Industrias caducadas
Más de un millar de empleados pierden su puesto por cierres o regulaciones de empresas del sector agroalimentario Los trabajadores exigen una ley de precios y el control de las ayudas
Una norma no escrita de la economía establece que el sector de la alimentación es el último en resentirse de una crisis porque el consumidor recorta antes cualquier otro gasto. En Andalucía, ya se ha llegado al final. Más de un millar de trabajadores de esta industria se han visto afectados en los dos últimos años por el cierre o regulaciones en una quincena de factorías, algunas de empresas tan señaladas como Saimaza, Danone, Panrico o Puleva, la última marca en incorporarse a esta nómina. Las causas principales son la proliferación de marcas blancas, que obliga a producir con márgenes mínimos o negativos, la reducción del consumo, las dificultades para abrir nuevos mercados exteriores, la falta de liquidez y la ausencia de un tejido empresarial que apueste por la diversificación en vez de por la clausura de plantas en cuanto bajan las ayudas o las ventas. Las consecuencias, cientos de familias sin empleo.
Desde 2007, la agroindustria ha perdido medio millar de empresas, un 7,40% de las existentes antes de esa fecha en la comunidad. El símbolo más elocuente de la situación del sector ha sido el anuncio de ajustes y cierres por parte de la multinacional Coca Cola, de los que se ha librado por ahora la comunidad andaluza. Como ésta, muchas de las factorías que han cerrado o lo van a hacer en los próximos meses, no presentan pérdidas en sus balances.
La cifras de la industria
Desde 2007, la agroindustria ha perdido un 7,40% de las empresas de este sector.
Este sector productivo genera más de 260.000 empleos y exporta más de 7.000 millones de euros.
Andalucía ha perdido el 10% de su tejido empresarial desde el comienzo de la crisis, lo que en términos netos supone la desaparición de más de 50.000 empresas.
Por el contrario, entre 2003 y 2006, el tejido empresarial aumentó por encima de las 20.000 empresas por año.
Sevilla y Málaga acogen a cerca de la mitad de las empresas de la región
La mitad de las industrias están vinculadas a la construcción o la alimentación.
El pasado miércoles, personal de la consultora CMC se reunió con los trabajadores para ratificar la decisión de cerrar la planta de Puleva en Sevilla con el argumento de que es en esta factoría donde menos se produce y más caro sale el litro de leche, algo lógico porque hace tres años la dirección desmanteló dos líneas de producción y dejó la planta a la mitad de su capacidad.
La Junta de Andalucía admite que el agroalimentario es el ámbito económico más importante en Andalucía porque representa el 25% del empleo del sector industrial y actúa como motor económico de las áreas rurales. Según afirmó la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, en la comisión coordinadora de investigación agraria celebrada el pasado día 16, este sector es “estratégico, no sólo por su importancia económica y social —con más de 260.000 empleos y 7.000 millones de euros exportados—, sino también por ser un elemento vertebrador de nuestro mundo rural”.
Por estas mismas razones, los trabajadores reclaman soluciones urgentes al declive de un entramado económico tan relevante en Andalucía. La secretaria general del sindicato provincial agroalimentario de CCOO de Sevilla, Mónica Vega, lamenta que la administración no ponga remedio y muchos empresarios, en su opinión, sean “especuladores que viven de las subvenciones”.
Mónica Vega reclama una ley de precios que limite los efectos de la marca blanca, los productos que venden las grandes superficies y que utilizan en muchos casos como reclamo. “La marca blanca que compramos todos la pagan los trabajadores, que cobran por debajo de convenio, y las empresas, que se quedan sin margen”, advierte la representante de los trabajadores.
Frente a la clausura de empresas con beneficios, tanto Vega como su compañero de Acción Sindical, Carlos Aristu, exigen que en ningún momento se permita la recalificación de suelo industrial. De esta forma se evitarían movimientos especulativos con los terrenos y se obligaría a implantar industrias donde se produzca un cierre.
También reclaman los trabajadores una fiscalización eficiente de las ayudas para que se vinculen al mantenimiento o creación de puestos de trabajo y se devuelvan en caso de incumplimiento.
Finalmente, los trabajadores reclaman un plan de reindustrialización para paliar la pérdida de empresas. En cinco años, Andalucía ha perdido cerca del 10% de su tejido empresarial, lo que supone la desaparición de más de 50.000 empresas y 300.000 empleos.
Para la Junta de Andalucía, la solución es invertir en investigación, desarrollo e innovación para “mejorar en rentabilidad, el valor añadido y la sostenibilidad del sector agroalimentario, para que pueda seguir siendo un motor de crecimiento en el futuro”, según dijo Víboras en el mencionado encuentro de coordinación.
“Contamos con una agricultura competitiva, que obtiene productos de calidad y muy apreciados por los consumidores, pero también nos enfrentamos a grandes retos en un mundo más globalizado, más urbano y con unos recursos más limitados para una población creciente”, añadió.
Ningún responsable de la Confederación de Empresarios de Andalucía, sumida en pleno proceso de relevo durante esta semana, aportó su opinión sobre la situación.
Experiencia en tres cierres
Guillermo Díaz, de 53 años y dos hijos, se enfrenta en Puleva al tercer cierre de una empresa del sector agroalimentario en la que ha trabajado. Es el máximo representante de los 70 empleados que luchan para que la compañía, propiedad del grupo francés Lactalis, renuncie a su plan de clausurar la planta de Sevilla y les obligue a trasladarse a Granada, jubilarse o ir al paro.
Díaz empezó con un contrato de aprendiz en la azucarera de Villarrubia (Córdoba), donde compaginó el trabajo con los estudios. La empresa cerró, pero pudo saltar a San José de la Rinconada (Sevilla), donde se mantuvo en la planta de Azucarera Ebro, que llegó a ser una de las más avanzadas de Europa.
Pero fue precisamente la Unión Europea la que empezó a pagar por dejar de producir y obligó a destruir las instalaciones.
En el trasiego de ayudas ganaron muchos y perdieron los trabajadores. Un centenar quedó en la calle.
Díaz se incorporó a Puleva, que en 2010 pasó a formar parte del grupo francés. La dirección afirmó que la continuidad estaba asegurada, pero el representante de los trabajadores no dejó de sospechar.
“Como he visto tantos cierres, ya no me fío”, admite Díaz, quien ha visto llorar a compañeros en cada una de las clausuras que ha vivido. El desmantelamiento de la mitad de las líneas de producción hace tres años le dejó evidencias de lo que ahora se ha producido: el anuncio de cierre.
Los trabajadores se concentraron ayer en Alcalá de Guadaíra, municipio que alberga la planta, para exigir que Puleva no se vaya. Están dispuestos a hacer los ajustes que sean necesarios porque según sus cuentas, el déficit de Sevilla frente a otras plantas es de solo 45 euros por cada mil litros.
Porque además de las 70 familias de Puleva, también están en peligro de decenas de transportistas, vigilantes, personal de mantenimiento y otros numerosos empleos indirectos vinculados a la planta lechera.
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