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Al calabozo tras ser agredida sexualmente

Una ONG y la Defensora del Pueblo frenan en el último instante la deportación de una mujer

La víctima no tiene los papeles en regla y denunció una agresión sexual en Ourense

Agredida sexualmente, excluida del derecho universal sanitario, acusada de simular un delito y detenida por ilegal. A Vera R., inmigrante rusa de 52 años empadronada en el municipio ourensano de San Cibrao das Viñas y con trabajo y pareja estables, le faltó un suspiro para haber sido deportada ayer a su país de origen.

Habría sido el punto final a la cadena de vejaciones que asegura haber padecido desde que en marzo de 2010 agentes del Cuerpo Nacional de Policía hicieron una redada en el bar de Málaga en el que trabajaba y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras emitió una orden de deportación contra ella. La orden se ejecutó tres años después, este martes por la mañana, en el domicilio ourensano que comparte con Enrique, su pareja; nueve meses después de que la mujer presentara una denuncia por violación de la que fue atendida en el servicio de urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) que certificó la agresión sexual y que el juzgado de Instrucción 1 de Ourense sobreseyó provisionalmente “sin tomarle declaración”. Prosperó, en cambio, el atestado que levantó contra ella la policía acusándola de simulación de delito mientras el CHUO le remitía una factura por 893,30 euros por la asistencia. La mediación de la ONG Aspacia, que atiende a víctimas de violaciones, ha frenado la expulsión de Vera y ha desembocado en la apertura de una investigación de su calvario.

A Vera R. el CHUO le facturó la asistencia médica de la agresión sexual “por no tener tarjeta sanitaria”, explica su compañero para precisar de inmediato que, en realidad, “ella no tiene derecho a nada, no puede tener tarjeta sanitaria y ni siquiera podemos casarnos ni inscribirnos como pareja de hecho porque tiene el pasaporte caducado; da igual que tenga un trabajo fijo aquí cuidando a un matrimonio mayor”.

Con las heridas psicológicas de la agresión sexual aún latentes (las detalla ella misma en un vídeo sobre la situación administrativa de las mujeres inmigrantes que padecen violencia sexual editado hace 10 días por la ONG Aspacia), y con la demanda por la agresión sexual vuelta en su contra, la mujer fue detenida y trasladada a Comisaría en cuyos calabozos pasó la noche del martes con vistas a una deportación que de momento ha sorteado. La salvó, in extremis, la Oficina del Defensor del Pueblo que atendió el mismo martes, ya casi de madrugada, la petición de Aspacia. "Creemos que su detención no se ajustaba a Derecho", señaló a este diario un portavoz del Defensor del Pueblo que reconoce que llamaron a la Comisaría de Extranjería pidiendo que la pusieran en libertad "en cuanto desde Aspacia nos informaron con detalle de este caso que desconocíamos". Extranjería accedió.

Aspacia se muestra "muy satisfecha" de la intervención del Defensor del Pueblo y la decisión de la policía que ha accedido a "investigar la situación de Vera, su proceso de expulsiónn y todas las irregularidades que han rodeado este caso". La ONG muestra su indignación por el descrédito concedido a una denuncia por agresión sexual "certificada con contundencia en los informes médicos del CHUO". La mujer relató con detalle cómo dos hombres la agredieron y la dejaron desnuda de noche en un monte de O Piñeiral, en el municipio en el que convive desde hace seis meses con Enrique, y cómo llegó en ambulancia a urgencias del hospital ourensano.

Vera R. salió a primera hora de la mañana de ayer de los calabozos de la Comisaría de Ourense pero no rumbo a Rusia. Se queda en Ourense en espera de ver legalizada su situación "y reparado su honor". "Está indignada pero eufórica, muy agradecida", describe Tardón el estado de ánimo de la mujer que, de momento ha quedado "en libertad con cautela, localizada", pendiente de presentarse cada 15 días en la Comisaría ourensana. El subdelegado del Gobierno en Ourense, Roberto Castro, reconoce que su puesta en libertad supone "el análisis de otras diligencias pedidas por la asociación Aspacia" que supondrán la revisión de todas las circunstancias adversas que ha vivido. Castro puntualiza que las fuerzas de seguridad en Ourense "se limitaron a cumplir el requerimiento de la Comisaría de Extranjería que instó a su detención dado que tenía un domicilio conocido".