El fiscal pide 6 años de cárcel para un dirigente de armadores de Marín

El fiscal de Delitos Económicos de Pontevedra presentó escrito de acusación contra José Luis Santiago Pereira, presidente de la Cooperativa del Mar San Miguel de Marín, para el que solicita seis años de prisión por tres delitos fiscales y multas de 2,6 millones de euros a las que hará frente subsidiariamente con la entidad como responsable civil en este proceso. El fiscal dejó finalmente fuera de la causa a los otros dos imputados como presuntos colaboradores necesarios: Laureano Pesqueira Veiga, responsable de las oficinas de la entidad en el puerto de O Berbés. en Vigo, y a Enrique Fernández Arca, jefe de ventas y subasteros en el mismo recinto portuario.

Hacienda destapó el fraude al detectar un millonario desfase en las liquidaciones del impuesto del IVA correspondiente a los ejercicios de 2008, 2009 y 2010 por la compra y venta de pescado por valor de 13,9 millones de euros. Después de registrar las oficinas de la cooperativa se constató la contabilidad en b que llevaba la entidad con la emisión de facturas a los distintos clientes y proveedores. En ellas se identificaban las fechas de descarga de pescado, indicando en cada una la cantidad y el importe resultante de la venta sin incluir el impuesto correspondiente. Cada factura de compra tenía una hoja de liquidación emitida por la cooperativa al proveedor y firmada generalmente por él. Eso propició a una inspección en cadena de casi 200 armadores que aparecían en la doble contabilidad requisada, dando lugar a la apertura de las correspondientes actas administrativas por parte de Hacienda. Algunos de estos empresarios que eran proveedores de la Cooperativa San Miguel llegaron a admitir el fraude cuando fueron citados a declarar por la Fiscalía. Las cantidades defraudadas por facturación de las ventas de pescado solo en un caso superaron el mínimo de 120.000 euros, lo que derivó en un procedimiento penal que se instruye aparte. El resto tendrá que pagar la correspondiente multa al fisco por cuotas del IVA no tributadas.

La doble contabilidad se guardaba en dos tipos de archivadores. En las liquidaciones de color azul figura el membrete de la cooperativa y la identificación total del proveedor y en las facturas se repercute el IVA. En las de color blanco no consta el membrete de la entidad ni su anagrama y el proveedor se identifica únicamente por un número y por el nombre del barco. Las hojas que acompañan a estas liquidaciones no llevan impresa la factura ni en ningún caso se repercute el impuesto. En las liquidaciones de color blanco se recogen las ventas en b, que ascienden a 5,1 millones de euros en el 2008; 4,5 millones en 2009 y 4,9 millones en 2010. Para el fiscal, Augusto Santaló, las cuotas defraudadas en los tres ejercicios ascienden a 700.000 euros.

José Luis Santiago comenzó a trabajar en la cooperativa en 1983 como subastador y 10 años más tarde ascendió a gerente para presidir el consejo rector desde 2007. El fiscal solicita para él dos años de cárcel e inhabilitación por cada uno de los tres delitos fiscales y le impone una multa de 600.000 euros (con 100 días de privación de libertad en caso de impago). Además, tendrá que indemnizar al Estado con dos de las cuotas defraudadas a Hacienda y no podrá pedir subvenciones públicas. Del resto de las multas impuestas se hará cargo la Cooperativa San Miguel, que también quedaría inhabilitada para obtener ayudas y contratos de la Administración durante dos años.