La justicia afea los nombramientos arbitrarios de jefes médicos al Sergas
Un goteo de sentencias confirmadas por el Superior anulan los procesos de selección
“Hay una clara estrategia política. El PP trata de dejar en los mandos hospitalarios a personas de su estricta confianza para tener el control si hay cambios”. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que el mes pasado anuló —al detectar “desviación de poder”— el nombramiento de Manuel Bustamante, marido de la conselleira de Sanidade, como de jefe de servicio de cirugía general del hospital de Santiago, ha descorchado el sentimiento de malestar de un sector de los trabajadores sanitarios que durante los últimos años han considerado que las gerencias hospitalarias del Sergas represaliaban a los médicos no afines. El presidente de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Galicia, Manuel Martín, tiene claro que hay una intencionalidad política del PP en estos nombramientos. “Primero colocó a sus adeptos en las gerencias y ahora lo hace en las jefaturas de servicio; es estrategia”, insiste, en la misma línea que al comienzo de este párrafo.
La justicia ha ido confirmando estas sospechas mediante el goteo de sentencias que obligan al Sergas a anular ceses de históricos jefes de servicio y algunos procesos de selección por los que obtuvieron las jefaturas, desde 2010, facultativos próximos a sus altos cargos. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ha ido haciendo firmes las sentencias de otros juzgados contra las que ha recurrido el Sergas, repite que los comités evaluadores no son objetivos al puntuar los méritos. Sanidade ha negado siempre cualquier represalia y ha defendido la imparcialidad de los procesos. Incluso en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP) en donde el TSXG anuló dos nombramientos y hay otro pendiente de resolución.
La espita la abrió, en 2012, la retirada de la jefatura de Psiquiatría al creador del mismo servicio, Víctor Pedreira, tras su significación al asumir el cargo de subdirector general de Saúde Mental con el bipartito. Una comisión de evaluación designada por el gerente del CHOP, José Manuel González (último conselleiro de Sanidade de Fraga), entregó la plaza a Isauro Gómez Tato, médico generalista de guardia en Conxo que no había hecho el MIR de Psiquiatría y que había accedido por vía indirecta a esa titulación cuando ocupaba un puesto administrativo en el Sergas. Pedreira demandó hace unos días al CHOP por supuesta prevaricación. El facultativo cuestiona en su demanda la resolución del tribunal que dio la plaza a Tato que tenía, objetivamente, menos méritos que él.
Los comités de evaluación datan del final del fraguismo. Suponen la reevaluación cuatrienal de los jefes de servicio para revalidar las plazas. La medida es aceptada por los facultativos pero no así la designación de los tribunales ni el sistema de calificación “que otorga más puntuación a las pruebas subjetivas”, según sostienen los médicos consultados y reproducen en sus fallos jueces que han anulado nombramientos.
Cargo para el marido de una gerente
A finales de 2012, en la antesala de las elecciones autonómicas, la gerente sanitaria de la provincia de Ourense, Eloína Núñez (prima del presidente de la Xunta), creó una nueva jefatura en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO): la unidad de sección de alta precoz de Urgencias. Un departamento que no existía en ningún centro hospitalario gallego. La jefatura de sección —dependiente de la de servicio— la ganó su marido, Francisco Aramburu, médico de Urgencias. No tuvo competencia.
En cuanto se convocó la plaza el PSOE alertó de nepotismo considerando que la nueva unidad de sección se creaba ad hoc para la pareja de Núñez y con la oposición de la comisión de centro y del servicio de Medicina Interna al que le suprimieron dependencias para destinar a esa ampliación de Urgencias.
La junta de personal exigió explicaciones por el “innecesario” nuevo cargo dado que existía ya la figura del coordinador de ese servicio. Núñez replicó entonces que la convocatoria no respondía al “perfil predeterminado” de su marido, sino al mérito y capacidad de los aspirantes porque el proceso de selección del nuevo cargo era “público y abierto” y podía aspirar a él cualquier titular de una plaza en ese servicio. Finalmente, solo aspiró su cónyuge que consiguió el ascenso.
La portavoz del PSdeG en el Parlamento gallego, Carmen Acuña, establece la comparación del nombramiento del marido de la gerente del área sanitaria de Ourense con el del marido de la conselleira Rocío Mosquera, cuando esta era gerente del Sergas, por más que en el caso del CHUO nadie haya reclamado judicialmente “dado que Aramburu no tuvo competidores”. Mientras se creaba la nueva plaza, el comité evaluador de la jefatura de servicio de Psiquiatría del CHUO dejaba vacante este puesto por el que compitieron tres facultativos. El tribunal no consideró apto a ninguno. Acuña sostiene que la gerencia sanitaria intentaba “devolver algún favor” y que el proceso fue paralizado “ante el revuelo generado”.
Cuando el gerente del CHOP le retiró la jefatura a Pedreira (la tenía desde 1982), el TSXG confirmaba la nulidad de otro cese ocurrido en 2011: el del jefe de Digestivo del mismo hospital, Enrique Vázquez Astray, que había accedido por concurso. El alto tribunal destacó la “mala fe” del Sergas por ocultarle al médico documentación sobre la convocatoria de la plaza. También reprochó que se comunicase por carta a Astray su destitución inmediata tras ocupar 12 años la jefatura.
En septiembre de 2013 el TSXG volvió a enmendar la plana a la dirección del CHOP anulando el nombramiento de Antonio Pena como jefe de servicio de Neumología. En este caso, el alto tribunal cuestionó la baremación de los méritos que realizó el Sergas atendiendo a la demanda presentada por Enrique Temes, que reclamaba la plaza alegando que había sido mal calificado. La sentencia recoge que el tribunal no había computado cuatro de las seis publicaciones con factor impacto ni 15 de las 18 sin factor impacto presentadas por Temes.
Hace apenas una semana un juzgado vigués anuló el nombramiento de Gerardo Baños como jefe de servicio de Anestesiología y Reanimación en el CHUVI. El juez exige que se nombre una comisión de evaluación en la que no repita ningún integrante ya que no garantizaron “los principios de seguridad jurídica, transparencia, objetividad e igualdad en la valoración de los currículos”.
La lista de anulaciones judiciales incluye también al Complexo Hospitalario de A Coruña. En mayo de 2013 el TSXG ordenó la restitución en el cargo al jefe de servicio de Cirugía Torácica José María Borro, artífice del programa de trasplantes de pulmón de ese complejo. La sentencia advertía de que el cese había sido “expeditivo” y carecía de motivación. Borro se convirtió en incómodo cuando, en 2010, comenzó a denunciar ante la gerencia supuestas malas prácticas —el uso a sus espaldas de una técnica quirúrgica “sin garantías” y el desvío de pacientes a la privada— de un médico bajo sus órdenes. El destituido atribuyó el respaldo de la gerencia a su subordinado a sus “vinculaciones personales” con el senador José Manuel Barreiro, algo que el afectado negó. El TSXG, que anuló el cese, acusó a la Administración de no actuar “con la transparencia debida” y concluyó que la destitución tenía “apariencia de posible arbitrariedad”.
“Los gobernantes tienden a rodearse de afines, pero el PP lleva esto al paroxismo, organizando tribunales a medida”, denuncia Martín. Y el paradigma es, en su opinión, el caso de Bustamante, marido de Rocío Mosquera. El Superior ordenó también en este caso repetir la evaluación del proyecto técnico por otro tribunal, ya que concluyó que el primero “no tuvo voluntad de ser neutral”.
