La alianza del cemento y la política
Hubo un tiempo en que el bienestar se medía en hormigón per cápita. Gonzalo Fernández de la Mora, ministro del general Franco, teorizó que cada metro cúbico de cemento era un peldaño hacia desarrollo, antesala de la inmortalidad. Su libro El Estado de obras era un canto a la solidez de los materiales sobre los que se asentaba una organización que escondía su carácter dictatorial. La democracia era prescindible, según el que fuera ministro de la dictadura, pues en su peculiar selección natural de la especie los más inteligentes estaban en el gobierno, mientras que los débiles se consumían en la envidia igualitarista apadrinada por la Ilustración.
Desprovista de su sambenito franquista por la democracia, la fe en el desarrollismo no ha perdido devotos. Ha pervivido con independencia de partidos gobernantes, tanto en el Gobierno central —principal promotor— como en los autonómicos. El cemento ha sido la gasolina del sistema económico español, aunque sea más tributario de las necesidades de las elites que de la racionalidad. A pesar de los reveses de una crisis inspirada en el ladrillo y el cemento, la fe en el desarrollismo ha superado todos los obstáculos, y en demasiadas ocasiones ha supuesto un salto al vacío sin el paracaídas del sentido crítico.
El vetusto y rancio Estado de obras ha alumbrado en democracia aventuras como la de la Alta Velocidad Española (AVE), una experiencia que ha dado a España el liderazgo europeo en metros de vía per cápita (en el mundo solo por detrás de China). O los aeropuertos sin aviones, como el de Castilla-La Mancha, el de Murcia o el célebre aeropuerto del abuelo Fabra en Castellón. A todos estos buques insignia del despilfarro se suman las autopistas radiales de Madrid, que el sector público va a proceder a rescatar después de una planificación caótica iniciada por Aznar y subvencionada por Rodríguez Zapatero. Una broma como la de las autopistas madrileñas, que raya los 6.000 millones de euros, debería ser una prueba irrefutable de que el cemento no siempre genera bienestar y que la colaboración entre lo público y lo privado —cuando está mal cimentada— acaba en la socialización de las pérdidas.
El trasvase del Ródano, apadrinado por CiU y ahora por el PP, es una muestra del desarrollismo que impregna a la política
El catálogo de certidumbres desarrollistas parece infinito. Cae Eurovegas y ¿qué pasará con BCN-World, patrocinada por el rey del ladrillo Enrique Bañuelos? La alianza entre cemento y política logra grandes adhesiones a pesar de sus ruinosos precedentes y resultados.
La crisis aguza el ingenio de los políticos aunque acorta su memoria. Desde hace un año en secreto y desde finales de octubre entre susurros, el PP habla de activar el trasvase de Ródano. Cuando se trata de ideas de enjundia, al Gobierno central no le duelen prendas y es capaz de asumir como la sugerencia insistentemente realizada por CiU desde hace una docena de años. Claro que entonces era para paliar los efectos políticos del trasvase del Ebro y del Plan Hidrológico Nacional.
Hace 12 años el Ebro podía quedarse con un caudal mínimo de 3.156 hectómetros cúbicos, según suscribió CiU, si se hacía el trasvase del Ródano; ahora, según la misma formación necesita un caudal mínimo de 7.000, porque los 3.010 que ofrece el ministro Arias Cañete, “ponen en peligro la viabilidad del delta”, según el consejero de Territorio, Santi Vila. Haciendo hincapié, claro está, en el trasvase del Ródano. Hace 12 años los nacionalistas de Jordi Pujol necesitaban los votos del PP para gobernar y ahora con los de Esquerra tienen bastante.
No deja de sorprender que entre tanto apóstol del recorte y la austeridad a nadie se le haya ocurrido pensar por una vez en la virtud de limitar el consumo
El PP, que sembró España de infraestructuras durante los años de abundancia, en épocas de escasez es capaz de dar luz verde a un trasvase buque insignia de CiU y procedente de la diderotiana Francia. Lo importante es el cemento. Más allá de elementos de conveniencia política, convergentes y populares comparten trazos generales desarrollistas. Y ha sido CiU la que ha convencido al PP de que trasvasar agua de Francia es una necesidad.
No deja de sorprender que entre tanto apóstol del recorte y la austeridad a nadie se le haya ocurrido pensar por una vez en la virtud de limitar el consumo. El agua, ya sea procedente de un trasvase o de una desalinizadora, es cara, pero unas están hechas y el otro, no. El ahorro es una lección que los ciudadanos del área metropolitana de Barcelona —que pagan la tarifa más alta de España— conocen de memoria.
Pero desde España y desde Cataluña algunos siguen pensando en el trasvase como la solución a los problemas, aunque la Unión Europea no lo vea con muy buenos ojos. Mientras, el plan de gestión del agua está paralizado por falta de recursos y las depuradoras a punto de ser “concesionadas”. Pero poco importa, porque la alianza entre cemento y política pervive.
