_
_
_
_
_

La directora del centro de maltratadas de Santiago se elegirá ‘a dedo’

El Gobierno gallego esgrime que se acoge a una excepción de la ley para poder seleccionar así a la responsable del servicio

El centro de recuperación de víctimas de violencia machista que la Xunta abrirá en Santiago en un mes podrá ser dirigido por una mujer no funcionaria, lo que permitirá al Gobierno gallego designar a dedo a la elegida. Para la CIG, “la Xunta aprovecha la violencia de género para repartir favores”. El decreto de creación del centro aprobado el jueves por el Consello de la Xunta, que se refiere en todo momento al cargo en femenino, establece que “podrá ser desempeñado por personal funcionario o en régimen de contratación laboral”, con unas retribuciones que la CIG cuantifica en “más de 52.000 euros, gastos sociales incluidos, y una equivalencia de jefatura de servicio”.

La ley autonómica, reformada por el PP en 2010, permite fichar externamente y a dedo a directivos de agencias u organismos autónomos, pero no a jefes de servicio. La Xunta argumenta que la ley contempla una excepción para “actividades que requieran conocimientos técnicos especializados” inexistentes entre los funcionarios y para la “prestación directa de servicios sociales”, supuestos que en este caso coincidirían. La nueva directora deberá estar nombrada antes de un mes. Con un margen tan escaso, el proceso de selección se presenta para la CIG como un paripé para acabar nombrando a alguien afín al PP.

Aprovechando el mismo decreto, que debería limitarse a organizar el nuevo centro asistencial, el Gobierno gallego reforma, a través de una disposición final, el reglamento de la Asesoría Xurídica de toda la Xunta. Y lo hace para consolidar el nivel salarial de todos sus letrados entre el 28 y el 30, los más elevados. Según la CIG, los letrados se convertirían así en “la única escala de la Administración a la que le reconocen vía decreto un nivel concreto, algo que habría que abordar en todos los cuerpos de la Xunta”.

El Gobierno gallego argumenta que el cambio se debe a su propia decisión de actuar como acusación popular en todas las muertes por violencia machista, lo que implica una especial responsabilidad o especialización de los letrados que participen en esos procesos. Pero la CIG critica que en vez de reforzar solo a los letrados encargados de ese cometido se quiere “premiar” a todo un cuerpo “con unas implicaciones políticas claras, porque son los que defienden a la Xunta en cualquier proceso, incluso en defensa de este decreto, en el que serían juez y parte”.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_