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La fiscalía apoya que Cotino y Maritina Hernández declaren en el ‘caso Emarsa’

Secunda la petición del PSPV para que el presidente de las Cortes y la exconsejera testifiquen

Joaquín Gil

La recta final de la instrucción del caso Emarsa —presunto saqueo de 20 millones de la depuradora de Pinedo (Valencia)— podría sentar ante el juez como testigos al presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, y a la diputada del PP Maritina Hernández. La fiscalía apoyó este martes la petición de la acusación popular del PSPV para que el magistrado tome declaración a los dos exconsejeros de Agricultura, Pesca y Alimentación que, en virtud de su cargo, presidieron la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar). Una sociedad de la Generalitat que transfirió a Emarsa cien millones de euros y pagó el doble por el lodo, según la investigación. El juez Vicente Ríos, que hilvana los últimos flecos de una instrucción de tres años, decidirá en los próximos días si escucha sus explicaciones.

Con las declaraciones de Cotino y Hernández, el PSPV pretende conocer cuál fue la responsabilidad de la Generalitat. Los exconsejeros eran los jefes de los imputados Juan José Morenilla e Ignacio Bernácer, exgerente y exjefe de Explotación de Epsar, respectivamente. Y de María Ángeles Ureña, que fue vicepresidenta de esta sociedad durante el periodo investigado (2004-2010) y que los socialistas también quieren que declare.

El PSPV se pregunta por qué Hernández defendió en el diario de sesiones de las Cortes una tarifa por procesar el lodo —42 euros por tonelada— que la investigación judicial considera desorbitada y objeto de mordidas. La exconsejera relacionó la “disparidad de precios” con la “diversidad de depuradoras” y negó que se hubieran triplicado los pagos de Epsar a Emarsa, según los socialistas.

El juez pidió el contrato de una caja de alquiler costeada por Bernácer que figuraba a nombre de otro titular. Ríos indaga así en el patrimonio del exjefe de Epsar, que no ha cubierto su fianza de 13,7 millones. Entretanto, el magistrado refuerza sus pesquisas sobre el coste de tratar el fango entre 2005 y 2011 en otras depuradoras. Ayer, solicitó un nuevo informe a la Epsar sobre las toneladas de lodo evacuadas en las plantas y el conocimiento que tenía el gerente de sus precios.

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Sobre la firma

Joaquín Gil
Periodista de la sección de Investigación. Licenciado en Periodismo por el CEU y máster de EL PAÍS por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene dos décadas de experiencia en prensa, radio y televisión. Escribe desde 2011 en EL PAÍS, donde pasó por la sección de España y ha participado en investigaciones internacionales.

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