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Un concejal de IU en Rivas admite que unió dos pisos de protección oficial

La Comunidad anuncia que investigará el ático del edil Pedro del Cura La normativa prohibe que una misma persona posea más de una vivienda protegida

Pedro del Cura, concejal de Izquierda Unida en Rivas, ha admitido que hizo reformas para unir dos pisos de protección oficial (el suyo y otro que figura a nombre de su madre) en el mismo edificio. La progenitora, sin embargo, no vive en esa casa, sino en la de su marido, que también es una vivienda protegida. En total, cinco personas de la familia del edil (su padre, su madre y dos hermanas, además de él) tienen adjudicados pisos de este tipo. “Todos por una situación más que justificada”, explica el concejal, que admite que su expareja también tiene un piso protegido.

La normativa prohíbe que una misma persona posea dos casas de protección oficial. Aunque la madre del edil figura como la propietaria de la vivienda anexada, es el propio concejal quien ocupa ambos pisos, convertidos tras la reforma en un solo ático de 200 metros cuadrados, según ha publicado ayer La Razón.

Ante esta posible infracción, el consejero de la Presidencia, Salvador Victoria, ha anunciado que el Gobierno regional va a abrir un expediente para aclarar las circunstancias relacionadas con el ático de Del Cura. “Nos parece muy grave que en un municipio gobernado por IU pueda coincidir que varios familiares disfruten de una casa de protección con las necesidades de vivienda que hay en España. Esto podría ser la punta del iceberg de lo que ocurre en Rivas”, sostiene Victoria.

Una portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca asegura que en agosto de 2013 había aproximadamente 3.000 familias en la Comunidad a la espera de una vivienda de protección oficial.

Del Cura, que fue destituido la pasada semana de su cargo de teniente alcalde por “actuar en contra de lo acuerdos del Gobierno”, ha manifestado que no tiene ningún problema en colaborar con la investigación, en aportar toda la información que le sea requerida e, incluso, en abonar una sanción, en caso de que la Comunidad lo considere necesario. “Lo que me preocupa es que el PP utilice la Administración para ver qué pasa con un patrimonio particular y no con el público”.

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