La Xunta mantiene en casa con sueldo a 20 trabajadores por no readmitirlos
Empleados de Agader cuentan con sentencias que declaran nulos sus despidos
Trabajaban para la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Y antes para la Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia adscritas ambas a la Consellería de Medio Rural. Hasta el 7 de diciembre de 2012, que el Gobierno gallego decidió despedirlos. De los 23 empleados, 22 pleitearon en los tribunales. El resultado: 21 sentencias que certificaron la nulidad de los despidos en primera instancia. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia está ratificando esos fallos y desestimando todos los recursos del Gobierno gallego. Queda la vía del Supremo, que podría alargar el proceso algunos años más. Así que desde diciembre de 2012 los 21 extrabajadores reciben su salario en casa sin desempeñar función alguna para la Administración.
Con sueldos medios de 20.000 euros al año ni siquiera acuden al puesto de trabajo, ya que la Consellería de Medio Rural se resiste a encomendarles tareas. Las sentencias ordenan satisfacer los salarios desde el mismo día de la rescisión de los contratos.
La explicación oficiosa que les hace llegar Medio Rural alega que las oficinas donde trabajaban han sido cerradas; los trabajadores dicen que Agader mantiene centros abiertos en Santiago y en las cuatro delegaciones provinciales, donde quedan muchas tareas por hacer. Citan como ejemplo toda la labor burocrática del Banco de Terras o de la tramitación de fondos europeos (que algunos ya venían desempeñando como administrativos). El colectivo lleva meses exigiendo al Gobierno gallego que ejecute la sentencia y les devuelva a sus puestos de trabajo. Han realizado movilizaciones ante la sede de Agader y de la Xunta. Sin éxito. De momento, Medio Rural solo se dirige a ellos por medio de transferencias bancarias a primeros de cada mes.
Francisco Pérez es el delegado del sindicato nacionalista CIG en Agader y corrobora esa versión. Defiende que puesto que Medio Rural está pagando las nóminas podría emplear a esas 20 personas que ahora están cobrando desde casa. “En total la Xunta ha gastado más de 400.000 euros en pagarles los sueldos desde hace un año, sin que esto repercuta en la Administración”. A su modo de ver, ese “despilfarro” de dinero público en estos tiempos de crisis y recortes es incomprensible porque en Agader y en Medio Rural sigue habiendo labor para el personal que debe ser readmitido. También él alude a la gestión administrativa del Banco de Terras, una herramienta de la Xunta para poner a producir tierras baldías y que obliga a inscribir en un registro miles de fincas descuidadas o dejadas a monte, para ponerlas a disposición de agricultores y ganaderos que sí quieran explotarla.
El PAÍS ha preguntado a la Consellería de Medio Rural —de la que depende Agader y por tanto los 21 trabajadores— cuál es la razón de que no asigne ningún cometido a los empleados a los que está pagando, qué presupuesto ha consumido en el último año en esas nóminas y hasta cuándo va a continuar la actual situación. La respuesta del Gobierno gallego es que no se pronuncia “porque hay un proceso judicial en marcha”. A la Xunta aún le cabe el recurso en casación ante el Tribunal Supremo. Su resolución puede demorarse durante años.
Cursos de formación seis meses antes de los despidos
Trabajaban para la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Y antes para la Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia adscritas ambas a la Consellería de Medio Rural. Hasta el 7 de diciembre de 2012, que el Gobierno gallego decidió despedirlos. De los 23 empleados, 22 pleitearon en los tribunales. El resultado: 21 sentencias que certificaron la nulidad de los despidos en primera instancia. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia están ratificando esos fallos y desestimando todos los recursos del Gobierno gallego. Queda la vía del Supremo, que podría alargar el proceso algunos años más. Así que desde diciembre de 2012 los 21 extrabajadores reciben su salario en casa sin desempeñar función alguna para la Administración.
Con sueldos medios de 20.000 euros al año ni siquiera acuden al puesto de trabajo, ya que la Consellería de Medio Rural se resiste a encomendarles tareas. Las sentencias ordenan satisfacer los salarios desde el mismo día de la rescisión de los contratos.
La explicación oficiosa que les hace llegar Medio Rural alega que las oficinas donde trabajaban han sido cerradas; los trabajadores dicen que Agader mantiene centros abiertos en Santiago y en las cuatro delegaciones provinciales, donde quedan muchas tareas por hacer. Citan como ejemplo toda la labor burocrática del Banco de Terras o de la tramitación de fondos europeos (que algunos ya venían desempeñando como administrativos). El colectivo lleva meses exigiendo al Gobierno gallego que ejecute la sentencia y les devuelva a sus puestos de trabajo. Han realizado movilizaciones ante la sede de Agader y de la Xunta. Sin éxito. De momento, Medio Rural solo se dirige a ellos por medio de transferencias bancarias a primeros de cada mes.
Francisco Pérez es el delegado del sindicato nacionalista CIG en Agader y corrobora esa versión. Defiende que puesto que Medio Rural está pagando las nóminas podría emplear a esas 20 personas que ahora están cobrando desde casa. “En total la Xunta ha gastado más de 400.000 euros en pagarles los sueldos desde hace un año, sin que esto repercuta en la Administración”. A su modo de ver, ese “despilfarro” de dinero público en estos tiempos de crisis y recortes es incomprensible porque en Agader y en Medio Rural sigue habiendo labor para el personal que debe ser readmitido. También él alude a la gestión administrativa del Banco de Terras, una herramienta de la Xunta para poner a producir tierras baldías y que obliga a inscribir en un registro miles de fincas descuidadas o dejadas a monte, para ponerlas a disposición de agricultores y ganaderos que sí quieran explotarla.
El PAÍS ha preguntado a la Consellería de Medio Rural —de la que depende Agader y por tanto los 21 trabajadores— cuál es la razón de que no asigne ningún cometido a los empleados a los que está pagando, qué presupuesto ha consumido en el último año en esas nóminas y hasta cuándo va a continuar la actual situación. La respuesta del Gobierno gallego es que no se pronuncia “porque hay un proceso judicial en marcha”. A la Xunta aún le cabe el recurso en casación ante el Tribunal Supremo. Su resolución puede demorarse durante años.
