Leganés paga nóminas de directivos con la oposición de la interventora

Las nóminas de los cuatro directores generales del Ayuntamiento de Leganés, nombrados por el actual equipo de gobierno del PP, hicieron peligrar el sueldo del resto de los trabajadores los meses de septiembre y octubre pasado. La interventora general interpuso un reparo a la nómina —que impide su abono a todos los empleados— debido a las supuestas irregularidades que detectó en la creación de estos cuatro puestos de trabajo. Por un problema informático, no se podían separar los sueldos de unos y otros, como pidió. En noviembre, las deficiencias se mantuvieron, pero ya solo afectando a los cuatro altos cargos.

El problema expuesto por la intervención se debe a que los 11 puestos de director general que estableció el PP en 2012, de los que solo hay cubiertos cuatro, no fueron creados en la plantilla de personal, sus retribuciones no están fijadas por acuerdo plenario y el presupuesto tampoco contempla crédito para ellos. El alcalde, Jesús Gómez, del PP, ha solventado la situación a golpe de decreto gracias a un informe de la asesoría jurídica, que considera que el Ayuntamiento actuó de forma correcta y que las nóminas hay que pagarlas. Lo contrario “supondría incurrir en responsabilidad”, dice.

El PSOE dice que no entiende por qué se mantiene “esta ilegalidad”

Pero el problema persiste. El PSOE, en la oposición, sostiene que las discrepancias entre la intervención y la alcaldía han llegado a tal punto que el regidor está buscando un sustituto “urgente” para reemplazar a esta funcionaria del Estado. Gómez replica que esto no es así. “Hemos convocado la plaza fija, eso es todo”. Aunque, al mismo tiempo, opina que el “embrollo” se debe a una interpretación de la normativa “porque cada habilitado tiene su criterio”.

Los puestos de estos altos cargos se crearon en la Junta de Gobierno Local de 14 de diciembre de 2012 en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT): tres de funcionarios de carrera y siete de personal laboral. La intervención dice desconocer “cualquier fundamento jurídico que pudiera motivar tal acuerdo”.

“Necesitábamos personas que pudieran firmar resoluciones, y lo hicimos tal como nos dijeron en ese momento, cuando el puesto de interventor estaba ocupado por otra persona”, explica Gómez. Pero en un informe de 28 de octubre pasado, la interventora general manifestaba su disconformidad con la forma en la que se había llevado a cabo el procedimiento. Desde que se observaron las irregularidades, la funcionaria comenzó a advertir de forma manuscrita sobre ellas. En agosto avisó de que en caso de no subsanarse la situación a la mayor brevedad, ella informaría desfavorablemente. Porque "el personal denominado director general no se encuentra ubicado conforme a su naturaleza jurídica”.

En septiembre, todo siguió igual y la interventora decidió advertir de la ilegalidad de la nómina de ese mes. En octubre y noviembre, se repitió la situación. El alcalde, tras recibir el informe de la funcionaria, pidió un estudio a la asesoría jurídica para comprobar si la interventora tenía o no razón.

El jefe de la asesoría jurídica municipal consideró que había que pagar las nóminas. Su decisión se basó en que nadie advirtió de que se estuviera produciendo ninguna ilegalidad en la Relación de Puestos de Trabajo, que se publicó el 5 de marzo de 2012 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. También explicó que estos puestos fueron aprobados por la Intervención General del Ayuntamiento, sin que se realizara ninguna advertencia de ilegalidad, y sin que se tengan constancia de impugnación del acuerdo por via contencioso administrativa. Tampoco hubo problemas cuando se convocaron las plazas ni cuando se suscribieron los contratos.

El portavoz del PSOE en el municipio, Rafael Gómez Montoya, declaró que “cualquier alcalde que reciba un informe de intervención semejante, destituiría a estos altos cargos y buscaría el modo de legalizar su situación. Es muy difícil comprender la razón por la que se aferra de ese modo a la ilegalidad”.