Coto a los nombramientos arbitrarios
El TSJ anula la operación que degradó en 2011 más de 40 jefes de servicio
“Se hacían reglamentos a medida”, explica uno de los jefes de servicio afectados por los cambios de organigrama que el Consell efectuó en sus diferentes departamentos el verano de 2011 y que ahora están siendo tumbados por los tribunales. En lo que va de mes, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado partes sustanciales de los reglamentos más importantes, es decir, los que afectan a las consejerías de mayor tamaño: Sanidad y Educación.
“Esperamos sentencias del resto de consejerías en el mismo sentido”, explican fuentes del Sindicat de Treballadors dels Serveis Públics Intersindical Valenciana (STAS-IV), que acaba de recibir el fallo correspondiente a la segunda de ellas, la Consejería de Cultura, Educación y Deporte.
A este fallo se suma otro del 5 de diciembre sobre el reglamento orgánico de Sanidad, que resuelve sobre un recurso presentado por la UGT.
Ambas sentencias revierten el proceso iniciado hace dos años por Francisco Camps como presidente y José Manuel Vela como consejero de Administraciones Públicas, y ejecutado por Alberto Fabra poco después de su nombramiento como jefe del Consell, con el mismo consejero. La operación desmontó el organigrama de la Generalitat para cambiar nombres y competencias de distintos servicios que, al no existir como tales, fueron traducidas por los máximos responsables de personal en la pérdida de atribuciones de sus máximos responsables administrativos. Jefes de servicio que habían ganado su puesto en concurso competitivo pasaron a ocupar plazas de técnico o, en el mejor de los casos, de jefe de sección. Los nuevos servicios fueron ocupados por cargos de libre designación. En torno a 40 jefes de servicio que habían ganado su puesto por concurso fueron removidos de sus cargos en esta operación.
Dos sentencias desmontan los organigramas de Educación y Sanidad
La mayoría de los afectados recurrieron a los juzgados de lo contencioso contra su remoción y muchos de ellos ya tienen en sus manos la sentencia favorable, aunque hayan sido apeladas. Cuando las sentencias sean firmes, los recurrentes pedirán la ejecución de sentencia y los damnificados deberán ser repuestos en sus cargos. El PSPV-PSOE ya ha pedido la comparecencia en las Cortes Valencianas del actual titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Carlos Moragues, “para que explique los efectos de estas sentencias y las medidas que se van a tomar en consecuencia”.
La sentencia que afecta al organigrama de Educación y Cultura suprime una decena de artículos del actual Reglamento Orgánico y Funcional (ROF). Deja claro previamente que el ROF, por sí mismo, ni “suprime ni crea puesto alguno ni, por ello, implica una derogación singular de jefaturas de servicio ni establece, tampoco, su sistema de provisión”. En consecuencia, el reglamento no puede, prosigue, “considerarse como norma retroactiva aplicable a los puestos de jefaturas de servicio obtenidos por concurso-oposición con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 10/2010”. Se refiere a la Ley de la Función Pública, que determinaba las jefaturas de servicio como puestos de libre designación.
El TSJ exige que un reglamento se negocie si afecta a condiciones laborales
Esta sentencia establece, asimismo, que “la repercusión directa del Reglamento sobre las condiciones de trabajo (creación, supresión y modificación de puestos y contenido funcional de las unidades en que se integran) requería la previa negociación con las organizaciones sindicales conforme a lo dispuesto en el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público)”. Desde el STA-IV subrayan que lo decisivo de esta sentencia es que “todo aquello que afecte a las condiciones de trabajo de los funcionarios, se ha de negociar”. Es cierto, reconocen, que “nunca se había negociado un Reglamento Orgánico y Funcional”, pero es “porque nunca éstos habían llegado al nivel administrativo de los jefes de servicio”.
La sentencia correspondiente a la Consejería de Sanidad estima parcialmente el recurso interpuesto por la UGT y anula otros nueve artículos del ROF de este departamento. La nulidad se refiere, en concreto, a “la creación reglamentaria de unidades administrativas”. Igual que en la sentencia relativa a Educación, todos esos artículos especifican los nombres de los nuevos servicios administrativos, sus funciones y la dirección o subdirección general en que se encuadran.
“Se trataba de sustituir aptos por adeptos”
No les importa hablar, pero prefieren que se omita su nombre por temor a represalias. “No en todos los casos se produjeron remociones; caímos los que no nos habíamos mostrado favorables al Gobierno, pero hubo quien se quedó porque era cómplice necesario”. Quien así se expresa es un ex jefe de servicio que fue trasladado a otra consejería como técnico y que, antes de irse, planteó en la junta de personal: “¿Por qué precisamente a mí?”, sin respuesta. El juzgado ha fallado favorablemente a su recurso contra la remoción. La Generalitat ha apelado y él se plantea pedir la ejecución jurisdiccional para volver a su puesto. “Luego, podrán trasladarme”, acepta, “pero tendrán que hacerlo bien, no de forma arbitraria”. Con 25 años de servicio tiene claro que “se trataba de sustituir aptos por adeptos, un sistema que al final sale más caro”.
Los recursos individuales se han resuelto antes que los interpuestos contra los reglamentos orgánicos de las consejerías, porque iban por procedimiento abreviado. Los menos están a la espera del fallo judicial. “Lo he pasado mal, pero si gano, pienso volver, aunque sólo sea para recordarles que la ley es la ley y que chorizadas, las mínimas”. Lo afirma otra funcionaria que ganó su jefatura hace más de 20 años por concurso. Su opinión sobre los cambios en el organigrama efectuados en 2011 sin negociación alguna es que “no aceptaban tener a alguien seguro en su puesto, porque saben que va defender la legalidad vigente por encima de todo”. Se indigna al recordar que se vendieron las medidas como ahorro, porque aunque se fusionaron servicios, argumenta, “hubo servicio que se creó para ocuparlo algún familiar del PP”.
Se lamentan de que se destrozaran “pequeñas carreras profesionales”, se tirara experiencia por la borda y “no se benefició el ciudadano, ni como usuario de servicios públicos ni como contribuyente”.
