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operación pokémon

Pokémon, SL, agencia de colocación

Políticos, funcionarios y policías enchufaron a decenas de familiares y amigos en las contratas municipales a cambio de favores a las empresas concesionarias

Centro Ágora, de A Coruña, donde se acumulan los casos de enchufismo
Centro Ágora, de A Coruña, donde se acumulan los casos de enchufismogabriel tizón

Hay momentos de mucho estrés en la agencia de contratación Pokémon. Sobre todo cuando se avecina la adjudicación de alguna contrata municipal. Entonces, el teléfono no para. Son tantas las presiones que los jefes de esta oficina de colocación a cambio de supuestos favores, la trama investigada por la juez Pilar de Lara, se ven obligados a dar la espalda a su familia. El jefe de Aquagest en Galicia, Henry Laíño, termina un día respondiéndole a su propia madre que primero están los enchufados de los políticos, que son los que “después” le “dan negocio”, y le pone como excusa que el recomendado materno es venezolano, “sudaca” como él mismo, así que van a notar que lo colocó él. No se puede arriesgar. ¿O es que acaso ella quiere que “vuelva a tener que emigrar” o verlo “trabajar en cualquier cosa”?

 En trances parecidos, a lo largo de los 33.000 folios del sumario que de momento han salido del Juzgado número 1 de Lugo, aparecen José María Tutor, responsable de Vendex en Galicia, o políticos como Ángel Espadas (PP), que acaba a sueldo de una constructora. El que fuera jefe de gabinete del exalcalde Conde Roa en Santiago recibe un día una llamada de su progenitora para recordarle que hay un chico que quiere trabajar de camionero, y él le contesta que si sabe que en su despacho tiene “más de cien currículums” esperando.

A la agencia Pokémon de promoción laboral telefonean desde alcaldes y concejales hasta integrantes de mesas de contratación, policías y empleados municipales de distintas ciudades que se ofrecen a las empresas para interceder por ellas ante el correspondiente gobierno local. Este paraíso del enchufe se aprovechaba de que, al tratarse de servicios públicos cedidos a compañías privadas, no eran obligatorios los procesos legales de selección de personal. Para la juez “se trata de una contraprestación a los favores recibidos” por las empresas, que “podría calificarse como cohecho impropio y presunto delito de tráfico de influencias”. De Lara investiga casos de enchufismo por parte de regidores como Xosé López Orozco (Lugo) o Ángel Currás (Santiago), exalcaldes como Francisco Rodríguez (Ourense), y ediles y exediles de PP y PSOE como Francisco Fernández Liñares (Lugo), María Devesa (Ourense), Adrián Varela, Rebeca Domínguez o Bernardino Rama (Santiago) y Julio Flores o José Nogueira (A Coruña). En el interrogatorio de Rama, cuando la juez le pregunta por las empresas en las que trabaja su familia, el socialista termina reconociendo que su nuera está en una escuela infantil de Vendex, mientras que su hija y su yerno, los dos en Aquagest, aunque, añade, se conocieron allí.

En la declaración de Javier Reguera, encargado de la empresa de la ORA en Lugo, supuesto testaferro de Liñares y eslabón fundamental en el reparto de sobres de dinero a políticos, aparece citado José Manuel Barreiro, portavoz del PP en el Senado. Según Reguera, el político tenía “interés en un trabajador” que acabó empleado como vigilante. Los responsables de Aquagest revelan en sus conversaciones que se van a ver obligados a coger, aunque sea “unos meses”, al aspirante “malo malísimo” propuesto por Diego Calvo, presidente de la Diputación de A Coruña, que al final quedó fuera. En el lote entraría el calderero recomendado por María Faraldo, a la sazón vicepresidenta del mismo gobierno provincial, hoy diputada además de procesada por otro caso de enchufismo cuando era alcaldesa de Betanzos.

Orozco, Calvo o Flores han reaccionado de manera parecida al trascender sus actuaciones. El primero llegó a apelar a una cuestión de “caridad”. El segundo y el tercero hablaron de casos de “emergencia social”, como si en la calle no hubiese situaciones tan dramáticas que mereciesen la misma oportunidad de trabajo.

Por parte de Francisco Rodríguez, que dimitió como alcalde de Ourense tras ser detenido en los primeros días de la Pokémon, los enchufados en Vendex habrían sido seis o siete, según el jefe local de la firma, Adrián Cordero. Pero, además, Aquagest dio trabajo a la propia pareja y al hijo del político, mientras que la mujer del jefe de la compañía de aguas, Henry Laíño, fue jefa de Recursos Hídricos en el Ayuntamiento con Rodríguez. Aparte de esos puestos más o menos confortables, el exalcalde aparece en enero de 2012 telefoneando a Cordero para mover lo de la “señora esa de ocho horas para los baños”. Aquel mismo mes, desde otro teléfono de Ourense, el superintendente de la Policía Municipal, Abelardo Ulloa, reclama una media jornada para su amante. Pero que no sea “para limpieza, que ella es administrativa”. El jefe del orden local está “encabronado” con el tema y amenaza con hacer inspecciones a la empresa.

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Son tantos los compromisos que Tutor, el jefe de Vendex, se muestra aliviado cuando los que le reclaman un hueco para sus recomendados se conforman con una media jornada. No solo en la guardería de Salgueiriños (donde presuntamente logran dar cabida a los enchufes que les llueven desde el Ayuntamiento de Santiago y aún reservan puestos para la oposición), sino en otros inmuebles municipales recurren al reparto del trabajo para ampliar el número de contratos. En otras ocasiones es preciso crear vacantes de manera más radical. Tutor y una empleada de Vendex en A Coruña hablan de un trabajador del pabellón de Meicende: “Lo van a echar porque tienen un enchufado” y pondrán como “disculpa” que cambia el “perfil” del puesto. El concejal compostelano Adrián Varela, Pijolandia para la trama, además de pedir trabajo para tres personas, entre ellas su padre, exige a Vendex que despidan a una empleada modélica de la guardería de Fontiñas. Y da una razón incontestable: es esposa de un sindicalista de la CIG.

Ejemplos paradigmáticos de lo contrario, el milagro de la multiplicación de los puestos sin mirar demasiado a quién se contrata, son la escuela infantil de Salgueiriños, en Santiago, y el centro Ágora de A Coruña. En la guardería de la capital gallega terminan entrando todas las empleadas propuestas (“unas niñas”), y si alguna no cabe, se le busca sitio en otra de Vendex. La directora del centro confiesa a su jefe sus temores: no quiere tener que coger a toda “la morralla” que le manden. Pero supuestamente el criterio de selección no lo determina ella, sino que se lo marcan desde el consistorio.

En A Coruña, la ciudad donde más servicios presta Vendex, Tutor se movilizó para colocar “la lista de personas de los nuevos del Ayuntamiento” tras desembarcar, en junio de 2011, el equipo del alcalde, Carlos Negreira, del PP. Tutor se las ingenia para contentar a los “nuevos” dónde y cómo sea, incluso con empleos ficticios. “Esta chica ya trabaja de teleoperadora, pero me interesa mucho” subraya el teniente de alcalde, Julio Flores, al trasladar a Tutor nombres y teléfonos de dos personas para colocar en algún servicio de limpieza. Acto seguido, el empresario da instrucciones a su secretaria para cumplir la petición: “No sé cuando podrán incorporarse, pero tienen que firmar el contrato y las das de alta. Hay que hacer el paripé, aunque no empiecen a trabajar”.

Un ágora de recomendados

En A Coruña había un filón, el centro multiusos Ágora, gran emblema del anterior alcalde, el socialista Javier Losada, que no pudo verlo acabado. Vendex se hizo con el primer contrato provisional de mantenimiento, limpieza y conserjería, y luego, ya con el PP, logró la adjudicación definitiva, ahora bajo sospecha de amaño. Mientras terminaban las obras, José María Tutor mantuvo a tres empleadas, entre ellas una hermana de la jefa de Contratación del Ayuntamiento, la imputada Gloria Crespo Díaz. Pero para la gran apertura del Ágora, el 30 de enero de 2012, Tutor necesitaba más personal.

“Estamos haciendo números y dándole vueltas. Están llegando papeles de todo el mundo, porque todo el mundo tiene puestas las ilusiones ahí. Se van a meter cinco personas, pero dos ya están”, dice el directivo de Vendex a Eduardo Aceña, un funcionario municipal ya jubilado y también imputado. El 3 de enero de 2012, de paso que llama a Tutor para agradecer el regalo “recibido en casa”, le presiona para enchufar a una sobrina. Aceña, que admitió ante la juez haber negociado concesiones a dedo a Vendex “bajo autorización del concejal” Francisco Mourelo, comenta que intentará “mover el tema por otro lado”. Hablará, dice, “con papá cielo”. “Me refería al alcalde”, confesó ante la juez Aceña, actual presidente de la entidad benéfica Fundación Padre Rubinos. Su sobrina entró en el Ágora. Y, meses más tarde, Aceña volvió a recurrir a Tutor “para contratar tres meses a una chica”.

Otra de las imputadas, Dulce Rodríguez, asesora de la concejal de Cultura, Ana Fernández, negoció la colocación de buen número de personas. Alguna “la manda el alcalde”, precisa a Tutor. Ramón Núñez Centella, recién jubilado como director del Museo Nacional de Ciencias y durante casi tres décadas al frente de los museos científicos de A Coruña, es otro de los que envía currículos. Y el director técnico del Acuario, Francisco Franco, asimismo imputado, tuvo a su esposa, según la juez, “muchos años trabajando” en una filial de Vendex.

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