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“De ti para mí, vamos a hacer un informe para que la obra sea tuya”

Unas grabaciones a un exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz avivan las sospechas de irregularidades en contratos municipales

Francisco Carnota, exconcejal de Cádiz.
Francisco Carnota, exconcejal de Cádiz.román ríos

Durante varios años el que fuera gerente de la empresa Imesapi, Juan López Gallardo, estuvo grabando a trabajadores, directivos y concejales del Ayuntamiento de Cádiz. En esas conversaciones, ya en poder del Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz, trataba de recoger algunas irregularidades en los contratos públicos que su compañía había ido dejando de ganar. Una de las transcripciones más destacadas es la de un exconcejal del PP, Francisco Carnota, en 2007 responsable político del alumbrado eléctrico de la capital gaditana. El edil, tras pedirle a López Gallardo que contratara a un ahijado de 16 años, le promete un suculento contrato en una obra en la avenida de más de 120.000 euros: "De ti para mí, vamos a hacer un informe para que sea tuya".

El caso se remonta al 6 de marzo de 2009. Aquel día Germán Molina, entonces director del área de Tráfico y Alumbrado del Ayuntamiento de Cádiz, presentó una denuncia en comisaría. Alertaba de que le había llegado a su casa información confidencial sobre una oferta de licitación, que pudo servir para beneficiar a la empresa que resultó ganadora del millonario concurso que el Consistorio acababa de aprobar en detrimento de otras. Más tarde Molina acusó directamente a López Gallardo de haber participado en esos hechos presuntamente delictivos.

La sombra de irregularidades en ese concurso se hace pública días después con la denuncia de la oposición de supuestos amaños en esa adjudicación. Molina amplía su denuncia contra el portavoz de Izquierda Unida, Sebastián Terrada, quien termina imputado en una causa abierta en el juzgado de instrucción número dos de Cádiz, junto a López Gallardo. Pero este último tenía una carta guardada. En realidad, una baraja entera. Más de 25 horas de grabaciones que había venido realizando en los últimos años de conversaciones con trabajadores municipales, directivos y concejales. En octubre de 2011, López Gallardo se las entregó a la Guardia Civil para denunciar a Germán Molina por prevaricación, cohecho o falsedad documental.

Entre las grabaciones había una charla telefónica con Germán Molina, en la que el ex director de Alumbrado Eléctrico muestra sus reticencias a que Indra sea la ganadora del contrato a pesar de que era la mejor puntuada. La fiscalía intervino e instó al grupo III de la Udyco de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Cádiz a tomar declaración al gerente de Indra, una de las empresas perjudicadas. La policía sospecha que Molina pudo alterar el criterio de baremación para que fuera otra la ganadora. "Hay indicios suficientes para el inicio de una investigación", señala el informe de la Udyco. Entre varias irregularidades, el Ayuntamiento había entregado el contrato a una empresa que, previamente, había sido sancionada por el propio Consistorio por incumplimiento en el contrato de semáforos.

El juzgado de instrucción terminó archivando las diligencias abiertas por la denuncia de Germán Molina, pero mantiene activa la investigación de la denuncia abierta tras la declaración del responsable de Indra. Eso ha llevado a conocer el contenido de las grabaciones, en las que López Gallardo grababa todos sus pasos. Incluida una comida con el actual concejal de Tráfico, Juan Antonio Guerrero, o la polémica conversación con el ex edil Francisco Carnota, ambos del gobierno popular de Teófila Martínez. Este antiguo concejal le pide encarecidamente que contrate a su ahijado para posteriormente garantizarle que obtendrá un contrato importante de 120.000 euros.

La gravedad del caso ha llevado a PSOE e IU a solicitar en el pleno del Ayuntamiento de Cádiz una comisión de investigación. El PP, que tiene mayoría absoluta, se niega.

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Teófila Martínez lo atribuyó inicialmente a un caso "técnico" que debe ser resuelto en el juzgado y no por el Ayuntamiento. Llegó a decir que no denunciaría hasta que no se demostrase que había habido quebranto económico para las arcas municipales. Sin embargo, su propio gobierno le enmendó ayer la plana al revelar que fue el Ayuntamiento, en 2009, pocos días después de la primera denuncia de Germán Molina, el que llevó a la fiscalía las sospechas de irregularidades en el proceso. El ministerio público ha explicado que la instrucción está en una fase incipiente y que no se prevé nuevas diligencias en breve.

La oposición cree que las cintas, además de los delitos denunciados por López Gallardo contra Germán Molina, afectan de lleno al gobierno de Teófila Martínez por un supuesto caso de tráfico de influencias. Creen que hay motivos para que el PP reconsidere la apertura de una comisión municipal que aclare todo lo sucedido.

Proliferación de cintas

En tan solo unos pocos días tres grabaciones de conversaciones privadas han puesto en jaque a tres Ayuntamientos gobernados por el PP en Cádiz. Primero fue en Algeciras, donde su concejal de limpieza, Bernabé Ramírez, terminó dimitiendo tras difundirse una grabación en la que admitía varias irregularidades en una conversación con la gerente de la sociedad Algesa. Esas cintas siguen siendo polémicas porque también recogen la voz de Luis Ángel Fernández, edil del PP y diputado provincial de Recursos Humanos, quien, según ha denunciado IU, llega a instar a la contratación por enchufe de varios afines y lo compara con lo que ya ha hecho en la Diputación. La retirada de la denuncia por parte de la autora de la grabación ha hecho que la juez haya decidido el sobreseimiento provisional de este caso.

Hace unas semanas en El Puerto de Santa María otra grabación recogía al gerente de Impulsa El Puerto dando indicaciones a un subordinado para que valorase a lo alto a una empresa para que obtuviera el contrato millonario de dos aparcamientos subterráneos. El Ayuntamiento, tras su difusión, ha abierto una comisión municipal.

Las nuevas grabaciones destapadas en Cádiz han levantado la alarma del PSOE y de IU, que han pedido a la dirección provincial del PP que actúe ante tal acumulación de situaciones anómalas. Los populares han tratado de restar importancia a los tres casos. En Algeciras se aceptó la dimisión del edil de Limpieza aunque fue presentada como una marcha “por motivos de salud”. El PP defiende, de momento, a Luis Ángel Fernández, sobre todo, después de que su citación como imputado en marzo haya sido suspendida al sobreseerse el caso. En El Puerto de Santa María el PP ha aceptado la petición de la oposición de una comisión de investigación, aunque no ha querido elevar denuncia ante la fiscalía, a pesar de la petición expresa hecha por su socio de gobierno, el Partido Andalucista. La comisión tiene una cita mañana jueves cuando está previsto que comparezca el ex alcalde Enrique Moresco, un arquitecto municipal y el subordinado que supuestamente recibió presiones, el ingeniero Julián Martín, quien declinó asistir a la cita que tenía la pasada semana. En Cádiz, de momento, el PP ha ido cambiando de estrategia de defensa. Del inicial “esto es un tema entre particulares” al comunicado de ayer, en el que el Ayuntamiento revela que fue en 2009 cuando puso en conocimiento de la fiscalía posibles irregularidades en este proceso. Los populares acusan a la oposición de querer “enmarañar” la labor de la justicia con la denuncia del contenido de las grabaciones sobre su ex edil Francisco Carnota.

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