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La diputada que destapó el ‘caso Cooperación’ cree que Fabra lo ocultó

Un técnico dice que los trabajadores de la Consejería sabían que una ONG compró pisos con ayudas

Joaquín Gil

Arropada por la plana mayor del PSPV, la diputada socialista Clara Tirado ha explicado este jueves ante la sede del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ), donde se juzga desde hace cinco semanas la primera pieza del caso Cooperación, que la cúpula del PP conocía las actividades de la trama que, supuestamente, saqueó diez millones de euros destinados países del tercer mundo durante la etapa del exconsejero Rafael Blasco (2008-2010). Tirado ha apuntado al jefe del Consell, Alberto Fabra, y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “El PP miente si dijo en su momento que no lo sabía".

La diputada se ha referido así al inicio de la investigación, que arrancó el 7 de octubre de 2010 cuando aportó a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia la documentación –expedientes completos, facturas e informes técnicos- que demostraban que la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) recibió una subvención de 1,8 millones sin cumplir los requisitos. La información, ha recordado, le llegó en un sobre blanco anónimo remitido a su nombre a la sede del PSPV de Blanquerías. Y solo fue compartida en una primera fase con tres dirigentes: El exportavoz parlamentario en las Cortes Ángel Luna, el exsecretario general Jorge Alarte y su jefe entonces jefe de gabinete en el partido.

Las defensas de los principales protagonistas de la trama –Blasco,su mano derecha, Marc Llinares, y el presidente de Cyes, Marcial López – cuestionaron sin éxito el procedimiento del PSPV para conseguir la documentación. “Por desgracia, es normal que lleguen casos de corrupción en la Comunidad Valenciana”, explicó Tirado, que ha comparecido como testigo.

Otro de los testigos, el técnico de la Consejería entre 2006 y 2010, Juan José Iborra, ha reconocido que su compañera Eva Solá, que se mostró contraria a que Cyes recibiera ayudas, le transmitió las presuntas irregularidades en la tramitación. “Me comentó el proyecto de oficina técnica y que era raro”, ha indicado en referencia a la compra de pisos y plazas de garaje con la ayuda de la Cooperación. Iborra también ha indicado que los informes de la evaluadora encargada de respaldar el proyecto “eran de poca calidad”.

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Sobre la firma

Joaquín Gil
Periodista de la sección de Investigación. Licenciado en Periodismo por el CEU y máster de EL PAÍS por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene dos décadas de experiencia en prensa, radio y televisión. Escribe desde 2011 en EL PAÍS, donde pasó por la sección de España y ha participado en investigaciones internacionales.

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