El juez del ‘caso Invercaria’ pregunta a Anticorrupción qué desea hacer
La Fiscalía pidió averiguar la legalidad de las transferencias de financiación a siete entidades públicas
El juez del caso Invercaria ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción qué desea hacer con las diligencias abiertas sobre la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y otras seis empresas o agencias públicas andaluzas, una vez recabados todos los informes solicitados a la Intervención de la Junta. El juez de instrucción 16 abrió en noviembre pasado esas diligencias a petición de la propia Fiscalía para averiguar si las llamadas transferencias de financiación a esas empresas habían seguido "la tramitación administrativa procedente, sometida a fiscalización previa con análisis diferenciado".
Se trataba de determinar si hubo presuntos delitos de prevaricación o malversación en la financiación de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP), la Agencia de Promoción Exterior (EXTENDA), la Empresa de Gestión Medioambiental (EGMASA), la Empresa Pública de Deporte Andaluz (EPDASA), la Empresa de Gestión de Infraestructuras (GIASA), RTVA y la empresa turística TURASA.
Una vez entregados por parte de la Intervención General de la Junta los expedientes elaborados desde 2003, el juez ha remitido la documentación a la Fiscalía para que informe cuales deben ser los siguientes pasos en cuanto a diligencias que se pueden practicar, hechos punibles, posibles autores "o en su caso el sobreseimiento".
Fuentes del caso han informado a Efe que se trata de voluminosos expedientes que ahora la Fiscalía Anticorrupción va a estudiar antes de responder al juez Juan Gutiérrez Casillas.
En su solicitud, la Fiscalía indicaba que de los informes de la Intervención "se desprende la utilización de las transferencias de financiación para el abono final por parte de las empresas y agencias públicas reseñadas de subvenciones excepcionales y encargos de ejecución que no han sido objeto de fiscalización previa, siendo ésta exigible en ambos casos".
La Intervención hizo constar que esas empresas públicas "presentan defectos en la contabilización de las transferencias de financiación que afectan a resultados o en la clasificación de activo y pasivo".
Según la Intervención, "de forma indebida, el expediente administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar operaciones de encargos de ejecución, subvenciones excepcionales u otros que habrían requerido una tramitación administrativa propia y sometida a fiscalización previa".
Anticorrupción solicitó unas diligencias propias para cada una de las empresas públicas citadas excepto la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), sobre la que pidió que se enviase a la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, que ya la investiga dentro del caso de los ERE fraudulentos.
En cuanto a las restantes empresas, Anticorrupción dijo que era necesario "investigar si la utilización del reseñado procedimiento puede ser constitutivo de ilícito penal", en concreto de presuntos delitos de prevaricación o malversación de caudales públicos.
