El fiscal pide el informe sobre los cursos de formación para analizar si hay delito

El consejero de IU en la Cámara de Cuenta dirigió el trabajo de fiscalización Avalancha de críticas por la falta de control de las subvenciones públicas

Sevilla - 31 ene 2014 - 21:35CET

José Sánchez Maldonado atiende a los medios en Huelva.JULIÁN PÉREZ (EFE)

El informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre las subvenciones de la Junta para la formación profesional no ha dejado indiferente a nadie, ni en el ámbito político ni en el judicial. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha pedido a la Cámara de Cuentas que le remita la auditoría para valorarla “por si hay que abrir alguna investigación de oficio”, según indicaron ayer fuentes del ministerio público.

El caso Invercaria, sobre concesión de préstamos cuantiosos por parte de esta sociedad pública a empresas privadas, también comenzó con un informe demoledor de la Cámara de Cuentas. El peso de esta investigación lo lleva la fiscalía anticorrupción. La juez del caso ERE, Mercedes Alaya, abrió en octubre pasado una investigación sobre los cursos de formación de UGT, que se encuentra bajo secreto.

El órgano fiscalizador de la comunidad describe en un informe hecho público el pasado jueves la falta de control de las ayudas concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cursos de formación profesional durante 2009 y 2010. El 89% de las subvenciones concedidas en 2009 lo fueron sin concurrencia competitiva; no existen planes de seguimiento y evaluación de los cursos por parte del SAE; tampoco se incorporaron las recomendaciones de los auditores realizadas hace 10 años; y hay deficiencias de control interno.

Sanz pide a Díaz explicaciones

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, José Luis Sanz, aseguró ayer que el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre ayudas de la Junta a la formación para el empleo, ha dejado en “ridículo” el discurso de la presidenta andaluza, la socialista Susana Díaz, contra la corrupción, y anunció que le exigirán explicaciones en el Parlamento por la “orgía de los fondos de formación”, afirma en un comunicado.

“Susana Díaz hace el ridículo cada vez que repite que va a ser implacable contra la corrupción en su Gobierno y en su partido, porque cuanto más lo dice más crece la corrupción a su alrededor”, añadió Sanz.

El secretario general del PP opinó que el informe de la Cámara de Cuentas pone de manifiesto que "el fraude de los ERE no fue un caso aislado, sino que en la Junta ha existido un modus operandi que se repite en el tiempo y que se basa en el descontrol del dinero público, y en el reparto arbitrario de las ayudas sin concurrencia pública y sin control posterior de lo que se ha hecho con el dinero".

Para el dirigente popular “en Andalucía no estamos ante casos aislados de corrupción, sino ante un solo caso, que es la corrupción del PSOE en la Junta”. Según él, “el fraude se reproduce porque el PSOE no ha dicho la verdad de los ERE ni ha asumido responsabilidades”. Sanz subrayó que el informe de la Cámara de Cuentas vuelve a incidir en la “evidencia clamorosa del fracaso absoluto del modelo de concertación social”.

Sanz dijo que espera que Díaz dé explicaciones en el Parlamento y no se vuelva “a negar, como ha hecho con los ERE o el fraude de UGT”.

La auditoría revela que la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) no ha justificado ayudas recibidas en los dos años inspeccionados por importe de 48,8 millones de euros. La Cámara de Cuentas señala posibles “responsabilidades administrativas y contables” en el expediente de esta fundación, ya extinguida aunque sus alrededor de 1.200 trabajadores fueron colocados en el SAE.

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, dirigida por el socialista José Sánchez Maldonado, justificó esta situación a que la sociedad está en trámite de liquidación. Esta explicación no convenció a Izquierda Unida, su socio en el Gobierno de coalición. El informe de la Cámara de Cuentas sobre las ayudas a la formación profesional realizados por los auditores ha sido visado por el consejero propuesto por IU, Javier Navascués, quien ya puso pegas a la aprobación de la cuenta general de la comunidad por las transferencias de financiación de las agencias empresariales.

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Ignacio García, vicepresidente del Parlamento y diputado de IU por Cádiz, lamentó que Economía haya argumentado la dificultad de justificar las ayudas en que Faffe está disuelta. “La Junta no puede renunciar a investigar este asunto hasta las últimas consecuencias. Da que pensar que la disolución de Faffe fue interesada en previsión de lo que venía”, dijo García.

Pero la voz más dura desde IU fue la de su portavoz parlamentario, José Antonio Castro, quien aseguró que Faffe “tenía características profundas de sector público de chiringuito del PSOE, con la ausencia de objetivos y de desarrollo de funciones”. Tampoco a Castro le gustó las explicaciones de Economía que defendió el jueves la legalidad de las ayudas, aunque ayer Sánchez Maldonado afirmó que la Junta auditará las irregularidades en la fundación y que “va a seguir todas las indicaciones” del órgano fiscalizador”.

“No sabemos que informe han leído [en Economía]”, dijo Castro. Este destacó que los argumentos de la Cámara de Cuentas son similares a los que dio en la comisión de investigación de los ERE: “Que el procedimiento era irregular, sin concurrencia pública, con falta de seguimiento y control sobre los fondos y el desarrollo, por tanto, de los cursos de formación, y que tampoco se investigaba el impacto que tenían”. Castro exigió que “se investigue hasta el fondo, caiga quien caiga”, esperando que “caiga más pronto que tarde”, y que se depuren responsabilidades políticas, “la asignatura pendiente en el serial de los ERE”, informa Europa Press.

El socialista Francisco Conejo dijo que si hay responsabilidad administrativa o contable, “el Gobierno andaluz se empleará a fondo para solucionar el problema”.

El informe de la Cámara de Cuentas analiza 78 expedientes de los 3.911 de ayudas para formación durante 2009 y 2010. El importe de las ayudas fiscalizadas ascienden a 279,5 millones de euros, el 37% de los 746 millones concedidos en esos dos ejercicios presupuestarios. La CEA, con 83 millones, Faffe (66,3), UGT (63,5) y CC OO (63) encabezan la lista de los perceptores.