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Hispano Almería esquivó la ley para ganar concursos públicos

La constructora y una filial presentaban ofertas por las mismas obras

Javier Martín-Arroyo
El diputado José Cara, en el Parlamento.
El diputado José Cara, en el Parlamento.julián rojas

La constructora Hispano Almería, cuya contabilidad b protagoniza el caso Halsa que investiga la juez Ana Belén Vico, diseñó un sistema para alzarse con obras que le reportaron beneficios millonarios en al menos cinco municipios: Roquetas de Mar, La Mojonera, Níjar, Adra (gobernados por el PP) y Vícar (PSOE). La operativa utilizada con éxito durante años consistía en presentar al menos dos ofertas diferentes en concursos públicos a través de Hispano Almería y su filial Alconsán. Gracias a la connivencia de los políticos y a veces de los técnicos municipales, se invitaba a otras constructoras para concursar y así “aparentar” cierta concurrencia pública, informan fuentes de la empresa.

El PSOE ha denunciado cómo en Níjar, Alconsan e Hispano Almería concursaron de manera conjunta para una obra en la Avenida de Las Negras de Campohermoso en 2010, a pesar de que la Ley de Contratos del Sector Público prohibía que dos empresas vinculadas entre sí participaran en el mismo concurso. El constructor Miguel Ángel Morales Carrillo, dueño de Hispano Almería, disponía de plenos poderes sobre Alconsán. “El equipo de Gobierno del PP no solo no las excluyó, sino que le adjudicó la obra a Alconsán por 932.000 euros”, censuró la portavoz socialista Esperanza Pérez. Por si fuera poco, Morales firmó asimismo el proyecto de la obra a través de su sociedad Taller de Arquitectura y más tarde ganó el contrato para la dirección de obra y así vigilar a su propia empresa Alconsán.

El PSOE censuró también que Alconsán incumplió el contrato firmado, ya que en su oferta indicó que generaría 2.700 jornadas de trabajo, aunque solo justificó 1.977. “La empresa se ahorró 723 jornadas y el Ayuntamiento se las regaló”, criticó Pérez.

Morales firmó el recibí de la contabilidad b en poder de la titular del Juzgado 3 de Instrucción de Almería, que refleja un pago de 25.000 euros al PP Níjar en las elecciones de 2008. El sello de ese recibí aparece en la factura de los 93.000 euros pagados en dicha obra de Níjar. El alcalde de Níjar desde 2007, Antonio Jesús Rodríguez (PP), rechazó en su día el pago de comisiones ilegales por las obras realizadas por el Ayuntamiento que preside.

El diputado Cara, del PP, ha estado vinculado a una filial al menos hasta 2010

Sin embargo, el sistema utilizado por Hispano Almería para alzarse con las obras funcionó con precisión, especialmente en Roquetas de Mar. Tanto que para los trabajos en dicho municipio, gobernado por el presidente del PP almeriense, Gabriel Amat, los trabajadores de Hispano Almería realizaban los informes municipales y luego se los enviaban a los técnicos, algunos de los cuales recibieron cuantiosos pagos por parte de la constructora, según refleja la contabilidad b. El arquitecto Javier Macías recibió supuestamente 1,1 millones, Alfonso Salmerón 504.000 euros y Manuel Bermejo (ya jubilado) 102.000 euros.

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Por otra parte, el diputado y alcalde de La Mojonera, José Cara (PP), socio del constructor Morales en la empresa Gesponiente, solo dos meses después de firmar con dicha firma un convenio de permuta de terrenos, ha mantenido una relación fluida con los empresarios. Así lo atestigua la agenda del socio Ángel Sánchez (ya fallecido) aportada a la causa. En 2010 Cara mantuvo ocho reuniones y comidas con Sánchez entre el 15 de julio y el 14 de septiembre, día en la que se produjo una “reunión de Gesponiente”.

La semana pasada Cara negó mantener vínculos con constructoras que concurrieran a concursos públicos, ya que Gesponiente firmó un convenio de permuta de terrenos y no concurrió a concurso alguno. Tras el acuerdo, la constructora levantó 16 naves en suelo urbanizable, lo que reportó jugosos beneficios a Cara y al resto de socios, incluido el concejal de Roquetas Nicolás Manzano. Mientras, el Ayuntamiento obtuvo un terreno rústico para el que el Plan General (PGOU) prevé una zona deportiva que una década después sigue sin existir

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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