Un bloque de Alcobendas se queda sin vecinos por la llegada de okupas
El edificio cada vez se deteriora más por los destrozos que generan los nuevos moradores El Ayuntamiento alega que solo un juez puede ordenar el desalojo
Los trasteros están abarrotados de basura. Las puertas tienen la cerradura reventada. Las paredes, llenas de humedades por las filtraciones de agua. El suelo del garaje —que ya casi no tiene coches— está encharcado. Si hay una palabra que defina el estado del número 26 de la calle de Francisco Largo Caballero (Alcobendas) es deteriorado. El pasado mes de agosto, un grupo de personas entró en una vivienda vacía de este edificio de cuatro portales. Consigo trajeron, según sus vecinos, el negocio ilegal de venta y alquiler de pisos, el tráfico de drogas y los robos.
De las 64 viviendas (16 en cada portal) que hay en esta construcción, propiedad de la empresa Viviendas Acogidas SA —en liquidación—, la mitad están okupadas. Todas en los portales 1 y 2. Muchos vecinos han decidido marcharse y los pocos que quedan (piden no decir cuántos) viven en los portales 3 y 4, según J.M., que aún reside allí. “Si todavía fueran familias sin recursos que okupan una vivienda sin causar molestias... Pero vivimos en un ambiente de total inseguridad”.
Los vecinos y la Policía sostienen que las personas que habitan ilegalmente el edificio son tanto españoles como inmigrantes. Muchos, con hijos. Y todos alquilaron o compraron ilegalmente una vivienda para evitar el alquiler normal, que ronda entre los 700 y 900 euros.
"No tengo donde ir"
Jalal tiene tres hijos, está casado y desempleado. Este hombre de 43 años y origen marroquí cuenta que lleva 28 viviendo en España y seis meses okupando uno de los pisos del número 26 de la calle de Francisco Largo Caballero, en Alcobendas. “Pagué 800 euros para que me abrieran la puerta”. Desde entonces no ha abonado nada más. El okupa asegura, asimismo, que hay “unas 75 personas” viviendo ilegalmente en el inmueble y que casi no quedan vecinos que residan legalmente allí. “Si me echan de aquí, no tengo donde ir. Estaré en la calle con mis hijos”, comenta, mientras aparentemente vigila el edificio desde la esquina de la calle.
Un portavoz de la oposición socialista subraya que el partido condena las ocupaciones ilegales y las actividades delincuentes que se llevan a cabo en el edificio. Sin embargo, hace hincapié en que hay personas sin recursos económicos que son víctimas de los cabecillas del grupo. “Es el típico caso de personas que se aprovechan de una emergencia social para lucrarse”.
A plena luz, con la Policía yendo y viniendo para vigilar el lugar —tres veces al día, según el Ayuntamiento—, los vecinos más o menos mantienen la calma, a pesar de los fuertes portazos que ocasionalmente se escuchan. Pero cuando cae la noche, la cosa cambia. “Es oír el más mínimo ruido y ya no consigo dormir pensando que, a lo mejor, están intentando okupar una vivienda dentro de mi bloque”, cuenta P.V., otra moradora del edificio. “Bajan con sus perros, se les oye gritar, discutir... He adelgazado más de diez kilos por culpa de tanta tensión”, añade J.M.
Los problemas van más allá de los ruidos. La suciedad está por todas partes, los contadores están manipulados, y el cableado eléctrico está al aire. Por si fuera poco, algunas estancias apestan a orín. En un informe del pasado noviembre, la Policía Local destaca la “peligrosidad” de tener las instalaciones en estas condiciones y avisa del “grave riesgo de electrocución”, además del peligro de “incendio o explosión” por los “escapes y acumulación de bolsas de gas”. El informe policial también hace referencia al trapicheo y trafico de drogas en el edificio. Los agentes identifican a los cabecillas del negocio como Armando y Cañete.
Este cúmulo de situaciones indeseables fue lo que empujó a A.M. a abandonar su piso en el portal 4 el pasado 31 de diciembre. “Estaba recién operada y sola. Tenía miedo, incluso por las condiciones de salubridad”, cuenta. La mujer asegura que la empresa propietaria del edificio no le ha devuelto los “4.000 euros de fianza” y que, además, esta se ha desvinculado por completo de los vecinos desde que comenzaron los problemas.
Con esto coinciden los demás vecinos y la Policía, que en su informe apunta que la compañía “tiene conocimiento sobrado” de la situación y que, sin embargo, no hace nada para “solucionar estos problemas”.
Los vecinos también se quejan de que el Ayuntamiento, del PP, tampoco les han hecho caso, pese a las múltiples veces que han solicitado reunirse con el alcalde. “La semana pasada nos reunimos con el teniente de alcalde, justo después de que el PSOE denunciara la situación”, cuenta el vecino J.M. El Consistorio se escuda en que solo un juez tiene poder para ordenar el desalojo de las familias que viven ilegalmente en el edificio. “Y eso solo se consigue si la empresa propietaria presenta una denuncia”, añade el teniente de alcalde, Ramón Cubián. Este periodico intentó sin éxito contactar con Viviendas Acogidas SA.
“Es responsabilidad del Ayuntamiento presionar a la empresa y hacer algo para que este problema se solvente. Y no hacen nada”, opina un portavoz del PSOE. Mientras, los vecinos de Fernando Largo Caballero seguirán sintiéndose inseguros. “Con los problemas estructurales que están creando en el edificio, un día todo esto se cae”, concluyen.
