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UGT se escuda en su asfixia financiera para justificar otra ola de despidos

El sindicato debe pagar 720.000 euros por el expediente de regulación temporal

Javier Martín-Arroyo
El secretario general en funciones de UGT Andalucía, Manuel Ferrer, tras la dimisión de Francisco Fernández Sevilla.
El secretario general en funciones de UGT Andalucía, Manuel Ferrer, tras la dimisión de Francisco Fernández Sevilla. JULIÁN ROJAS

UGT Andalucía sufre una situación económica crítica. Y la factura final que pague el sindicato por el agujero que atraviesan sus arcas puede tener consecuencias imprevisibles. La alarma en el mayor sindicato andaluz tiene frentes tan decisivos como su prestigio, la pérdida de afiliados, expedientes millonarios en tela de juicio por parte de la Administración, una investigación judicial que examina su gestión.

Y sin embargo, entre tantos fuegos que apagar, el más determinante en estos momentos es el agujero económico, que podría suponer su ruina ante el panorama tan sombrío que afronta. Como primera medida contra esta crítica situación financiera, la cúpula del sindicato anunció ayer que presentará otro ERE, sin concretar cuántos despidos habrá.

Llueve sobre mojado y la plantilla de la organización ha menguado ya su tamaño a menos de la mitad. Ahora la conforman unos 120 trabajadores en nueve sedes, pero hace un año la UGT ya despidió a 159 trabajadores e intentó un expediente temporal (ERTE) para 57 empleados que los tribunales han tumbado. De ahí nace en parte la delicada situación financiera.

“Los trabajadores no pueden ser siempre los más perjudicados, sería inaudito. Hay gastos suntuarios que recortar”, avisaron fuentes de la sección sindical de los trabajadores. De fondo late la crisis de las facturas falsas que ha descabezado la cúpula del sindicato, inmerso ahora en un proceso de sucesión tras la dimisión de Francisco Fernández Sevilla.

Las cuentas, cuyo estado actual y plan de viabilidad rechaza detallar el sindicato, dependen de varios factores para salir adelante. El varapalo más reciente se lo dio el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), que declaró nulo el ERTE por causas económicas y ordenó la reanudación de dichos contratos de trabajo, así como el pago de los salarios. Resultado: para recurrir al Tribunal Supremo la sentencia, el sindicato debe pagar 720.000 euros. Y esto ha desbaratado las previsiones económicas del sindicato para 2013. Pero a este perjuicio se puede sumar el ERE por el que despidió a 159 trabajadores, que estos recurrieron al alto tribunal. Y esta decisión es una amenaza muy seria, ya que si los jueces anularan dicho expediente, al sindicato le costaría entre tres y cuatro millones readmitir a los trabajadores despedidos. Esta decisión judicial es cuestión de meses y sería de efecto inmediato. Mientras, la petición de reintegro por parte de la Junta de Andalucía por fondos para la formación con gastos inconvenientes, representa de momento nada menos que 1,8 millones. Pero la cantidad podría ascender a 7,5 millones si los 17 expedientes de reintegro culminan con el mismo dictamen contra la organización.

El consuelo para UGT es que esta exigencia de reintegro se retrasará en el tiempo, ya que el sindicato prevé acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo para eludir el cuantioso pago. En cualquier caso, dado el retraso que arrastra la justicia y la posibilidad de los recursos, UGT no afrontará esos pagos millonarios al menos hasta finales de 2014 o principios de 2015.

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La situación económica se puede agravar si continúa el goteo de bajas de afiliados, un descenso que la dirección se niega a detallar, aunque desde que se inició la crisis el pasado mayo, miles de afiliados han causado baja por la crisis económica pero también por el descrédito de la central. A la imputación a la Junta de gastos como una comida en la Feria de Abril de Sevilla de sus afiliados se suma un escollo ético: el haber aprovechado la polémica reforma laboral que ha combatido para pagar 20 días por año trabajado a sus empleados afectados por el ERE.

Esta situación de UGT proviene de una mala gestión de Manuel Pastrana (15 años como secretario general) y su secretario de Organización Fernández Sevilla. Mientras fluían los fondos de la Junta para la formación (de hasta 33 millones al año), la financiación del sindicato le permitió tener empresas con beneficios y una plantilla amplia.

Ahora los problemas heredados son múltiples, y las responsabilidades serán depuradas en el juzgado, ya que la investigación culminará previsiblemente con la imputación de los dirigentes que ordenaron las facturas falsas. En paralelo, el difícil equilibrio del sindicato para sobrevivir como empresa y disponer de liquidez, es un camino por recorrer con mil baches. No exento de paradojas. Para el próximo programa Orienta que la Junta ha dotado con cuatro millones, UGT contratará nuevos empleados pese a los ERE en marcha.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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