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irregularidades en los cursos de formación

La Comunidad investigará los cursos de formación de sindicatos y patronal

El fraude se remonta a 2010 y afecta al menos a 11 millones de euros en subvenciones públicas

La consejera madrileña de Empleo, Ana Isabel Mariño.
La consejera madrileña de Empleo, Ana Isabel Mariño.

La Comunidad de Madrid anunció ayer que está investigando a un centenar de organizaciones, tanto empresariales como sindicales, que realizaban cursos de formación tanto presenciales como a distancia. No solo eso, la consejera de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, anunció también que propondrá al Estado una revisión de “todo el sistema” de formación continua para los trabajadores, porque considera que no es de recibo que se hayan venido utilizando “esos repartos entre sindicatos y empresarios para intentar de alguna manera controlar la gestión de la cosa pública en materia de formación continua”.

Con esas declaraciones, la consejera quiso abanderar el cambio en el sistema de la formación continua, un sistema que desde hace años ha probado ser un coladero para la financiación de patronal y sindicatos con innumerables casos de fraude que se han convertido en escándalo en todo el país.

Mariño toma esa bandera ahora, justo después de que uno de esos escándalos haya llegado hasta la Dirección General de Empleo y le haya saltado en la cara sin que se tomaran medidas contundentes desde su consejería. Se trata del caso de José Luis Aneri. Este empresario cordobés es el principal sospechoso de una trama creada para cobrar subvenciones millonarias. Aneri, que está siendo investigado por la policía por hacer desaparecer unos 11 millones de euros (6,6 de ayudas del Estado y otros 4,4 regionales), cobraba las subvenciones en nombre de organizaciones empresariales. Luego justificaba ante las Administraciones esas ayudas con alumnos falsos. Cuantos más alumnos, más dinero recibía.

A pesar de tener indicios de que se estaba produciendo una posible estafa en las subvenciones destinadas a los cursos de formación, la Comunidad de Madrid no investigó y no lo denunció a la policía. Lo hizo solo cuando las irregularidades cometidas supuestamente por Aneri eran ya muy evidentes. Tampoco informó públicamente de que habían desaparecido 4,4 millones de euros, ni denunció ni puso el tema en manos de la fiscalía o los jueces.

Pero el caso Aneri es solo la punta del iceberg. El asunto ha salpicado también a un cargo de la patronal de empresarios Ceim: Alfonso Tezanos. Fue este último y su socio Víctor Porta los que introdujeron a Aneri en el empresariado madrileño.

Las actividades de Tezanos, Porta y Aneri han corrido paralelas. Sus empresas han usado supuestamente el mismo método: conseguían nombres y números de DNI y los asignaban a distintos expedientes de planes de formación. La investigación iniciada en el seno de la Comunidad de Madrid señala que, al igual que ha ocurrido con Aneri, supuestos alumnos de los cursos gestionados por empresas de Tezanos han comunicado que tampoco habían hecho esos cursos.

Las empresas de Tezanos también recurrían a listados de trabajadores a su alcance para justificar los cursos, según documentación a la que tuvo acceso este periódico. Tezanos lo niega.

La consejera Ana Isabel Mariño afirmó ayer en la Asamblea de Madrid que va a ser “implacable” y va a “controlar absolutamente toda la formación, no solo en el fondo, sino también en la forma, no solo en el control del gasto, sino también en la ejecución de los cursos de formación”.

“Tenemos que acabar de una vez por todas con esa mala imagen que tiene la formación continua y, en general, la formación para el empleo y no podemos consentir los presuntos fraudes”, añadió.

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