El juez de Invercaria también abre una causa a la empresa pública del suelo
El magistrado indaga sobre el uso de las transferencias de financiación
La Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) también está bajo la lupa de la justicia. El juez del caso Invercaria, la firma de capital riesgo de la Junta, ha abierto otra causa para investigar si EPSA se financió de forma irregular a través de las transferencias de financiación (un procedimiento presupuestario que utilizan casi todas las Administraciones para dotar de recursos a sus entes instrumentales). Esta es la novena causa que el juez Juan Gutiérrez Casillas ha abierto para investigar el uso de las transferencias de financiación en empresas públicas de la Junta de Andalucía. La semana pasada, el magistrado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ya abrió otras ocho causas a firmas de la Junta, entre ellas la RTVA.
La polémica por el uso de las transferencias de financiación arranca del caso de los ERE, ya que la juez Mercedes Alaya considera que fueron utilizadas de forma ilegal para pagar las ayudas sociolaborales. Alaya ha imputado a una veintena de altos cargos de la Junta, entre ellos la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez, por el uso de las transferencias de financiación y ha apuntado entre otros a los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
El Gobierno andaluz siempre ha defendido la legalidad de las transferencias de financiación y el propio exinterventor general de la Junta Manuel Gómez, que alertó de que se estaban utilizando de forma inadecuada para pagar los ERE, subrayó ante la magistrada que eran legales. De hecho, varios interventores de la Junta de Andalucía firmaron un escrito que entregaron a la investigación en el que destacan que su uso es controvertido, pero que no cabe duda de su legalidad, más si se tiene en cuenta que las transferencias de financiación se han aprobado anualmente en las sucesivas leyes de Presupuestos.
En el caso de EPSA, el juez ha dictado una resolución en la que acepta la petición realizada por la acusación del PP. Las pesquisas pretenden averiguar si este dinero, sin fiscalización previa, se utilizó para subvenciones excepcionales
El juez también ha pedido a la Intervención General de la Junta para que remita los informes definitivos de EPSA desde 2003 hasta el último elaborado. Las otras ocho causas abiertas se refieren a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea), la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (Epgpc), la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Egmasa), la Empresa Pública de Deporte Andaluz (Epdasa), la Agencia de Obra Pública de Andalucía (Giasa), la Empresa Pública de Turismo Andaluz (Turasa) y la agencia pública empresarial Radio Televisión de Andalucía (RTVA).
Por otra parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se reunió ayer en Sevilla con la fiscal jefe, María José Segarra, y los fiscales Anticorrupción para conocer el estado actual de las diversas macrocausas, entre ellas el fraude de los ERE o las presuntas irregularidades cometidas en Invercaria.
Guerrero pide que Valderas declare en el caso de los ERE
El ex director general de Trabajo Javier Guerrero, principal imputado en el caso de los ERE, ha pedido a la juez Mercedes Alaya que tome declaración a Diego Valderas (IU), vicepresidente de la Junta, y a Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), presidente de la Diputación de Sevilla.
El objetivo, según informa Efe, es que ambos “acrediten la solvencia” de las ayudas, en las que participaron “muy activamente” y que fueron concedidas con cargo al fondo de los ERE. El abogado del ex alto cargo explica su solicitud porque a lo largo de la investigación judicial se viene cuestionando “ la carencia de publicidad, solicitud, ejecución y justificación” de las ayudas.
Guerrero, en el escrito, apunta que con cargo a la partida de los ERE fueron concedidas ayudas a la Diputación de Sevilla y a las empresas Autologística de Andalucía, Roda Textil y Centro Limpieza Industrial Huevar.
En dichas ayudas, según el abogado de Guerrero, “intervinieron muy activamente” tanto Rodríguez Villalobos como Valderas.
Por otra parte, ayer continuaron las declaraciones de otros tres intrusos (personas que perciben una prejubilación por una empresa en la que no trabajaron) ante la juez Mercedes Alaya.
La magistrada, en la lectura de la imputación a Juan José Viedma, ha asegurado que el conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas incluyó a varios intrusos relacionados con un amigo "personal" con el que "compartía jornadas de caza en el coto privado propiedad del inculpado".
