El Ayuntamiento de Madrid gana 3,4 millones con la huelga de barrenderos
La intervención de Tragsa, las horas extra de policía y los destrozos costaron 1,2 millones A las concesionarias se les ha descontado 4,5 millones por el conflicto laboral de noviembre
El Ayuntamiento de Madrid ha terminado ganando 3,4 millones de euros gracias a la huelga de barrenderos del pasado mes de noviembre. El conflicto, que duró 13 días y sepultó la ciudad bajo cientos de toneladas de residuos, tuvo un coste económico para el Ayuntamiento de 1.159.000 euros. Sin embargo, según los datos facilitados esta mañana por la concejalía de Medio Ambiente y Movilidad, a las empresas privadas que prestan el servicio público de limpieza viaria se les han descontado 4.544.668 euros del abono correspondiente a noviembre.
Así pues, tal y como prometió la alcaldesa, Ana Botella (PP), "ni un solo euro de los costes ha repercutido en el bolsillo de los ciudadanos". El coste económico del conflicto ha corrido a cargo de las empresas, aunque también han perdido los trabajadores, que lograron evitar con la huelga los cientos de despidos anunciados por las concesionarias, pero sufrieron fuertes recortes salariales. Al Ayuntamiento, en cambio, la huelga le ha reportado 3.386.000 euros.
El origen del conflicto fue la licitación del nuevo contrato de limpieza viaria a mediados del año pasado, que, debido al recorte impuesto de partida por el Ayuntamiento y a las tremendas rebajas ofertadas por las empresas para hacerse con él, terminó licitándose por un coste hasta un 30% inferior al del contrato anterior. Apenas unas semanas después, las adjudicatarias anunciaron un expediente de regulación de empleo que afectaría a 1.134 de los 8.787 empleados. Los trabajadores anunciaron una huelga indefinida, que iniciaron el 4 de noviembre y duró 13 días.
"¿Cuánto costará borrar la imagen de Madrid sucia?"
El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, cree que Botella gobierna “a base de impulsos” y crea “conflictos innecesarios” que luego pagan otros —trabajadores y empresas—. “La arrogancia del PP solo genera tensiones y daña la reputación de la ciudad”.
La edil de IU Raquel López culpa a la alcadesa y a las empresas; cree que, incluso con esas rebajas, el contrato es un buen negocio; y aboga por que el servicio vuelva a manos municipales, porque sería un 70% más barato.
El concejal de UPyD Jaime de Berenguer añade: “¿Cuánto nos costará borrar la imagen en todo el mundo de Madrid como una ciudad caótica y sucia? El Ayuntamiento pecó de soberbia al afrontar la huelga y midió mal sus consecuencias; ahora ese error lo pagamos todos los madrileños”.
Botella, que en un principio atribuyó el conflicto a un "pulso político" y actuó como si no fuera con ella durante más de una semana, acabó por ceder a la fortísima presión ciudadana y política (recibió críticas incluso desde su partido) y anunció que, debido al incumplimiento de los servicios mínimos y al riesgo sanitario, encomendaría la limpieza de las calles a la empresa estatal Tragsa. Esa decisión aceleró las negociaciones entre empresas y trabajadores, que alcanzaron un acuerdo para finalizar la protesta el 17 de noviembre.
La sociedad estatal puso a sus trabajadores (y a decenas más que contrató a través de empresas de empleo temporal) a limpiar la ciudad el día 16, escoltados por la Policía Municipal. La factura de sus servicios fue de 358.000 euros.
A este coste, el Ayuntamiento suma otros 597.000 euros de los 1.556 contenedores y papeleras que resultaron dañados por actos vandálicos. Y el abono de horas extra a los agentes que escoltaron a los barrenderos (primero, a los que cumplían los servicios mínimos; después a los de Tragsa). Fueron 3.488 servicios y 8.716 horas extra en 13 días de huelga, lo que equivale a 204.000 euros.
El Ayuntamiento dijo desde el primer momento que, excepto en casos singulares (por ejemplo, si pudiera achacar judicialmente destrozos de mobiliario urbano a responsables concretos), serían las empresas adjudicatarias las que corrieran con los gastos. Lo haría descontando ese dinero del pago mensual correspondiente, tal y como ha anunciado.
La ciudad está dividida en seis zonas, de las que se encargan cuatro empresas. El lote 1, que corresponde a Cespa y comprende Tetuán, Chamberí, Centro y Argüelles, ha sufrido un recorte en el pago por la huelga del 24% (691.000 euros). El lote 2, de Valoriza, en Chamartín, Salamanca, Retiro y Arganzuela, un recorte del 23% (809.000 euros). El lote 3, también de Valoriza, en Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca y Latina, un recorte del 23% (655.000 euros). El lote 4, de OHL, en Hortaleza, Barajas, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas, un recorte del 23% (767.000 euros). El lote 5, de FCC, en Moratalaz, Vicálvaro, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, un recorte del 28% (810.000 euros). Y el lote 6, también de FCC, en Carabanchel, Usera y Villaverde, un recorte del 26% (812.000 euros).
Estos recortes se deben a la ausencia de trabajadores en los días de huelga, y a incumplimientos de los estándares de calidad comprometidos durante el resto del mes. Este último criterio, que se aplica desde la adjudicación del contrato, llevó a que en octubre se descontara a las empresas un 6% del dinero que les correspondía.
Una factura detallada
La factura de Tragsa, a la que tuvo acceso EL PAÍS, detalla minuciosamente el coste de sus servicios para el Ayuntamiento.
La empresa estatal se encontraba en mitad de la negociación de un expediente de regulación de empleo, por lo que optó por pedir voluntarios entre sus filas y por contratar a través de empresas de trabajo temporal (ETT). Incorporó a 203 personas como personal externo, un proceso de selección que costó 41.000 euros, a los que hay que sumar 9.500 euros por el cursillo de riesgos laborales que recibieron (600 horas, a 16 euros cada una) y 10.400 euros por el reconocimiento médico.
El coste total en mano de obra ascendió a 135.600 euros: la mitad, por las 3.835 horas de trabajo de esos operarios; y el resto, por la labor de los jefes y responsables de las cuadrillas de limpieza.
Tragsa facturó la hora de trabajo de barrendero a 17 euros; según el testimonio en medios de comunicación del personal contratado, se les ofreció 85 euros por jornada de ocho horas de trabajo más dos extraordinarias.
Cada trabajador recibió ropa de trabajo (17 euros por unidad, 5.150 euros en total); un traje impermeable de nailon por si llovía (cuatro euros por unidad, 1.115 euros en total); un chaleco fluorescente (tres euros por unidad, 715 euros en total); botas (12 euros por unidad, 3.800 euros en total); gafas protectoras (ocho euros por unidad, 2.430 euros en total); guantes y mascarillas (3.050 euros en total). Tragsa facturó además 9.670 euros por traslados a los puestos de trabajo; 19.535 euros por alojamiento del personal; y 526 euros por manutención.
En maquinaria, el coste ascendió a 70.000 euros, por el uso de camiones de basura de Tragsa.
