El 11,6% de los catalanes no puede pagar la hipoteca o algún recibo

La crisis económica está aumentando la brecha social y causando estragos en centenares de miles de hogares. Lo indican las grandes cifras económicas referidas a las tasas de paro o ejecuciones hipotecarias, pero también otros indicadores más simples. Por ejemplo, el porcentaje de personas que se retrasan a la hora de afrontar pagos como la hipoteca de la vivienda, el alquiler o los recibos del agua, la luz o el gas. En 2006 eran el 5,4% y en el año 2012 se habían disparado al 11,6%.

Es uno de los muchos datos que contiene el Informe social 2013 de la Fundación Rafel Campalans que preside el diputado del PSC Miquel Iceta y que se presentará el próximo jueves. En un centenar de páginas se analizan las desigualdades en salud, educación, pensiones, protección social o en el mercado de trabajo y se cruzan decenas de estadísticas y datos. En cada capítulo, además, se ofrecen propuestas de futuro que incluyen la derogación de algunas leyes u otras actuaciones en defensa del Estado de bienestar.

La llamada “pobreza energética” es seguramente uno de los indicadores más visibles de los efectos de la crisis. Mientras en 2006 el 5,3% de la población catalana manifestaba tener dificultades para mantener la vivienda a una temperatura adecuada, en 2011 era el 12,7%: el descenso de las rentas familiares, el aumento imparable de los precios y la calidad de la vivienda explican ese problema.

El paro y las deudas por la vivienda son, según el estudio, los principales factores generadores de pobreza, que no siempre va asociada a la falta de empleo. El estudio alude al sector conocido como los “nuevos pobres”, en expresión acuñada por Zygmunt Bauman, ciudadanos con empleo, pero que corren el riesgo de sufrir una situación de pobreza. De hecho, el 14% de los catalanes se consideran pobres, pese a tener trabajo.

Otro dato significativo. En 2006 había en Cataluña un 7,5% de la población que tenía recursos tan limitados que los excluían de un nivel de vida aceptable, pero en 2011 se habían multiplicado casi por tres y eran el 21,6%. Pero, además, había otro 8,2% de la población en la que esa limitación era grave, mientras que en 2006 era del 2,9%.

El paro y la precariedad laboral son los principales problemas sociales que más preocupaban a la ciudadanía (65,6%) al acabar 2013, mientras que en 2006 era solo del 21,2%. Entonces, en plena burbuja inmobiliaria, lo que más inquietaba era el acceso a la vivienda (22,1%), mientras que ahora solo preocupa al 1,1%, seguramente porque se ha convertido en un bien más accesible Por el contrario, la educación, la sanidad y la mejora de las políticas sociales siguen preocupando tanto o más que hace siete años.

La brecha social es también una evidencia que constata el estudio. En 2009 los colectivos más bienestantes tenían una renta 3,9 veces superior a la del 10% más pobre, mientras que en 2011 era cinco veces superior. En 2006 algo menos del 70% de la población contaba con un nivel de renta intermedio, mientras que el 20% tenía ingresos altos y poco más del 11% una renta baja. Después de la crisis las proporciones son del 61%, 22,4% y 16,1%, respectivamente.

Otro apartado de la encuesta se refiere al mercado de trabajo y constata un dato que aparece en todas las encuestas: a mayor formación, menos riesgo de quedarse en paro. Uno de cada dos catalanes sin la ESO ha perdido el empleo entre el tercer trimestre de 2007 y el primero de 2013, En el caso de las personas con estudios avanzados ha sido del 19,8% y solo del 1,5% con estudios superiores.

Que las desigualdades sociales inciden en la salud de las personas es otro dato previsible y el estudio constata que la situación de paro incrementa en un 9% en hombres y mujeres el riesgo de sufrir un trastorno mental. Y a menos recursos, más riesgo, especialmente entre las mujeres (17,1% en mujeres de clase baja frente al 7,5% de los hombres de clase alta), igual que a más nivel académico, menos riesgos de sufrir el trastorno.