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Los funcionarios hunden la versión de Blasco que sostuvo el Consell

La Generalitat rectificó varias veces informaciones sobre el saqueo de la cooperación

La ex jefa de servicio Teresa Clemente, una de los funcionarios que se opuso a Blasco, sale de declarar.

Los funcionarios que en 2008 intentaron evitar el saqueo de las ayudas valencianas al Tercer Mundo volvieron a arrasar ayer en el juicio la defensa del exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía Rafael Blasco, al que acusaron de presionarles para conceder irregularmente las ayudas que acabaron siendo desviadas. La Abogacía de la Generalitat pide ahora 11 años de prisión para el entonces consejero por los hechos en el caso Cooperación. Pero durante casi dos años el Gobierno autonómico lo amparó e incluso lo defendió con su servicio jurídico ante las informaciones que denunciaban lo ocurrido.

“Me presionó pero me mantuve firme”

I. Z.

La exjefa de servicio de Cooperación, Teresa Clemente, y el extécnico del mismo departamento Manuel Fornás confirmaron ayer el gran interés personal que el exconsejero Rafael Blasco mostró por que se concediesen 1,6 millones de euros en subvenciones a la Fundación Cyes a pesar de que no cumplía el requisito de la experiencia previa. “Llegó a preguntarnos si no habíamos cometido nunca ninguna irregularidad”, relató Fornás. “En el sentido de: ‘Estáis siendo muy escrupulosos en este expediente. ¿En otros también lo habéis sido? Y nos dijo que iba a hacer que le subieran nuestros expedientes anteriores para revisarlos”, declaró en el juicio del caso Cooperación.

Los escrúpulos estaban justificados. Según la investigación que ha sentado a Blasco y a su gabinete en el banquillo la Fundación Cyes desvío los fondos de los proyectos agrícolas en Totogalpa (Nicaragua) hacia inversiones inmobiliarias en Valencia.

Ambos funcionarios coincidieron con la versión ofrecida el jueves por el ex jefe de área de Cooperación Sergio Fernández Aguado de que Blasco los convocó a una reunión, a las siete de la tarde del día anterior a las vacaciones de verano (31 de agosto) de 2008 en la que “insistió e insistió” para que firmasen el acta que permitía entregar los fondos a la fundación. “Le decíamos que no y se enfadaba”, recordó Clemente; “me sentí presionada pero me mantuve firme”.

La ex jefa de servicio explicó que los proyectos de Cyes estaban redactados para dar a entender que se iba a adquirir una “oficina técnica” en Nicaragua. “Pensar que eran pisos en Valencia era un disparate”, añadió.

Blasco, aseguraron ambos, repitió que él garantizaba que la fundación tenía experiencia y que debían “confiar” en él. Una implicación personal que, según Clemente, le confirmó el presidente de la entidad y también acusado, Marcial López: “Me dijo que no le pidiera más papeles porque eso ya lo tenía hablado y resuelto con el consejero”.

Los cuatro funcionarios que se opusieron al plan del consejero en el verano de 2008 fueron destituidos o pidieron el traslado ante el ambiente irrespirable de la consejería. Todos, sin embargo, se mantuvieron en departamentos de la Generalitat al ser funcionarios de carrera. Los hechos fueron publicados y denunciados a la fiscalía por las diputadas Clara Tirado (PSPV-PSOE) y Mireia Mollà (Compromís) en octubre de 2010. El Ejecutivo presidido primero por Francisco Camps y después por Alberto Fabra nunca preguntó por lo sucedido, sin embargo, a sus funcionarios, ni abrió una investigación interna al respecto.

Al contrario: el 8 de octubre de 2010, Blasco compareció en la sala de prensa de la Generalitat y esgrimió una documentación que se ha revelado falsa para negar la información publicada por este periódico de que una fundación había comprado inmuebles en Valencia con 1,6 millones concedidos para proyectos en Nicaragua. Esto es, los hechos por los que ahora se sientan en el banquillo Blasco y su cúpula en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía. Con el lugar elegido, Blasco, experto en representaciones políticas, escenificaba el total apoyo de la Generalitat, entonces presidida por Camps, a su versión. La Abogacía del Consell ejercería reiteradamente acciones judiciales de rectificación contra cada una de las informaciones sobre el caso publicadas por medios como EL PAÍS.

En marzo de 2012, después de la oleada de detenciones ordenada por la juez Nieves Molina, que incluyó a varios altos cargos de la etapa de Blasco, la Generalitat se personó en la causa. En agosto, después de que la magistrada pidiera la imputación de Blasco, el Consell se sumó a la petición. Aunque todavía mantenía que lo hacía solo para que pudiese “explicarse con todas las garantías procesales”. Blasco dejó por entonces el cargo de portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas. Pero no fue forzado a dejar el grupo hasta un año después, cuando la Abogacía de la Generalitat anunció la elevada petición de pena contra él.

El vicepresidente José Ciscar, preguntado ayer tras el pleno del Consell sobre por qué no se escuchó en su momento a los funcionarios que ahora declaran en el tribunal, respondió: “¿Cuándo dice que fue eso?”; “yo no estaba entonces y desconozco los motivos”. Pero declinó hacer autocrítica sobre la trayectoria de la Generalitat en el caso. “Haremos las valoraciones que haya que hacer cuando termine el proceso”, se limitó a afirmar.