La exalcaldesa del PSOE de Jerez se enfrenta este año a tres juicios
Los tribunales dirimirán la gestión de la alcaldesa de Jerez entre 2005 y 2011
El año 2014 no pasará en blanco para la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez. Quien fuera regidora socialista entre 2005 y 2011 deberá sentarse en los próximos meses en el banquillo de los acusados en tres juicios que dirimirán su gestión al frente del Ayuntamiento de la ciudad gaditana. La acusación pide a Sánchez diez años de cárcel y 17 de inhabilitación por enchufar en la administración local a cinco compañeros de partido, usar fondos del Plan E para pagar nóminas de la plantilla municipal y otorgar a una empresa una subvención pública de 244.000, supuestamente, en perjuicio de otras. La exedil socialista, que sigue culpando a la prensa de buena parte de sus males, deberá rememorar en los próximos meses los pasajes más amargos de su paso por el sillón consistorial.
La primera de las causas ya tiene fecha de juicio. El caso asesores se celebrará a cinco jornadas desde el 13 de enero. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Jerez, Aránzazu Guerra, ha ordenado la apertura de vista oral contra Sánchez por contratar de manera presuntamente irregular a cinco miembros del PSOE en el Consistorio jerezano entre 2005 y 2011, dos con contrato de alta dirección y tres como trabajadores laborales. La Fiscalía ha solicitado dos veces el archivo de la causa, pero la magistrada señala en un auto que la exalcaldesa “ordenó la contratación de personas afines política o personalmente sin que se cumplan los requisitos exigibles legalmente para tales contrataciones”. Sólo por estos casos de supuesto enchufismo, la socialista debe responder de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. La denuncia ha perdido peso con el paso de los años. Si en un principio cuestionaba 32 fichajes, entre los que se encontraba el del propio esposo de Sánchez como jefe de gabinete de alcaldía, finalmente la juez sólo mantiene la sombra de duda sobre cinco de las contrataciones.
El segundo juicio puede celebrase antes del verano. Es el conocido como caso PTA, el que inicialmente se considera más peliagudo para la socialista. El fiscal pide para Sánchez siete años de prisión y 17 de inhabilitación por los delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento público y fraude en la administración en la concesión de una subvención pública de 244.000 euros a una empresa para que se instalara en el Parque Tecnológico Agroindustrial de la ciudad. La Justicia investiga desde hace más de dos años si la exregidora benefició con esa ayuda a la empresa sevillana Tecnología e Innovación Sanitaria (Tinsa) en detrimento de otras compañías que inicialmente contaban con mayor puntuación. Según la declaración judicial de un técnico municipal, Sánchez ordenó mejorar la puntuación de la firma sanitaria en un segundo informe con el objetivo de posibilitar la concesión de una subvención máxima que se otorgaba en forma de rebaja en el precio del suelo. Finalmente, Tinsa nunca se instaló en el parque ni cobró las ayudas públicas, pero la justicia pretende aclarar si Sánchez trató de beneficiar con dinero público a una empresa en perjuicio de otras aspirantes.
La tercera y última causa también llegará a juicio. Se trata del caso desvío de fondos. La fiscalía ha solicitado tres años de cárcel y una fianza de 8,6 millones de euros por pagar las nóminas de los trabajadores municipales durante ocho meses con fondos del Estado ingresados en cuentas restringidas para la financiación de obras del Plan E. La acusación pública, ejercida por Manuel Luis Arjona, señala en una resolución que Sánchez cometió un delito contra la hacienda pública por "fraude de subvenciones" al ordenar, con los informes técnicos de intervención y tesorero en contra, un total de 11 traspasos de capital de fondos finalistas para atender el pago de salarios o servicios públicos básicos en la ciudad, como la ayuda a domicilio de mayores y dependientes.
Las nefastas relaciones de los alcaldes
Las nefastas relaciones entre los tres alcaldes de la democracia en Jerez (María José García Pelayo, Pilar Sánchez y Pedro Pacheco) han judicializado la vida política en la ciudad.
Pilar Sánchez abrió la veda al denunciar al andalucista Pacheco, quien fuera su socio de gobierno entre 2005 y 2007, por colocar en sociedades municipales a dos compañeros de partido saltándose los procedimientos legales. Sólo unos meses más tarde, fue el exalcalde quien llevó a Sánchez a los juzgados por 32 supuestos casos de enchufismo. A la espera de la sentencia que dicte el tribunal para la exedil socialista, Pacheco ya ha sido condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Cádiz a cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación por fichar a sus compañeros y pagarles un sueldo en dos años de 200.000 euros sin que, según la sentencia, se haya podido demostrar que hicieran trabajo alguno.
La actual alcaldesa del PP está detrás de la segunda de denuncia que pesa sobre Sánchez. María José García Pelayo llevó a la Fiscalía el uso de los fondos del Plan E que hizo su predecesora en el cargo para propiciar el pago de nóminas de la plantilla municipal. “No hay ánimo de revanchismo” aseguró la regidora del PP poco después de llegar al sillón consistorial.
Sólo en este último caso del llamado desvío de fondos Pilar Sánchez reconoce los hechos denunciados. Defiende que volvería a actuar de la misma manera con el fin de “priorizar el pago de los salarios a los trabajadores municipales y de otros servicios esenciales en un momento de asfixia total del Ayuntamiento”. Por el contrario, Sánchez mantiene su inocencia en las dos causas restantes. Defiende que es “rigurosamente falso” que dictase “resolución injusta alguna tendente a beneficiar a ninguna empresa” con el pago de una subvención pública y asegura que todos los contratos que firmó como alcaldesa en el Ayuntamiento fueron “legales”.
Pilar Sánchez perdió 10 de sus 15 concejales en las elecciones municipales de 2011. En febrero de 2013 presentó su dimisión como concejal de la oposición.
