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La defensora del pueblo critica la exposición fascista de Quijorna

Becerril pide al Ayuntamiento que evite la exaltación de la guerra y la dictadura Recuerda a la alcaldesa que debió informar previamente a la oposición UGT y PSOE denunciaron el acto que albergó un colegio público La institución recuerda que deben retirar la placa de los “caídos por Dios y por España”

Pilar Álvarez
La Defensora del Pueblo Soledad Becerril durante su intervención ante el pleno del Congreso en marzo de 2013.
La Defensora del Pueblo Soledad Becerril durante su intervención ante el pleno del Congreso en marzo de 2013. Uly Martín

La exposición con parafernalia franquista y nazi que se celebró en un colegio público de Quijorna, a finales de septiembre, sigue creando polémica. La última en pronunciarse ha sido la defensora del pueblo, que critica en un escrito la decisión del Ayuntamiento y le recrimina que no hubiera evitado la celebración de la exposición, abierta a todos los públicos. La institución que dirige Soledad Becerril recuerda al Consistorio, gobernado por el PP, que debe frenar actos en los que se busque la “exaltación” de la guerra o se haga apología de la “represión de la dictadura”.

En el polideportivo del colegio Príncipes de Asturias del municipio del suroeste madrileño (3.000 habitantes) se vendieron durante la feria celebrada un sábado banderas preconstitucionales, pósteres del dictador Francisco Franco, cuadros con la efigie de José Antonio, fundador de la Falange, estandartes con la esvástica nazi, parches con la calavera emblema de las SS Totenkopf y material de distintos grupos ultras de fútbol, entre otros enseres.

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La noticia, destapada por EL PAÍS, provocó un aluvión de críticas a la regidora, Mercedes García. La edil fue cuestionada y criticada durante los días posteriores tanto dentro como fuera de su partido. La Comunidad de Madrid alegó que no le habían comunicado la celebración del evento. Representantes de la inspección educativa acudieron al centro tras la denuncia pública para “conocer los hechos y las circunstancias”, según recoge el escrito de la oficina del Defensor.

La regidora, que no fue sancionada, se defendió asegurando que no tenía intención de herir los sentimientos de nadie con la exposición y que, cuando la visitó, no se percató en su recorrido de que hubiera banderas predemocráticas o cruces gamadas en los expositores. El PP cuenta con seis concejales en el municipio, por los cuatro del Grupo Independiente de Quijorna y una edil del PSOE. Becerril añade en su escrito que el equipo de Gobierno debía haber informado “con antelación” a los grupos municipales para facilitar que controlen y fiscalicen sus actuaciones en el pleno. También indica que tenían que haber informado a la dirección del centro. José Luis Pérez Maroto, primer teniente de alcalde de Quijorna, evitó ayer valorar esta crítica. Maroto consideró que este asunto es solo “carnaza” y rechazó hacer declaraciones a este periódico, tras indicar que están “hartos” del tema.

El escrito del Defensor responde a las alegaciones presentadas por el PSOE y por la federación de trabajadores de la enseñanza Fete-UGT. “Espero que se tomen las medidas oportunas para que esto no se vuelva a repetir en ningún colegio público, privado o concertado”, señaló ayer la edil socialista Azucena Concejo, que denunció la exposición ante la Guardia Civil junto a otros particulares. Concejo pide a la Consejería de Educación que fije “un marco normativo” que evite estas celebraciones en cualquier centro.

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El sindicato UGT, por su parte, denunció el “claro carácter violento y de exaltación del fascismo” del evento organizado por el equipo de Gobierno municipal en el único colegio público de la localidad. Para UGT, la actuación de la alcaldesa cuestiona “muy seriamente” su capacidad para gobernar, según alegaron ante la oficina del Defensor.

También consideraron en sus alegaciones que la exposición “no preserva de ninguna manera” distintos valores recogidos en la legislación actual, sino que fomenta otros como “la violencia y la discriminación” al incluir símbolos que “chocan frontalmente con los valores constitucionales y de Estado social y de derecho”. El sindicato recuerda que otros países europeos van más allá en la vigilancia de este tipo de actuaciones y prohíben los símbolos nazis o las banderas de los ultras “que utilizan como estandarte de guerra o violencia callejera”.

La institución recuerda que se deben retirar los objetos conmemorativos de la guerra

Al día siguiente de la exposición en el colegio Príncipes de Asturias, hubo otro acto en el municipio de Quijorna con tintes similares. La alcaldesa, Mercedes García, acudió a rendir un homenaje al monumento por los "caídos por Dios y por España en la defensa de Quijorna del 6 al 8 de julio de 1937", según recogía la placa dorada de su frontal, inaugurada aquel día y retirada por un grupo de miembros de Yesca antifascista a mediados del pasado octubre. Los caídos a los que hacía referencia pertenecían al bando nacional y perdieron la vida durante la batalla de Brunete. El Ejército republicano tomó la localidad el día 9, tras romper las defensas de dos centurias de la Quinta Bandera de la Falange de Castilla, una compañía del Tabor de Ifni, un batallón del regimiento de Toledo y voluntarios falangistas locales. Entre la veintena de asistentes, había varios vestidos con camisa azul y boina roja. García manifestó un "respetuoso reconocimiento" a la memoria del municipio "simbolizada" en el monolito erigido en la plaza "por deseo popular" de los habitantes mayores del municipio.

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recuerda ahora los “deberes legales” del Ayuntamiento. Entre ellos, cita la retirada de “objetos conmemorativos de exaltación de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura” que recoge la Ley de la Memoria Histórica, o la obligación de prevenir que “en la organización de actos y eventos no se busque la exaltación de la guerra ni la represión de la dictadura”.

La plaza en la que se encuentran el monolito y la placa se llama Quinta Bandera, en recuerdo del batallón citado. La edil del PSOE en el municipio, Azucena Concejo, explica que en diciembre intentó sin éxito cambiarle el nombre para cumplir la Ley de la Memoria Histórica. Propuso rebautizarla Nelson Mandela, en honor al presidente sudafricano que acababa de fallecer. “Me dijeron que Mandela no tiene ninguna relación con Quijorna y rechazaron incluso debatir la moción”. En el próximo pleno, en marzo, reclamará la retirada del nombre de la plaza apoyándose en el escrito de la defensora.

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Sobre la firma

Pilar Álvarez
Es jefa de Última Hora de EL PAÍS. Ha sido la primera corresponsal de género del periódico. Está especializada en temas sociales y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en este diario. Antes trabajó en Efe, Cadena Ser, Onda Cero y el diario La Opinión. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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