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OPINIÓN

Una cuestión humanitaria

El expresidente Camps describió al edil de Torrevieja como “un ejemplo a seguir” y la verdad es que no pocos de los de su cuerda asumieron el consejo

En pocas ocasiones como en estos tiempos de miseria ha estado tan devaluado el prestigio de los políticos. Sobre todo, el de los gobernantes de cualquier signo, reputados genéricamente de incompetentes y privilegiados, cuando no de ladrones apenas presuntos. Se arguye con fundamento que las ovejas negras que colorean al rebaño, aun siendo escandalosamente numerosas -como es el caso del País Valenciano-, no dejan de ser una minoría en el conjunto de la llamada clase política. Pero eso sí, una minoría activa e intrépida, como una mafia, tal como en ocasiones se desprende de su urdimbre, hazañas y ayudas mutuas. La justicia tiene por delante un buen tajo al que aplicarse.

La observación viene a cuento –como ya se habrá adivinado- de la iniciativa suscrita esta semana por cuarenta y tantos diputados populares de las Cortes Valencianas instando el indulto para su cofrade, el exalcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, condenado a tres años de prisión, siete de inhabilitación y 10.500 euros de multa por los delitos de prevaricación y falsedad documental cometidos a propósito de la adjudicación de la recogida de basuras, ese trámite que en algunos municipios de la Vega Baja ha doblegado y enlodado tantas voluntades edilicias. Al parecer, los aludidos firmantes que avalaron la petición por “una cuestión de humanidad” han reconsiderado su audacia y retirado el apoyo cuando han sido llamados al orden por el presidente del partido y de la Generalitat, lo que ha dejado bastante malparada su voluntad solidaria tanto como su gallardía. Gaznápiros que son.

Los tornadizos solidarios han aducido una cuestión de humanidad, decimos, como si intercedieran por un individuo cabal maltratado por la justicia cuando en realidad se trata de un pájaro de cuidado que, ciertamente, protagonizó la expansión fabulosa de su municipio, colonizado por capitales de dudosa legalidad, al tiempo que lo gobernó –amiguismo, arbitrariedad, clientelismo- con mano de hierro entre 1988 y 2011. La democracia le era una noción lejana y la política le sirvió a este mancebo de farmacia para acopiar un patrimonio millonario mediante operaciones inmobiliarias especulativas non sanctas al tiempo que se enredaba en pleitos varios decantados por su autocrático proceder. Con osadía e ignorancia alguien ha querido homologar su figura con la del creador de Benidorm, Pedro Zaragoza, que murió libre de cargos y tan modesto como empezó su gesta.

El expresidente Francisco Camps – dijo “el mort al degollat”- describió al edil de Torrevieja como “un ejemplo a seguir” y la verdad es que no pocos de los de su cuerda asumieron el consejo y siguieron el ejemplo. Tanto es así que si la justicia no se demora demasiado éste político ejemplar que glosamos no estará solo en el talego, pues es muy probable que pronto se reencuentre allí con no pocos de sus cofrades, víctimas asimismo de la prevaricación, esa epidemia penal que ha hecho estragos en el estamento político popular con mando en plaza y en los patrimonios públicos.

Y concluyamos con una pregunta que viene al caso: ¿cuándo, demonios, acabaremos con estos privilegios anacrónicos –todos lo son en tanto que privilegios- como el tan prodigado indulto injustificado o la declaración judicial por escrito de que gozan los políticos? Es dudoso que la derecha aborde esta cuestión, ocupada como está en blindarse mediante la reforma de la Ley de Seguridad Pública y, además, no es lo suyo. El reto queda ahí.