Anticorrupción pide una fianza civil de 11 millones para dos abogados de los ERE
Alaya estima que el bufete Estudios Jurídicos Villasís sirvió a Lanzas como "centro de lavado"
La Fiscalía Anticorrupción y la acusación que ejerce la Junta de Andalucía han solicitado una fianza de responsabilidad civil de 11 millones de euros para dos abogados del despacho Estudios Jurídicos Villasís, el bufete que según la juez Mercedes Alaya sirvió como “centro de lavado” de las ganancias obtenidas en comisiones por el conseguidor de los ERE fraudulentos y exsindicalista de UGT Juan Lanzas.
Los abogados Alfredo Jiménez y José Luis Leal han comparecido ante la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que les ha imputado delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho, asociación ilícita y malversación impropia. Son los mismos delitos que Alaya atribuye al abogado Carlos Leal, hermano de uno de los letrados que compareció ayer y que eludió en julio la cárcel tras pagar la fianza de 150.000 euros que le impuso la juez.
José Luis Leal, que fue detenido en marzo en la Operación Heracles, han defendido durante su comparecencia que era su hermano quien “lo llevaba todo”. Leal y Alfredo Jiménez señalaron, además, que Juan Lanzas “era un colaborador” del despacho y se dedicaba “a la captación de clientes”. Entre el bufete y el conseguidor de los ERE existía “una relación mercantil, pero no laboral”, afirmaron los letrados. La juez, sin embargo, considera que el exsindicalista “se dio de alta” en el despacho entre los días 18 y 28 de febrero de 2011 y el bufete le había “asignado un sueldo de 22.000 euros al año”.
La Fiscalía Anticorrupción ha cuantificado en unos 25 millones de euros el volumen total de las operaciones en las que habría intervenido Estudios Jurídicos Villasís. El ministerio público considera que José Luis Leal y Alfredo Jiménez poseen cada uno un tercio del bufete, por lo que les ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 11 millones. A esta solicitud se ha adherido la Junta.
La juez ha tomado también declaración a María Antonia Carrasco, mujer de Carlos Leal. Carrasco se acogió a su derecho a no declarar después de que Alaya le imputara cuatro presuntos delitos de malversación, cohecho, asociación ilícita y contra la Hacienda Pública.
También han comparecido dos trabajadoras de Vitalia: la que fue secretaria hasta 2005 del exdirectivo Antonio Albarracín, que estuvo encarcelado por este caso hasta que logró pagar una fianza de 600.000 euros; y la responsable del departamento de contabilidad de la consultora. A la exsecretaria, Eva María Domínguez, Alaya le ha imputado tres delitos de falsedad, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Mientras que a la exresponsable de la contabilidad, Olga Pascual, le atribuye delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
