¿Dependientes o rehenes políticos?
La decisión del Ayuntamiento de Jaén de renunciar a la ley de dependencia por los impagos de la Junta de Andalucía abre un camino a imitar por otros municipios
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia está considerada el cuarto poder del Estado del Bienestar. Una ley que gozaba de un amplio consenso político y social aunque la actual crisis económica la ha puesto en la picota. Meter la tijera en las políticas sociales parecía una línea roja infranqueable, pero la decisión del Ayuntamiento de Jaén (PP) de renunciar a prestar la dependencia acordada con la Junta de Andalucía parece que ha enseñado el camino a otros municipios.
El Ayuntamiento de Jaén denunció el pasado 1 de octubre el convenio que le vinculaba con la Junta hasta el 3 de diciembre para la prestación de la ayuda a domicilio, la más significativa incluida en el catálogo de la ley de dependencia. Según esta norma, la financiación de este servicio corresponde a la Junta, que recibe a su vez parte de los fondos del Estado, mientras que la prestación corresponde a los Ayuntamientos (como es el caso de Jaén) o las Diputaciones en los municipios de menos de 20.000 habitantes.
El Consistorio jiennense, sumido desde hace tiempo en una grave crisis financiera —los empleados aún no han cobrado la nómina de noviembre—, venía demorando, un mes sí y otro también, los pagos a la empresa concesionaria, Multiservicios Jabalcuz. Sus 200 trabajadoras han protagonizado en los últimos meses varias protestas por el impago de sus salarios, la última de ellas con una sonora pitada al alcalde durante el pregón de la feria de octubre.
El alcalde jiennense, el popular José Enrique Fernández de Moya, justificó la denuncia del convenio en la deuda de dos millones de euros que mantenía la Junta con la dependencia, deuda que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales dice haber rebajado la última semana a 400.000 euros. “Hasta aquí hemos llegado”, espetó el regidor jiennense para avalar una decisión que no tiene precedentes en el país. El Consistorio jiennense ha presentado ante el TSJA un recurso contencioso-administrativo para reclamar la deuda de la Junta, aunque el conflicto tiene visos de enquistarse judicialmente. “Si hay que ir a los tribunales se va”, avisa Fernández de Moya.
“Si quitan la ayuda me parten”
Antonia Carrasco Gómez vive sola en su piso de la avenida de Andalucía de Jaén. Tiene 73 años y padece numerosas dolencias físicas que le reducen su movilidad a lo más mínimo. Por eso recibe cada día, durante dos horas, la ayuda domiciliaria de una trabajadora de la empresa concesionaria de la dependencia en Jaén. “Por Dios, que no me quiten la ayuda porque si no me parten”, exclama esta anciana, a quien una cuidadora ayuda en las tareas básicas del hogar y la acompaña a realizar las compras. Antonia, que también es usuaria de la teleasistencia, es una de las 422 personas dependientes que están amenazadas por la continuidad del servicio en Jaén. Detrás de cada una de ellas hay un drama familiar. Alguno tan extremo como el de Manuel Ortega, de 86 años y que, pese a su menguada movilidad, tiene a su cargo a dos personas dependientes: su esposa, de 81 años y enferma de Alzheimer, y su hijo, de 43 años, con síndrome de Down. “Que se lo piensen antes de quitar el servicio, para mucha gente la ayuda a domicilio es indispensable”, proclama Manuel. Como vital resulta la ayuda a domicilio que recibe a diario Rafaela Castro, otra anciana jiennense considerada gran dependiente por su escasa movilidad. “A muchos usuarios del servicio este clima de inquietud e incertidumbre les está afectando a su salud”, indica María del Carmen García, una de las cuidadoras y presidenta del comité de empresa de la concesionaria. Cada una de las 200 cuidadoras tiene a su cargo, al menos, dos familias dependientes. Es el caso de Ana María López que, como el resto de compañeras, no oculta su nerviosismo por su incierto futuro laboral. “Nos deben dos nóminas pero seguimos acudiendo a nuestro trabajo porque no podemos abandonar a los usuarios”, comenta. Las trabajadoras celebraron el pasado miércoles, primer día de inactividad municipal, una asamblea para valorar el nuevo escenario creado. De entrada, indicaron que su prioridad es cobrar lo que se les adeuda y lograr una situación de estabilidad laboral. “Todo el mundo seguirá trabajando hasta nueva orden”, indicó la presidenta del comité de empresa. A su juicio, entrar a valorar de quién es la competencia para prestar el servicio no es algo que incumba a la plantilla, cuyo único interlocutor no es otro que la empresa que las contrató, Multiservicios Jabalcuz.
La Junta de Andalucía, por su parte, ha cargado contra la “falta de sensibilidad” del alcalde jiennense por haber traspasado una barrera que nadie creía que se atrevería a cruzar. La consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, puso un ejemplo muy gráfico para ilustrar la gravedad de la decisión del alcalde jiennense: “Imaginen ustedes que nosotros nos desentendemos de los enfermos de la UCI porque el Estado no nos paga”, dijo el pasado miércoles durante una visita al hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
La Administración andaluza ha admitido los retrasos en los pagos a los Ayuntamientos, algo que achaca en buena medida al recorte en las aportaciones que le corresponden al Estado. Si hasta hace dos años, la cofinanciación era del 50% entre las dos Administraciones, ahora la Junta aporta el 78% frente al 22% del Gobierno de la nación. Con todo, la consejería se ha comprometido a que antes de fin de año se reduzcan a dos las mensualidades pendientes por la dependencia. “Ahora mismo, pagar por adelantado, como se hacía antes, es muy difícil”, indicó la consejera sin ocultar los problemas de liquidez de la Junta.
Pero más allá del debate de los números y del pulso competencial, lo que parece que subyace detrás de este conflicto es una cuestión ideológica. “El PP ha convertido al Ayuntamiento de Jaén en banco de pruebas de la derecha radical de este país y en laboratorio de las políticas antisociales”, ha declarado el presidente de la Diputación de Jaén, el socialista Francisco Reyes.
Lejos de desmentir las críticas socialistas, el Partido Popular en Andalucía ha salido en tromba a apoyar al alcalde jiennense. “Nos ha marcado el rumbo a seguir”, declaró el portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, en una frase que augura cuál puede ser la postura de los municipios gobernados por los populares en esta materia. Y el alcalde jiennense, también presidente provincial del PP, vaticina una “cascada de denuncias de convenios” por parte de otros Ayuntamientos a los que la Junta adeuda dinero.
Los populares, que han presentado una iniciativa parlamentaria para exigir los fondos de la dependencia, estiman que la Junta debe a los Ayuntamientos más de 100 millones por este servicio y critican que el gasto se haya recortado casi a la mitad en los dos últimos años. En torno a 20 millones es la deuda con el Ayuntamiento de Sevilla, cuyo alcalde, el también presidente andaluz del PP Juan Ignacio Zoido, ha indicado que sí seguirán prestando la dependencia. “Cada Ayuntamiento, según sus posibilidades económicas, tomará el rumbo que estime oportuno”, precisó Carlos Rojas.
Pero el órdago del alcalde jiennense ha ido tan lejos que incluso ha hecho caso omiso de las indicaciones de la Fiscalía de Jaén que, tras abrir diligencias informativas, concluyó que el responsable de la prestación es el Ayuntamiento, aunque también apremia a la Junta a pagar las cantidades que adeuda. “El incumplimiento por parte de la Junta en el pago de las transferencias no puede suponer en ningún caso la dejación del servicio por la entidad responsable, sin perjuicio de que esta realice las denuncias políticas y las acciones jurídicas que considere convenientes para su cobro”, se dice en el decreto elaborado por el fiscal encargado de la protección a las personas con discapacidad, Cristóbal Fábregas.
La fiscalía ha aclarado, no obstante, que solo actuará jurídicamente en caso de tener constancia de que se vean conculcados derechos fundamentales entre los beneficiarios de la ayuda a domicilio, algo que todavía no ha sucedido porque las trabajadoras de la empresa concesionaria siguen cuidando a los dependientes pese al limbo legal generado.
Sorprendentemente, la interpretación que Fernández de Moya ha hecho del decreto de la fiscalía no hace albergar demasiadas esperanzas para atisbar una rápida solución al conflicto. Tras congratularse de que el fiscal “enmienda la plana” a la Junta al apremiarle a pagar, el alcalde jiennense entiende que la indicación del Ministerio Público tan solo vincula al Ayuntamiento con las 179 personas que reciben la ayuda a domicilio que se presta a nivel municipal, pero no así con relación a los 422 dependientes atendidos dentro del convenio suscrito con la Junta de Andalucía. El PSOE de Jaén ha pedido la dimisión de Fernández de Moya por desoír a la fiscalía.
También sorprende la posición un tanto ambigua que adoptará a partir de ahora el Ayuntamiento jiennense. Por un lado, se desvincula de la prestación del servicio acordado con la Junta pero, al mismo tiempo, asegura que seguirá realizando la tramitación de nuevos expedientes y el seguimiento y valoración de los dependientes. “Lo que queremos es dejar de actuar como meros intermediarios en el pago entre la Junta y la empresa concesionaria”, ha indicado la concejala de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro.
Lo peor, en todo caso, es que el alcalde de Jaén ha sugerido que, tras la dependencia, vendrán otros servicios sociales que el Ayuntamiento no podrá seguir prestando. Es el caso, por ejemplo, de las cuatro guarderías o escuelas infantiles municipales, cuyas trabajadoras han anunciado una huelga indefinida a partir del día 13 de este mes para reclamar las cuatro nóminas que se les adeudan. “A pesar de que el Ayuntamiento culpa constantemente a la Junta, las escuelas infantiles constituyen un servicio municipal desde hace 30 años, y están recogidas en los presupuestos”, señaló María José Ortega, delegada de Personal de Ceian, la cooperativa encargada de gestionar estas escuelas infantiles.
La amenaza pende también sobre el centro especial de empleo, con 85 trabajadores de los que 65 tienen algún tipo de discapacidad. El centro se financia a medias por el Ayuntamiento y el Gobierno andaluz, que debe su parte desde hace dos años. El alcalde ha dicho que el Ayuntamiento ya no tiene dinero para pagar las nóminas de este centro, equivalentes al 50% del Salario Mínimo Interprofesional en el caso de los discapacitados.
En su espiral de enfrentamiento con las instituciones ajenas al PP, Fernández de Moya ha desafiado a la Junta instándole a abonar el millón de euros que debe al centro especial de empleo para así transferir él las cantidades adeudadas a la empresa concesionaria de la dependencia.
En cualquier caso, son muchos los colectivos y las instituciones que apremian al Ayuntamiento de Jaén y a la Junta de Andalucía a ponerse de acuerdo. El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha ofrecido para mediar en el enconado conflicto. “El enfrentamiento político entre dos Administraciones no debe afectar a los usuarios más desfavorecidos”, comenta Miguel Ángel Cazalilla, de UGT.
Por su parte, el sindicato CC OO dice no haberse sorprendido por la decisión del Ayuntamiento jiennense. “El PP lleva detrás de ello mucho tiempo, como un objetivo que tiene que cumplir. Y este alcalde ya lo ha cumplido: empezó con la disminución de calidad de la atención en domicilio, rebajando horas de atención a los usuarios, obligando de esta manera a que las únicas personas que pudieran acceder a estos cuidados fueran aquellas que lo puedan pagar”, indicó el sindicato en un comunicado.
El incierto futuro laboral para 200 cuidadoras
El Ayuntamiento de Jaén adjudicó en 2011 el servicio de la dependencia a la empresa Multiservicios Jabalcuz. Lo hizo por un periodo de cuatro años aunque renovables hasta los 24. El alcalde jiennense, José Enrique Fernández de Moya, presume de que la licitación y adjudicación del servicio se hizo en un tiempo récord, en apenas dos semanas, tras la renuncia unilateral de la anterior empresa, Macrosad, también acuciada por los impagos. Un tiempo que le sirve al regidor jiennense para apremiar a la Junta de Andalucía a asumir la prestación de la dependencia de manera directa. “Ha tenido dos meses, desde que denunciamos el convenio, para reestructurar el servicio”, indica De Moya, convencido de que la futura Ley de Administración local que prepara el Gobierno de la nación clarificará las competencias de cada organismo en políticas sociales. Sin embargo, el alcalde de Jaén sigue sin definir en qué situación queda ahora la empresa concesionaria una vez que el Ayuntamiento ha denunciado el convenio con la Junta. Si no hay prestación del servicio, no se entiende muy bien cuál es el papel que desempeña la concesionaria. Un limbo legal que ha generado la lógica zozobra entre las 200 trabajadoras de la empresa. “Claro que hay mucha inquietud por nuestro futuro laboral”, admite Mari Carmen García, presidenta del comité de empresa.
Al igual que piensa la oposición municipal, las trabajadoras sostienen que detrás de los impagos de sus nóminas se encuentra el desvío de fondos que hace el equipo de gobierno para pagar otros gastos con el dinero que le llega de la dependencia. El alcalde niega la mayor y dice que todo el dinero que reciben de la Junta lo transfieren a la empresa concesionaria, pero lo cierto es que entre lo que el Consistorio adeuda a Multiservicios Jabalcuz —en torno a dos millones y medio—, y lo que la Junta adeuda a la ciudad —400.000 euros, según el último dato ofrecido por la Administración autonómica— hay un desfase que supera los dos millones. “El PSOE también ocultó un desvío de fondos por más de tres millones en el anterior mandato municipal”, se defiende Fernández de Moya. Mientras tanto, el sindicato Comisiones Obreras ha alertado que la polvareda creada en torno a la dependencia en Jaén “está tapando todos los despidos que la empresa Multiservicios Jabalcuz lleva realizando desde hace dos meses y que ha ocasionado un cese del 10% de la plantilla”. El sindicato pide la readmisión de todos los despedidos, muchos de ellos afiliados a CC OO.
