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La Ribera Baixa se rebela ante el plan de la Generalitat para mejorar el agua

Los Ayuntamientos quieren las mismas condiciones que la ciudad de Valencia

Alzira ha tenido problemas que han llevado a prohibir el uso del agua del grifo para beber.
Alzira ha tenido problemas que han llevado a prohibir el uso del agua del grifo para beber. MÒNICA TORRES

Albalat de la Ribera, Benicull, Corbera, Fortaleny, Polinyà de Xúquer, Riola y Sueca, así como las comunidades de regantes de la Ribera Baixa, discrepan de la solución aportada por el Consell para dotar de agua de calidad a los vecinos de la comarca. Entre los ayuntamientos que la han aceptado, Alzira, Algemesí, Carcaixent, Cullera, Favara y Llaurí, todos ellos con alcaldías en manos del PP, también han aparecido las primeras reticencias.

Disienten, incluso en Consistorios gobernados por el PP, de que el suministro para tratar deba de ser comprado a la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), en este caso los regantes de las acequias Real, Carcaixent y Escalona, y que éste no proceda de una concesión del Estado en las mismas condiciones que la tienen las ciudades de Valencia y Albacete. Además, entre otros aspectos, se oponen a que el precio final a pagar por los ciudadanos sea el anunciado el pasado martes por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en la inauguración de la nueva potabilizadora de La Garrofera, situada en el término de Alzira.

Fabra aseguró que La Ribera tendrá el agua potable más barata de la Comunidad Valenciana. Habló de 18 céntimos de euro el metro cúbico durante el primer año y medio; y de 30 después, para amortizar lo gastado en la infraestructura y saneamiento. El presidente comparó este precio con los 65 céntimos de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, en Murcia; los 41 de los usuarios de Valencia; o los 40 de Albacete. El precio que percibirán los regantes de la Ribera Alta es de 7 céntimos por metro cúbico.

La inversión realizada para la conducción del agua potabilizada asciende a 38 millones de euros. El total previsto es de unos 55 millones. El presidente aseguró que la segunda fase, que ha de acercar las tuberías a Algemesí, Albalat, Benicull, Fortaleny, Polinyà, Riola y Sueca, comenzará el próximo día 14.

Tendrán que mezclar el agua de la potabilizadora y de sus propios pozos

Joan-Baptista Ferrando, alcalde socialista de Albalat de la Ribera, señala: “Los Ayuntamientos todavía tenemos un mar de dudas sobre esa solución”. Cuenta que se les obligará a cerrar las actuales concesiones de pozos, o a mezclar el agua de la potabilizadora (con un nivel de nitratos de 7 miligramos por litro) con la propia. “Es decir, que tendremos que pagar por el agua que ahora tenemos gratis por concesión del Estado, o pagar la que entrará por el contador general que instalarán a la entrada de la población”, explica. “Y deberemos seguir haciendo frente a los gastos generales del mantenimiento de nuestros pozos si la hemos de mezclar para rebajar el nivel de nitratos”.

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En los mismos términos se expresa Jordi Vicedo, de Compromís, alcalde de Corbera, localidad por la que pasa la tubería que acerca el líquido elemento a Llaurí, Favara y Cullera. El agua llegó a inundar huertos y caminos rurales en el período de pruebas a mediados de enero. El gobierno local ha rechazado la solución del Consell. Tras valorar en un millón de euros la cantidad a pagar a los regantes de la USUJ de la Ribera Alta, estima que al precio anunciado por Fabra habrá que añadir el coste de extracción de la propia para mezclarla. Así, interpreta que no será inferior a los 40 céntimos por metro cúbico.

Llaurí es punto y aparte. No va a poder mezclarla porque su pozo está contaminado por herbicidas. “No tenemos ni idea del precio final que vamos a tener que pagar”, manifiesta el concejal de Medio Ambiente, Vicent Pérez, de Gent de Llaurí. “Lo valoraremos cuando lo sepamos y, si fuera un precio excesivo, podríamos llevar a cabo una consulta popular”.

Los pozos que abastecen a la mayoría de estas 13 poblaciones presentan un nivel de nitratos, por encima de los 50 miligramos por litro que determina como apta la Organización Mundial de la Salud (OMS). A este problema, que data de los años 80, se añadió en 2012 la presencia de herbicidas en Carcaixent y Llaurí. Este abastecimiento de La Ribera alcanza a 350.000 habitantes, incluyendo los de la época veraniega.

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