La justicia censura las maniobras financieras de Gallardón en Madridec
El Tribunal Superior de Madrid anula el ERE aprobado el año pasado en la empresa municipal Manifiesta sus “enormes dudas” y denuncia “el incumplimientos de los principios contables
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha censurado las maniobras contables llevadas a cabo con la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos durante el periodo de Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde de la capital (2003-2011). Los magistrados han anulado un ERE planteado el año pasado por la sociedad al “desconfiar” de su situación económica real, toda vez que las cuentas presentadas “no expresan su imagen real”. La empresa fue finalmente liquidada el pasado 31 de diciembre al alegar el Ayuntamiento que estaba en quiebra técnica. Los magistrados cargan en especial contra las operaciones financieras que permitieron al Ayuntamiento obtener liquidez para mantener su elevado ritmo de gasto e inversiones de los últimos años a cambio de vender a Madridec una serie de activos sin reflejar su “valor razonable”.
La empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec), creada en 1988, tenía 123 trabajadores en el momento de aprobarse el expediente de regulación de empleo (ERE) ahora anulado. El 1 de abril de 2013, el consejero delegado de Madridec, Pablo del Amo, inició dicho expediente para prescindir de 38 trabajadores. Alegó como “causa principal” las “grandes pérdidas existentes” y los “elevados” salarios de la plantilla. Una vez concluido el periodo de negociación, la empresa decidió despedir a 22 trabajadores (con la indemnización mínima: 20 días de sueldo por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades) y prejubilar a otros tres. Los sindicatos UGT, CSI-F y CC OO acudieron a la justicia; el juicio se celebró el pasado 13 de enero, y la sección quinta de lo Social, en sentencia de 27 de enero, decidió que el ERE no se ajustaba a derecho, condenando a Madridec por ello.
Pero, en su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia censura además las maniobras contables perpetradas por el Ayuntamiento de Madrid, que finalmente condujeron no solo al intento de despido de estos trabajadores sino también a la liquidación de la empresa. Los magistrados ponen el énfasis en “las enormes dudas que se desprenden del análisis de sus cuentas”, y muestran su “sorpresa” porque no se contratara una auditoria externa para aclararlas.
Según los datos aportados por Madridec, en 2011 la empresa logró unos ingresos de 37,4 millones, un 8,3% superiores a los presupuestado; pese a ello, generó unas pérdidas de 6,7 millones de euros. En 2012, no obtuvo los ingresos previstos, debido al cierre de varias instalaciones (principalmente, el Palacio Municipal de Congresos) por falta de las medidas mínimas de seguridad. Los ingresos cayeron un 47% respecto al año anterior, mientras que los gastos se incrementaron un 14%. Las pérdidas fueron de 24,3 millones de euros.
¿Qué criterios son válidos para despedir en un ERE?
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia pone en cuestión los motivos alegados por la empresa para despedir a sus trabajadores. De todos los criterios expuestos (preparación académica, polivalencia, conocimientos y habilidades concretas, capacidad para relacionarse con clientes, proveedores y compañeros, productividad, eficacia, eficiencia, adecuación al puesto, aptitud, actitud y salario), los magistrados sólo consideran “verdaderamente admisibles” cuatro: preparación económica, polivalencia, productividad y salario.
Censura en especial que se aluda al “grado de satisfacción” con el trabajador para excluir a determinados empleados del ERE, porque es una criterio “subjetivo” que depende del “juicio personal del empresario”.
Los gastos de personal ascendieron en 2011 a cuatro millones de euros, mientras que los gastos de explotación fueron de 13,3 millones (10,3 millones en concepto de “servicios exteriores”). En 2012, los gastos de personal se mantuvieron en cuatro millones, pero los gastos de explotación se dispararon a 22,3 millones (8,3 millones por servicios exteriores).
El pasado 30 de julio, alegando que Madridec estaba en quiebra técnica, el Gobierno municipal (PP) acordó disolver la sociedad, de forma que parte de sus activos y su plantilla pasaran a 31 de diciembre a otra empresa municipal (Madrid Destino), y sus deudas y activos tóxicos (edificios a medio hacer o imposibles de rentabilizar) se los quedara el propio Ayuntamiento.
Sin embargo, el tribunal considera que “las cuentas anuales aportadas por la empresa, pese a reflejar pérdidas en los dos ejercicios anteriores, no parece que expresen la imagen real de la situación que atraviesa Madridec”. Considera que adolecen de “contradicciones sin resolver”, y de ahí su “desconfianza a la hora de valorarlas y, con ellas, la situación de Madridec”.
El tribunal señala que dichas cuentas fueron objetadas por la auditora externa (KPMG) porque “fue imposible” la valoración de los activos de la empresa. En los años anteriores a 2012, es decir, durante el periodo como alcalde de Gallardón, “el Ayuntamiento realizó una serie de operaciones de cesiones y adscripciones a Madridec de determinados bienes de propiedad municipal, registrándolos por los valores contables y no por los valores razonables”. La empresa municipal inscribió esos bienes por 154,8 millones en el apartado de inmovilizado intangible y de 28 millones en inversiones inmobiliarias.
El Ayuntamiento obtuvo así cantidades millonarias de liquidez para continuar con su elevado ritmo de inversiones y gastos; pero Madridec no registró esos bienes en sus cuentas “por el valor razonable”. El tribunal considera ahora que existen “incumplimientos de los principios contables a la hora de realizar sus cuentas, y ello supone que su credibilidad quede notoriamente disminuida”.
El Ayuntamiento le encomendó a Madridec la construcción y explotación de la Caja Mágica (inaugurada en 2009, costó 294 millones, más del doble de lo previsto; el Gobierno municipal ha reconocido ya que su explotación es ruinosa porque “se encuentra en un lugar inconveniente y su mantenimiento es carísimo”); la construcción del aún inacabado Centro Acuático (que arrastra una hipoteca de 50 millones pese a ser un esqueleto sin uso); y el Centro de Convenciones de la Castellana (un agujero sin destino que ya ha costado más de 100 millones).
Además, el Ayuntamiento transmitió el usufructo de sus acciones en Mercamadrid a Madridec por 188 millones en diciembre de 2010; el Ayuntamiento cuadró sus cuentas con esta operación financiera, pero al coste de hipotecar a la empresa municipal con una deuda inasumible.
El tribunal señala otros motivos adicionales que levantan también sus suspicacias: el pasado 2 de abril (con el ERE ya en marcha), la empresa vendió el edificio APOT, ubicado en Campo de las Naciones, por 51,4 millones de euros; según los magistrados, eso “pone en duda que las pérdidas sean realmente las que se reflejan”. Además, no ofrece “ninguna explicación” del motivo por el que sus gastos de explotación, con partidas “inespecíficas” como los mencionados servicios externos, alcancen esas “elevadísimas cuantías”.
Botella recurre la sentencia
El Ayuntamiento ha avanzado ya su decisión de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo “al no compartir el principal fundamento de la sentencia, el cual considera que las cuentas de la compañía no expresan la imagen real de la situación por la que atravesaba y por lo tanto no merecen la confianza” de los magistrados.
Comisiones Obreras ha solicitado a la alcaldesa, Ana Botella, que aparte de su cargo a Pablo del Amo, antes consejero delegado de Madridec y ahora de Madrid Destino, y abra una investigación para depurar responsabilidades. Además, había pedido al Ayuntamiento que no recurriese ante el Supremo para acabar con la “pesadilla” de los trabajadores, para los que solicitaba su reincorporación.
En esa misma línea ha incidido el líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, que ha añadido además que “Madridec era la caja b del Ayuntamiento” y por tanto debe ser el Tribunal de Cuentas el que analice sus cuentas.
La concejal de IU Milagros Hernández ha pedido un consejo extraordinario de Madrid Destino, ha denunciado “la ausencia de información y transparencia” del Ayuntamiento, y su “tremenda falta de colaboración con la Justicia”. Hernández ha exigido “el fin de la irracionalidad” y que los trabajadores sean reincorporados.
La concejal de UPyD Patricia García pidió también al Ayuntamiento que no recurriera, censurando que el Ayuntamiento haya pretendido en su opinión “sanear unas empresas hundidas por su mala gestión mediante despidos”.
