Interior y Xunta contratan a una empresa investigada por fraude

“Estimados monitores. Estamos haciendo gestiones para pedir un adelanto y poder asumir los gastos de las nóminas. No queremos dejar pasar más tiempo sin transmitiros esa problemática. Tan pronto se resuelva la operación, se pagarán. Queremos pedir disculpas por los retrasos”.

Lo anterior es parte del escueto correo electrónico enviado por el empresario coruñés Gerardo Crespo a unos 30 profesores que él mismo contrató hace apenas dos meses. Ese mismo empresario, famoso por ser un eficaz captador de fondos de administraciones públicas y estar bien relacionado con políticos, en especial del PP, tiene abierta una investigación en el juzgado de instrucción número 6 de A Coruña por posible fraude en cursos de formación. A su vez, la Consellería de Traballo puso en manos de la Fiscalía una serie de irregularidades en marzo de 2012 al comprobar que varias de sus empresas cobraron subvenciones por cursos que no se ejecutaban o cuyos alumnos aparecían por duplicado. Sin embargo, no ha sido imputado y las pesquisas están, según él mismo, “paradas”.

Pero todo lo anterior no fue un obstáculo para que el pasado 28 de junio el Ministerio del Interior adjudicase un nuevo contrato a una empresa y una fundación de Crespo, de nombres Gecreri y Fundefo , por un total de 224.700 euros, para impartir cursillos en cárceles de 13 comunidades autónomas. Por su parte, la Xunta, que en marzo de 2012 solicitó el reintegro de las ayudas concedidas en 2011 tras detectar las irregularidades, otorgó este año 114.000 euros a las empresas de Crespo, 48.000 por planes de empleo plurianuales que se comenzarán a abonar en diciembre y el resto adjudicaciones de cursos por concurrencia competitiva.

Tras estas adjudicaciones, a dos meses del inicio de los cursos Crespo no paga a sus empleados. La plantilla de monitores contratada para cumplir con la subvención del ministerio, que paradójicamente tiene el encargo de enseñar a los reclusos a desenvolverse en el mundo laboral, está atrapada: llevan casi dos meses sin ver un solo euro. Algunos ni siquiera han firmado su propio contrato: “No sabemos bajo qué condiciones laborales estamos. La explicación que nos dan es que se han perdido en correos”, denuncian. El pasado viernes Instituciones Penitenciarias comunicó a los docentes que los cursos contratados con la empresa no continuarán a partir de enero, aunque no explicó si la decisión parte de la renuncia de la propia empresa.

Crespo reconoce que no tiene dinero para abonar sus nóminas, porque los bancos le dan “la espalda”. Ha pedido créditos a cinco entidades y cuatro le han dicho que no. “Estamos preocupados, los bancos no colaboran”, se escuda. Explica que hasta diciembre sus empresas no ingresarán el primero de los tres pagos de la subvención ministerial, y será supuestamente en ese momento cuando tenga fondos para cumplir con la plantilla. “Nuestra situación de tesorería es muy mala”, repite. Aunque no se plantea una suspensión de pagos, desliza que, incluso en ese caso, los profesores cobrarían por ser acreedores privilegiados. Preguntado por cómo acreditó la solvencia económica necesaria para ganar los concursos si no puede hacer frente a las nóminas, el empresario mantiene que ha cumplido “todos los requisitos”. El Ministerio de Interior corrobora que cumplió con los pliegos y está al corriente de pagos en Hacienda y en la Seguridad Social. Aunque precisamente los monitores que trabajan con reclusos, para los que se solicitaba en la oferta de trabajo un nivel de diplomado o licenciado, fueron dados de alta por las empresas de Crespo en una categoría profesional de peón. Solo tras amenazar con una demanda por publicidad engañosa, las firmas coruñesas reconocieron que se trató de “un error” y lo subsanaron.

Lo diabólico del caso es que los profesores no pueden abandonar su puesto porque estarían renunciando a la prestación del paro y a cobrar lo que les adeuda, pero a la vez necesitan hacer largos desplazamientos para acudir a las cárceles, algo que se pagan de su propio bolsillo. Ya se ha producido la primera renuncia de una docente que no podía trabajar sin cobrar y que impartía clases en las cárceles de Herrera de La Mancha y Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

El pliego de condiciones del contrato que firmó Interior obligaba a las empresas adjudicatarias a demostrar “solvencia económica y financiera” suficiente para impartir los cursos, algo que manifiestamente se ha incumplido. Aunque no sobre el papel. Interior se escuda en que el procedimiento fue correcto y que la empresa ganó el concurso porque presentó la oferta más favorable. En Instituciones Penitenciarias, la secretaría que diseñó los pliegos, dice a los docentes que pagarán el contrato mientras “el curso se dé con normalidad”, y sigan en sus puestos de trabajo. Por su parte, Traballo alega que mientras no se sustancie el procedimiento judicial contra Crespo podrá seguir concediéndole ayudas si sus empresas cumplen los requisitos legales.