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Xunta y gobierno de Rianxo se acusan de dejar sin amparo a un vecino enfermo

La Policía Local se encontró varias noches al hombre tirado en la calle. "La Xunta está lejos”, dice la concejala del municipio Un juzgado ha retirado la tutela al Gobierno gallego

Residencia de Noia en la que fue ingresado el vecino
Residencia de Noia en la que fue ingresado el vecinoÓSCAR CORRAL

Desde que en septiembre un juzgado de Padrón retiró la tutela de un hombre de 54 años a la Funga (la fundación dependiente de Benestar creada para responsabilizarse de los adultos incapacitados y desamparados), el propio afectado, con su escuálida pensión, y el Ayuntamiento de Rianxo están cubriendo los gastos derivados de su ingreso en una residencia. Pero la concejala de Asuntos Sociais, Adelina Ces, advierte de que el consistorio no tiene dinero para esto. Defiende que es la Xunta la que, mientras no se resuelve por la vía judicial la denuncia por un delito de abandono que presentó contra la Funga la propia Policía Local de Rianxo, debe costear la plaza que da cobijo a J. Benestar, por la parte que le toca, da explicaciones en sentido contrario.

Los agentes se habían encontrado varias veces tirado en la calle, en un estado penoso, desorientado, desnutrido, borracho, muy sucio e incapaz de volver a casa a este rianxeiro. Y al menos en dos ocasiones, según explican en el Ayuntamiento, se informó a la Funga, que desde marzo de 2013 debía velar, pero supuestamente no lo hacía, por el bienestar de este señor incapacitado, e incapaz de atender a las cuestiones más elementales y cotidianas de su vida. El juzgado ha confiado temporalmente la tutela a la Administración local, la misma que últimamente, según Ces, alertaba a la Xunta del peligro que supondría abandonar al enfermo por más tiempo, sobre todo cuando llegase el frío del invierno.

En el Ayuntamiento dicen que J. no se alimentaba y gastaba esa parte estipulada de su pensión que la Funga le permitía sacar del banco únicamente en alcohol y tabaco, sin que nadie vigilase que no fuese así. Lo único que hacía la fundación, según explican, era ejercer el control sobre la cuenta bancaria de este marinero retirado limitando el acceso a su dinero. Un hombre que conoció una vida como la de la mayoría, que estuvo casado y tuvo hijos, que llegó a tener buenos ingresos económicos porque trabajó “en las plataformas”, recuerdan sus vecinos, terminó malamente retirado, con lesiones, una pequeña pensión de invalidez y un grado de alcoholismo que ha derivado en otras enfermedades.

La edil nacionalista comenta que en su departamento están “a la espera de que Benestar dé la orden de libranza” (algo que, según ellos, se comprometieron a solucionar en diciembre) y pague la parte de la residencia que el vecino no alcanza a cubrir. Durante estos meses, el hombre ha tenido tiempo de cambiar de centro. Primero ingresó precipitadamente donde había hueco, en uno privado de Noia, y ahora, según el Ayuntamiento, ha conseguido sitio en otro con plazas que dependen de la Xunta.

Pero Benestar da una versión radicalmente distinta de los hechos. La Funga ya no tiene la tutela, “se entera de lo que va pasando por la prensa local”, porque “ahora la responsabilidad es del Ayuntamiento”, y por tanto “los gastos tampoco corresponden a Benestar”. A Rianxo no le toca cobrar nada del dinero que ha puesto en la residencia privada, explican desde la consellería de Beatriz Mato, y “tampoco ha habido ninguna solicitud en este sentido”. Lo que se está tramitando ahora, pero con los plazos y los tiempos que debe esperar cualquier ciudadano, es el abono por la Ley de Dependencia del dinero que le falta cada mes al “extutelado” para poder hacer frente al precio de su nueva plaza. Algo que todavía puede tardar.

“De este caso de abandono llevábamos tiempo avisando, intentando que la Funga cumpliese con su obligación. Nosotros nos preguntamos cómo hace el seguimiento de los adultos que tutela”, comenta Ces. “Porque los que están en residencias son atendidos, pero los que siguen en sus casas porque supuestamente aún se valen por sí mismos, ¿qué? ¿Les hacen visitas? ¿Con qué frecuencia?”. La concejala plantea la paradoja de que quien tiene los medios, la Xunta, “está lejos”; mientras que los servicios sociales de los municipios, sin potestad ni recursos, “son los que ponen los ojos y el corazón: aquí, la gente en apuros son vecinos míos, amigos, hijos de conocidos. Yo los siento como cercanos que son”.

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Cuando, a la espera de que se celebre el juicio, se retiraron los poderes a la Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas, el Ayuntamiento solo localizó para J. la residencia privada. Ahora ha logrado otra en Vilagarcía. “Pero Benestar no hizo nada, le conseguimos la plaza nosotros”, reivindica Ces. “Fueron las técnicas municipales quienes lo intentaron en varios sitios hasta encontrarla”. J. pone sus ingresos (ahora bajo la vigilancia del Ayuntamiento) y el resto se espera que llegue algún día.

Según comentan en los servicios sociales “está contento, aunque no puede beber ni gota de alcohol, porque ya le dejan fumar unos pocos cigarrillos al día”. El siguiente paso en su recuperación lo dará cuando le empiecen a dejar ir a tomar un café a un bar, aunque sea acompañado. Él, explican, aguarda eso como un niño la noche de Reyes. Cuando llegue el día, en la cafetería tendrá que seguir manteniéndose lejos de la bebida.

La familia también se desentendió

Inmersa ahora en el proceso judicial, la Funga se defiende explicando por escrito a este diario que “no es cierto que hubiese dejación de funciones” ni que “la situación social y sanitaria” del vecino de Rianxo “hubiese empeorado” desde que la fundación aceptó el cargo de tutora. Al contrario, “la Funga llevó a cabo todas las actuaciones posibles para mejorarla”, “incluso antes de asumir la tutela”. Desde hace 16 años, “constan registradas diversas intervenciones y asistencias tanto de los servicios sanitarios como de los cuerpos de seguridad, donde se deja constancia de las malas condiciones en las que vivía esta persona”, por eso la fiscalía, alertada desde el hospital, inicia en 2011 un proceso que desemboca un año después en el nombramiento de un familiar como tutor de J. Pero este pariente se negó, por eso se nombró a la Funga, que asumió la tutela efectiva en marzo de 2013. De ahí, hasta septiembre, que fue denunciada, asegura que “realizó todas las actuaciones posibles para atajar” la “complicada” problemática del caso. “No parece justo exigirnos que revirtamos en cinco meses una situación en la que trabajaron autoridades, familia, servicios sociales y sanitarios muchos años y no lo consiguieron”, concluye.

La fundación critica que la Policía Local “cambiase el protocolo de actuación”, enviando el atestado al juzgado cuando la Funga se convirtió en tutora. “En las numerosas intervenciones realizadas a lo largo de los años, se limitaron a remitirlo al departamento de servicios sociales de Rianxo y a la alcaldía”. “En todos estos años”, la solución urgente que pedían los agentes municipales “no fue adoptada por el Ayuntamiento”.

El gráfico de barras de los adultos que atiende de alguna manera la Funga, desde 1997, es una montaña que sube en picado sin desmayo alguno, y empina todavía más en los tres últimos años. El envejecimiento de la población, el desarraigo familiar, el repunte de las enfermedades mentales diagnosticadas y la crisis han disparado las cifras. Las tutelas propiamente dichas eran, a 31 de diciembre, 1.358, pero a esto hay que sumar otros servicios, como las defensas judiciales o la administración de bienes, hasta llegar a los 2.322 gallegos que estaban siendo oficialmente amparados por la entidad a finales de año. Los nuevos casos se presentan a un ritmo de 35 o más al mes, y la consellería prevé que esta tendencia se siga acentuando.

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