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El tribunal rechaza suspender el juicio contra Blasco

Los magistrados también rechazan expulsar a la Generalitat como acusación La fiscalía defiende la instrucción de la causa por el fraude las ayudas a la cooperación Asegura que se han respetado los derechos de los acusados

Ignacio Zafra
Rafael Blasco, entre otros, escucha desde el banquillo la intervención del fiscal Vicente Torres.
Rafael Blasco, entre otros, escucha desde el banquillo la intervención del fiscal Vicente Torres.MÒNICA TORRES

Los magistrados que componen el tribunal que está juzgando desde este martes al exconsejero Rafael Blasco y a su cúpula en el departamento de Solidaridad y Ciudadanía por el desvío de ayudas a países en desarrollo han rechazado suspender la vista por la cuestiones previas planteadas por las defensas. Además, han desestimado la pretensión de las defensas de que la Abogacía de la Generalitat fuera expulsada del proceso.

Los letrados fundamentaban la petición en el hecho de que el director general de la Abogacía, Emilio Torrejón, entre otro personal del servicio de la Generalitat, asesoraron jurídicamente al exsubsecretario Alexandre Català y al ex director general Josep Maria Felip en los primeros pasos del procedimiento para convertirse posteriormente en acusación por el fraude a la cooperación.

La Abogacía de la Generalitat ha participado, de hecho, como acusación durante casi toda la fase de instrucción, lo que ha producido encontronazos con algunos de los imputados, especialmente con Rafael Blasco, la persona que más veces ha sido miembro del Consell de la Generalitat y que paradójicamente es ahora acusado por ella. La Generalitat le pide 11 años de prisión.

La decisión de buena parte de las cuestiones previas ha quedado postergada para el momento de la sentencia.

Durante la sesión de hoy, la Fiscalía Anticorrupción también se ha opuesto a la nulidad del juicio del caso Cooperación, a la unión de las dos piezas del proceso por el fraude en las ayudas al desarrollo y ha defendido la "imparcialidad" de la magistrada instructora y la actuación de la Abogacía de la Generalitat en el procedimiento. Asimismo, ha destacado el "absoluto respeto" al derecho de defensa del exconsejero de Solidaridad y actual diputado del grupo de No Adscritos en las Cortes, Rafael Blasco, uno de los nueve acusados.

En el arranque del juicio este martes las defensas pidieron la nulidad del proceso y fueron muy críticas con las actuaciones de la Generalitat por actuar como defensora de algunos ex altos cargos antes de asumir la acusación contra ellos. También atacaron la instruccción de la magistrada del TSJCV Pía Calderón, que ha sentado a los procesados en el banquillo por supuestos delitos de fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental en relación con unas ayudas a Nicaragua que se gastaron en pisos y garajes en Valencia.

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Durante poco más de una hora, el fiscal Vicente Torres ha ido contestando hoy a cada una de las cuestiones planteadas por las defensas. En un primer término, ha mostrado su oposición a la nulidad del juicio, a retrotraer las actuaciones a la fase de instrucción y ha mantenido que en ningún caso se han vulnerado los derechos fundamentales de los acusados, en especial el derecho de defensa, sobre el que ha dicho que ha existido a lo largo del procedimiento un "absoluto respeto".

Respecto a la unión de las dos piezas de la causa, solicitada por el letrado de Rafael Blasco, ha comentado que esta cuestión ya ha sido resuelta en dos ocasiones por la Sala del tribunal, y siempre en sentido negativo. Al respecto, ha recordado que se acordó la división para simplificar el procedimiento, y la providencia en la que se adoptó esta medida "no fue recurrida en su momento por ninguna de las partes", ha apostillado.

La primera pieza es la que se juzga en estos momentos y se refiere a las ayudas de 1,8 millones de euros concedidas por la consejería que dirigía Rafael Blasco a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) para proyectos en Nicaragua. Al país solo llegaron 43.000 euros, ya que el resto fue supuestamente desviado por parte de los acusados a la compra de unos pisos y garajes en Valencia. La segunda pieza, aún por cerrar, se centra en ayudas a diferentes ONG en los años 2009, 2010 y 2011 y al proyecto de construcción de un hospital en Haití. 

El fiscal ha insistido en que tal y como se argumentó en diferentes resoluciones, es necesaria la división ante la complejidad del procedimiento y para impulsar y simplificar la causa, en la que -ha puntualizado- existen conexidades pero sobre hechos "muy concretos y precisos", que no impiden la adopción de esta medida.

Imparcialidad de la magistrada

Sobre la presunta "parcialidad" de la juez instructora, a la que este martes hizo alusión el letrado del empresario Augusto César Tauroni -único en prisión-, el fiscal se ha mostrado contrario y ha reiterado que "no ha habido ni un solo acto de la magistrada en el que se haya puesto de manifiesto su pérdida de imparcialidad en el proceso". "La instrucción supone una investigación objetiva de la verdad. Y es lo que se ha hecho", ha añadido.

Además, Torres ha declarado que el letrado de Tauroni "en ningún momento" alegó durante el proceso esa pérdida de imparcialidad, así como tampoco impugnó las intervenciones telefónicas acordadas: "No hay ningún recurso a ningún auto sobre las intervenciones. No se han impugnado en ningún momento procesal ni se ha pedido la nulidad de las mismas".

Por otro lado, en relación con el argumento del "doble juego" de la Abogacía de la Generalitat al actuar ahora como acusación y al inicio de las investigaciones como defensa, en relación con dos excargos de la consejería Alexandre Català y Josep María Felip, el fiscal lo ha negado. Ha admitido una "única vulneración", pero se la ha achacado al propio Català, ya que cuando fue asistido por el letrado de la Abogacía de la Generalitat no reconoció ninguna ilegalidad y luego sí lo hizo en el TSJCV.

Al respecto, se ha preguntado: "¿Quién vulnera qué norma? ¿Català por no informar al letrado de los hechos que negó en declaración y que luego reconoció ante la magistrada instructora? Manifiesta el letrado de Català que se pudieron utilizar argumentos que su cliente dio a la Abogacía en su contra... ¿qué acto en concreto dijo Català a la Abogacía que luego fue utilizado en su contra?".

Por otra parte, sobre la vulneración de derecho de defensa por falta de determinación de la acusación, esgrimida por el abogado de Blasco, el fiscal ha defendido que esta cuestión también fue resuelta en una resolución judicial, en la que se señaló que "no se puede exigir que la información de la acusación sea el mismo tipo de información que la que se plantea luego en el auto de procedimiento abreviado. La finalidad de la instrucción es determinar elementos del posible delito que se está investigando. Es una fase progresiva", ha dicho.

Por último, sobre la petición de impugnación del informe pericial del Interventor del Estado, la fiscalía se ha opuesto al estimar que no se puede impugnar la pericial del interventor y proponer la pericial testifical del Síndic de Comptes, "cuya conclusiones son prácticamente iguales", ha comentado. A su entender, el perito del Estado no sustituye el razonamiento jurídico del tribunal -tal y como se achacó este martes-, puesto que "no es una pericial de índole jurídica, sino que es la que valora la normativa aplicable".

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Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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