Media docena de reveses ‘fundamentales’

Los tribunales de justicia han puesto en evidencia en las dos últimas legislaturas —desde que estalló el caso Gürtel en 2009— el rodillo del PP en las Cortes Valencianas. El Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han dado la razón a los grupos minoritarios —Compromís y Esquerra Unida del País Valencià que en la anterior legislatura se presentaron en coalición— en sus denuncias por vulneración de derechos fundamentales. Seis veces, con la de este lunes, el Tribunal Constitucional por negarse la mesa de las Cortes, controlada por el PP, a tramitar sus peticiones. Dos veces el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por negarse el Consell a facilitar a la oposición documentos de carácter público. Los contratos menores de la Generalitat con la trama Gürtel, en un caso, y el informe de la auditora Price-Waterhouse sobre Ràdio Televisió Valenciana, en otro.

Los populares han argumentado en reiteradas ocasiones que la bancada de la oposición les inunda a peticiones de información que, al menos en parte, finalmente, no es consultada. Y también han acusado a los grupos parlamentarios de la izquierda de introducir opiniones y valoraciones en sus iniciativas parlamentarias que la Mesa de las Cortes no puede dar por buenas. Motivo por el que se han negado a en los últimos años a tramitar iniciativas de PSPV, Compromís, y EUPV.

Los tribunales, en cambio, no han considerado los argumentos esgrimidos por el PP como causa suficiente para recortar el derecho de la oposición a controlar al Ejecutivo.

El diputado de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, señaló este lunes: “El PP ha vulnerado claramente el Reglamento de las Cortes, y esta sentencia nos llena de razón, porque es una condena en toda regla de las actitudes antidemocráticas y manifiestamente ilegales de la mayoría del PP en la Mesa de las Cortes”.

“El Constitucional dice que la práctica seguida habitualmente de negar este tipo de comparecencias de ex responsables políticos”, prosiguió Blanco, “vulnera el derecho constitucional fundamental al ejercicio de funciones representativas consagrado en el artículo 23 de la Constitución. Y todo esto por razones de oportunidad política, según recoge la propia sentencia”.

Esquerra Unida tiene recurridas otras siete peticiones de documentación realizadas, sin éxito, a la Consejería de Educación.

Compromís es el otro grupo parlamentario que repetidas veces ha denunciado a la Mesa de las Cortes y al Gobierno valenciano por vulneración de derechos fundamentales. Una denuncia reiterada que llevó el pasado mes de marzo a la portavoz adjunta de Compromís Mònica Oltra a dimitir de la presidencia de la comisión parlamentaria de Bienestar Social. Oltra aseguró entonces que los populares le ponían pegas para defender sus iniciativas y presidir la comisión y dio el portazo.

Los fallos contrarios que acumula el PP podrían haber sido más si el PSPV hubiese transitar por la misma estrategia que Esquerra Unida y Compromís. Fuentes del Grupo Socialista explican que el partido prefiere reservar la carta de los tribunales para recurrir cuestiones de mayor calado, como RTVV o el decreto Vela.

El celo del Grupo Popular por fiscalizar el contenido de las iniciativas de la oposición les ha llevado, incluso, a negarse a tramitar documentos por utilizar el término País Valenciano. Una denominación utilizada habitualmente por Esquerra Unida y que forma parte de marca de organizaciones fundamentales como el PSPV-PSOE y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.