorización ambiental. La empresa llevó a la administración a los tribunales por un supuesto delito de prevaricación. Mientras un juzgado de lo penal se pronuncia sobre este caso, los ecologistas han elevado una queja a la Comisión Europea en aras a decretar “la inviabilidad ambiental” del proyecto.

La cala de San Pedro es otro lugar de conflicto que revive cada verano. Su propietario intentó en 2010 abrir un camino para vehículos rodados y construir un aparcamiento. Fue denunciado ante la fiscalía y el juzgado de lo penal 5 de Almería habrá de pronunciarse por un posible delito contra la ordenación del territorio en el que la administración autonómica ejerce como denunciante.

Otro quebradero de cabeza para la Junta de Andalucía lo ha constituido el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) redactado en 2008 que, según los ecologistas, venía a dar por bueno el desmesurado crecimiento urbanístico de las barriadas de San José, Las Negras, Las Isleta del Moro y Rodalquilar que el anterior PORN de 1994 impedía. Los conservacionistas lo impugnaron parcialmente ante los tribunales. El pronunciamiento judicial podría darse a conocer en cuestión de meses.

La intención de construir un campo de golf con 27 hoyos, 1.000 plazas hoteleras y 2.500 viviendas en el paraje de El Nazareno, en Níjar, ubicado en los límites del Parque Natural, constituye otra afrenta para los ecologistas. El proyecto sigue su trámite de Interés Social y Turístico aunque cuenta con informes desfavorables por el número de viviendas. “Eso no está cerrado y sigue su trámite. Ha habido informes de incidencia territorial por el número de viviendas. Ahora debe pasar por la comisión turística. Atendiendo a si el proyecto modifica, por ejemplo, el número de viviendas puede ser que tenga viabilidad”, explica el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz Bono.

Unido a ese paisaje natural que ha enamorado e inspirado a directores cinematográficos como Pilar Miró, Steven Spielberg, Alain Tanner o más recientemente Ridley Scott hay también un rico patrimonio histórico que se desmorona. Es otra de las líneas de acción de los activistas por el parque natural. El cortijo del Fraile —la hacienda en la que sucedieron los violentos episodios con trágico final que Federico García Lorca plasmó en Bodas de Sangre— se ha convertido en símbolo de ese legado.

“Ni Ayuntamiento ni Junta exigen a los propietarios de esos inmuebles su mantenimiento. Y pedimos que abran expedientes sancionadores y multas”, señala Enrique Ruiz. El castillo de San Pedro, el castillo de Los Alumbres y el cortijo del Fraile cuentan con sus respectivos procedimientos judiciales (contra el Ayuntamiento de Níjar) por parte de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. En el caso del último, una reciente sentencia del TSJA ha dado la razón al Ayuntamiento nijareño al considerar que las competencias del mantenimiento del cortijo recaen sobre la Junta de Andalucía. Los ecologistas han recurrido la sentencia al considerar que la Junta ya tenía abiertos expedientes sancionadores contra los propietarios y “echa por la borda el trabajo de años”. Algo que para el alcalde nijareño, Antonio Jesús Rodríguez (PP), supone una “connivencia declarada por una cuestión política entre ecologistas y Junta de Andalucía.

“Las amenazas no son pocas. Provienen fundamentalmente de la especulación bastarda sobre el suelo, de ideas periclitadas y funestas acerca de la explotación turística y de la falta de una estructura de guarda y vigilancia de la zona”, advertía el manifiesto de la Isleta del Moro firmado en 1988 —solo un año después del blindaje de este entorno como reserva natural— por un sólido grupo de intelectuales, artistas, escritores y creadores liderados por el poeta José Ángel Valente. Un manifiesto que, tras 27 años, sigue siendo referente.