200 estudiantes al borde del desahucio
El edificio no permite el acceso de bomberos Dos tribunales ordenan cerrar una residencia universitaria Recibió licencia pese a sus problemas de seguridad
La calle que pasa por delante fue reformada hace dos años con un millón de euros de dinero público, pero los 200 estudiantes que viven en la residencia universitaria As Burgas (Ourense) están a un paso del desalojo porque faltan aceras. Dos tribunales han decretado su cierre inmediato porque el entorno nunca fue urbanizado y en caso de incendio los bomberos no podrían acceder en condiciones de seguridad a la totalidad del edificio, un rectángulo de 110 metros de largo y seis plantas en una parcela que albergó una fábrica de estructuras metálicas desde los años cincuenta.
Tras ser pagada íntegramente con fondos públicos y cedida durante medio siglo a la empresa Siresa, la residencia está rodeada de maleza y esqueletos de naves industriales en estado ruinoso que impedirían una evacuación segura más allá de la pequeña fachada lateral que da a la calle con aceras nuevas. Trece años después de su apertura, la residencia incluso sigue cercada por vallas de obra de dos metros altura que bloquean alguna de las salidas. Los jueces obligan a echar el candado e instan al Ayuntamiento de Ourense a “adoptar todas las medidas precisas para asegurar el cese de la actividad”. A esta situación se llega después de los desmanes urbanísticos amparados por los gobiernos municipales del Partido Popular y del PSOE.
UGT dudó de la concesión
A Siresa, la concesionaria de la residencia, incluso le sobró subvención. El proyecto fue financiado por Xunta y Diputación de Ourense con 610 millones de pesetas a fondo perdido. El presupuesto de la obra fue de 597 millones. Y la empresa gestiona la residencia durante 50 años. Los alojados pagan (sin manutención) unos 250 euros mensuales por habitación compartida. El precio escala hasta unos 325 euros en habitación individual. Siresa hace negocio con la explotación de una obra pagada con fondos públicos en terrenos cedidos por la Administración. Y por eso UGT realizó un informe en el que denunciaba “graves irregularidades en la concesión de las residencias de Vigo y Ourense”.
“Los estatutos de la Universidad establecen que las residencias tienen idéntico régimen jurídico que las facultades y deben ser centros públicos”, explica el informe. UGT acusó al exrector, Domingo Docampo, de hacer un pliego a medida: “Se conformaron unas cláusulas adaptadas a la manera de trabajar de Siresa y de antemano se quería que fuera la concesionaria”. En el texto se detallan numerosos aspectos técnicos que UGT consideraba irregulares (entre ellos parte de la tramitación urbanística de la residencia de Ourense) y se acusa a la Universidad de plagiar los pliegos “transgrediendo los principios básicos de concurrencia, igualdad y no discriminación”. El caso llegó al Tribunal Superior, que desestimó el recursos por “carecer [UGT]de legitimidad y falta de interés directo en la causa”.
Primero el PP concedió en 2000 permiso de obra y amparó la apertura sin estar finalizada la obligatoria urbanización. Cuando los estudiantes llevaban una década desfilando por unas instalaciones peligrosas en caso de fuego y cercadas por ruinas, el actual gobierno del PSOE concedió licencia de ocupación y apertura definitiva sin corregir esas irregularidades. “En el año 2011, incomprensiblemente, el Ayuntamiento cambia de criterio”, dicen las sentencias. “El proceder de la junta de gobierno local ha sido extraordinariamente arriesgado, cuando no constitutivo de infracción penal”, acusa el juez al actual gobierno socialista. Y es que no se puede conceder licencia de ocupación sin urbanizar la parcela.
El oficial de los bomberos de Ourense, José Benito Álvarez, ha explicado a este diario que la normativa vigente cuando se edificó “estipula un margen de seguridad de 30 metros desde cualquier entrada”, algo que no se cumple. “Para actuar con seguridad y desplegar la escalera necesitamos unos seis metros libres en paralelo a la fachada”, asevera. Los jueces concluyen que la ausencia de calles y aceras “puede comprometer la seguridad del inmueble y de sus ocupantes”. La sentencia explica que el perito judicial certificó “que no podrían llegar los medios de auxilio, incumpliéndose la normativa de incendios”. “Creo que no es preciso recordar recientes sucesos en los que han sucedido tragedias muy graves por irregularidades en espacios que debían ser controladas por la Administración”, llega a asegurar el juez.
La residencia ocupa unos terrenos ubicados entre los dos campus universitarios de la ciudad, que en los últimos años han bailado entre lo público y lo privado. El entorno iba a ser un gran polígono de viviendas cuando el edificio ilegal fue levantado. Después se planificó la expansión de la universidad sobre esas parcelas que ahora vuelven a estar bajo un plan urbanístico que estipula bloques residenciales. Precisamente una de las empresas propietarias de terrenos (Casas Orense SA) es la que ha llevado el caso a la justicia, presentando incluso un nuevo plan de urbanización. Sin embargo, los empresarios denuncian que la actual concejala de Urbanismo, Áurea Soto, “lo bloquea porque quiere impedir a toda costa el desarrollo del polígono para cambiar su ordenación en el nuevo plan de urbanismo”. Soto matizó que la denuncia es una venganza de Casas Orense tras otro fallo judicial que le impide aprovechamientos urbanísticos en la misma zona. También asegura que el Ayuntamiento “acata las sentencias”, aunque cree que “lo más lógico es que se tramite una nueva licencia”. El fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no estipula una fecha de cierre y expulsión de los estudiantes, pero fuentes jurídicas explican que debe ser inmediato. Los denunciantes avisan de que van a reclamar la clausura en cuanto los autos judiciales sean comunicados formalmente. Y eso puede suceder en semanas, a mitad de curso universitario.
