La Operación Madeja salpica a un alto cargo municipal del PP en Sevilla

La Guardia Civil ha ampliado la Operación Madeja que desde el pasado julio investiga una trama de comisiones y regalos a altos cargos de diversos Ayuntamientos andaluces y canarios, para centrarse en el Consistorio de Sevilla (PP). Los investigadores han detenido a dos personas vinculadas al área de Medio Ambiente, a un empresario, y al hijo del dueño de la empresa Fitonovo, José Antonio González, y otro empleado de esta firma, de la que partieron las comisiones y regalos para altos cargos municipales. La operación, derivada del caso Mercasevilla y dirigida por la juez Mercedes Alaya, ha afectado al primer alto cargo del equipo del alcalde y presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, el exconcejal y actual director del área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña, al que la Guardia Civil acusa por haber participado en la trama.

La investigación se inició a principios de verano tras la declaración judicial del empresario de Fitonovo, Rafael González, que destapó una red de altos cargos municipales a los que su empresa beneficiaba con regalos y dádivas a cambio de adjudicaciones irregulares de obras. Y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) siguieron la pista con sigilo para identificar a todos los beneficiados, mientras que la juez autorizaba los pinchazos telefónicos a estos protagonistas y decretaba el secreto de las actuaciones. Pero esta discreción se quebró la semana pasada cuando la propia Alaya informó por error, en el auto de la quinta prórroga mensual del secreto, que había ordenado intervenciones telefónicas sobre los investigados. La juez comunicó a las partes personadas los 10 pinchazos a directivos de Fitonovo y funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla, y Europa Press informó de la filtración firmada por la magistrada.

Tras la publicación el pasado domingo de los pinchazos que habían revelado “datos importantes” para las pesquisas, la investigación reaccionó un día después y ayer ordenó los registros en las áreas municipales de Urbanismo y de Parques y Jardines y la empresa Fitonovo, situada en Salteras (Sevilla) para evitar la destrucción de documentos. De este modo, los agentes han registrado el despacho del jefe de servicio José Antonio Amores; su adjunto Javier Gómez; y el capataz y responsable de conservación del Parque María Luisa, Francisco Luis Huertas. Los detenidos vinculados al Consistorio así como los dos empresarios y el empleado de Fitonovo prestarán declaración mañana martes ante la Guardia Civil y el miércoles acudirán al Juzgado 6 de Instrucción que dirige Alaya. En esta mezcolanza de investigaciones, el martes comparecen ante la juez como imputados el exdirector de la agencia Idea Jacinto Cañete y Juan Francisco Sánchez, exsecretario general técnico de Empleo e Innovación.

En la Operación Madeja, el empresario de Fitonovo desveló en julio que había entregado un sobre con 30.000 euros a Domingo Enrique Castaño, ex alto cargo del Ayuntamiento de Sevilla, que le dijo al empresario que el dinero era para el PSOE, según el testimonio de este último. Además, González precisó que había entregado a Castaño siete teléfonos móviles para que los repartiera, aunque sin precisar los destinatarios de dichos terminales.

Alaya entiende que la prórroga del secreto "es una medida totalmente proporcional con la gravedad de los hechos expuestos"

Sin embargo, tras esta declaración que apuntaba a una supuesta financiación irregular del partido socialista sevillano, la primera consecuencia ha afectado al PP municipal y ha provocado cinco meses la destitución del exconcejal en la oposición Joaquín Peña. “La Junta de Gobierno ha acordado su cese. Tiene derecho a su presunción de inocencia, pero no como director de un departamento del Ayuntamiento”, ha manifestado Zoido. “Han cambiado las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su nombramiento”, ha admitido el alcalde, personado en las investigaciones de Alaya.

La Operación Madeja indaga en las mordidas que recibieron funcionarios de Ayuntamientos y diputaciones provinciales de Málaga, Jaén y Cádiz, así como del ente Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).